Aragón, la trastienda de las tramas que investiga la UCO: de las mascarillas a las renovables

Aragón no es un territorio periférico en las tramas de corrupción vinculadas a exdirigentes del PSOE y empresarios que viene investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde el origen del caso Koldo, con la compra de mascarillas a una empresa domiciliada en Zaragoza, hasta a los audios intervenidos o los recientes registros a empresas con sede en esta ciudad. La comunidad aparece como uno de los hilos que conectan adjudicaciones públicas, intermediarios y relaciones empresariales y políticas que hoy se examinan en los tribunales.

Lo que comenzó como una investigación por la compra urgente de material sanitario durante la pandemia ha ido desplegando, con el paso de los meses, un mapa de conexiones del que emanan graves acusaciones que implican a José Luis Ábalos, exministro de_Transportes y exsecretario de Organización de los socialistas; su exasesor, Koldo García; quien fuera su sucesor en el partido, Santos Cerdán; o Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, entre otros.

En ese entramado de intereses, Aragón ocupa un lugar discreto pero persistente, con empresas, proyectos y nombres que forman parte del perímetro judicial. Cuando la UCO empezó a tirar del hilo del caso Koldo, pocos imaginaban que este tierra acabaría apareciendo de forma recurrente en informes, grabaciones y proyectos empresariales que hoy están bajo la lupa de la Justicia.

El origen: mascarillas, Zaragoza y un informe fiscal clave

El punto de partida se sitúa en 2020, con los millonarios contratos de emergencia para la compra de mascarillas que el Estado adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con domicilio social en Zaragoza y sin experiencia en el sector sanitario ni una estructura conocida. Aquella anomalía fue una de las primeras alertas que llegaron a la Agencia Tributaria.

El punto de partida de los escándalos que rodean al PSOE es el informe que hizo un inspector fiscal en Zaragoza

Ahí aparece una figura clave: el inspector de Hacienda Raúl Burillo, destinado en Zaragoza, cuyo informe fiscal permitió seguir el rastro del dinero, detectar incoherencias contables y vincular sociedades aparentemente independientes con una misma operativa. Ese trabajo técnico fue determinante para que la Fiscalía Anticorrupción judicializara el caso y la investigación pasara a la Audiencia Nacional.

Los audios: 'los Alfonsos' y la Mina Muga

A medida que la UCO analiza miles de grabaciones intervenidas a Koldo, el foco vuelve a ponerse en Aragón. En esos audios –parcialmente transcritos y difundidos por distintos medios– se mencionan empresarios, proyectos y dirigentes socialistas con vínculos aragoneses. En concreto, se alude a Alfonso Gómez Gámez, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y exdirector general de Energía y Minas en el Gobierno autonómico, y a Alfonso Martínez, miembro del comité regional del PSOE, lo que obligó al partido a abrir expedientes que finalmente quedaron archivados al concluir que no existía vinculación con la trama corrupta.

Con el tiempo, las zonas de sombra se han extendido a obras, energías renovables y proyectos industriales, entre ellos, la Mina Muga, un explotación de potasa que se quiere poner en marcha entre Navarra y las Cinco Villas zaragozanas. Aparece mencionada en documentación intervenida y en esquemas internos de la trama como uno de los proyectos en los que confluyen intereses empresariales y contactos políticos. No se investiga la iniciativa en sí, sino las mediaciones que rodean su desarrollo, un patrón que se repite en otros ámbitos.

Las derivadas aragonesas se han consolidado con los registros practicados por la Guardia Civil en Zaragoza en las fases más recientes de la investigación, vinculadas a figuras como Leire Díez, el empresario Antxón Alonso y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, el brazo inversor del Estado.

Las renovables, bajo sospecha

Entre las empresas citadas en las diligencias judiciales figura Forestalia, uno de los principales actores del las energías renovables en la comunidad autónoma. Aparece por una las operativas que está examinando la Audiencia Nacional, en su caso por recibir de la SEPI un préstamo público de 17,32 millones de euros a través de su filial Arapellet.

No obstante, las investigaciones no recogen de momento acusaciones formales contra la empresa que lidera Fernando Samper, cuya sede de Zaragoza fue registrada el pasado 5 de diciembre. Pero la cosa no queda ahí. La Guardia Civil también investiga además presuntas irregularidades en la tramitación de sus proyectos eólicos en el Ministerio de Transición Ecológica.

Otra empresa zaragozana e inversiones en Jaca

En la causa también aparece la firma Mediaciones Martínez, una sociedad domiciliada en Zaragoza que la UCO cree que era la encargada de «canalizar» las supuestas mordidas que los acusados habrían logrado por su participación en diferentes operaciones de tipo industrial.

La empresa aparece vinculada al asesor fiscal zaragozano Carmelo Aznárez y, según las pesquisas de la Guardia Civil, la mayor parte de los fondos que movió fueron para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. La presencia de la localidad oscense añade otra pica aragonesa a la extensión de la trama corrupta que se investiga.

A estas ramificaciones se suma otro capítulo con epicentro en Zaragoza. Se trata de una presunta mordida vinculada a las obras de demolición de la antigua Universidad Laboral en Zaragoza, donde se ha levantado un macrocentro logístico de Inditex. La Guardia Civil investiga posibles comisiones ilegales en esa adjudicación por parte Acciona, en el ojo de del huracán del caso Koldo. Al margen de ello, la Cámara de Cuentas de Aragón ha puesto el foco en este proyecto y está fiscalizando la venta directa de suelo que se hizo.

A la espera de que los tribunales delimiten responsabilidades, lo que ya resulta evidente es que el caso no se explica sin Aragón.

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