Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigado por transportar 106 conejos hacinados en cajas, varios muertos por asfixia

Al no poder certificar su procedencia y por el riesgo de transmisión de enfermedades, se ordenó el sacrificio de los animales

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Guardia Civil investiga a una persona después de que fuera interceptada en la autovía A-23 cuando transportaba 106 conejos vivos en condiciones extremas de hacinamiento y sin ventilación, lo que provocó la muerte por asfixia de varios de los animales.

Los hechos, que se investigan como un delito contra la fauna y otro de maltrato animal, ocurrieron el pasado mes de noviembre en el término municipal de Mora de Rubielos (Teruel), durante un control de seguridad ciudadana, si bien se han hecho públicos ahora.

La intervención se produjo cuando una patrulla de la Guardia Civil de Mora de Rubielos detuvo un vehículo que levantó sospechas durante su circulación, ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Al inspeccionar el interior, los agentes comprobaron que el turismo iba cargado con numerosas cajas de madera y plástico que contenían los conejos, que se encontraban amontonados, sin las mínimas condiciones de ventilación ni bienestar animal.

Algunos de ellos presentaban claros signos de asfixia, que acabaron con su muerte, ha subrayado la Guardia Civil.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que se hizo cargo de las actuaciones.

El conductor no pudo aportar ningún tipo de documentación que acreditara la procedencia, el destino ni la legalidad del transporte de los animales, lo que motivó su inmediata intervención.

Los conejos fueron trasladados a dependencias municipales, donde quedaron bajo custodia, y tras su evaluación, el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón determinó que los animales no podían ser liberados al medio natural.

La falta de información sobre su origen y las deficientes condiciones higiénico-sanitarias en las que habían sido transportados suponían un riesgo para la fauna silvestre, ante la posible transmisión de enfermedades, por lo que se ordenó su sacrificio.

El SEPRONA instruyó las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, encargado ahora de continuar con la investigación judicial y depurar las posibles responsabilidades penales del investigado.

Tracking Pixel Contents