Derecho a la eutanasia en Aragón: ocho personas recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024

El derecho a la eutanasia está en vigor desde junio de 2021, pero todavía presenta algunas trabas burocráticas para su prestación efectiva. De hecho, el pasado 2024 en Aragón uno de cada tres solicitantes falleció antes de completar los trámites legales. Según el informe anual publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, ocho aragoneses pudieron llevar a cabo su voluntad. En total, en toda España se finalizaron 929 procesos.

Los datos del informe señalan que la comunidad autónoma gestionó un total de 22 procesos de los que finalmente se llevaron estas ocho prestaciones de ayuda para morir. Esto supone un 36,36% del total de solicitudes finalizadas en la comunidad. El perfil del solicitante, según los datos estatales, indica que mayoría de los procesos finalizados (75,8%) correspondieron a pacientes mayores de 60 años y que el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,7%).

A la hora de analizar los expedientes desde los servicios sanitarios aragoneses se denegaron cinco solicitudes, lo que representa el 22,7% de sus procesos. Además, durante el 24 hubo dos casos en los que la persona solicitante decidió no seguir adelante (algo que supone el 9%). Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,5%) y la oncológica (29,7%), sumando conjuntamente el 62,2% de los casos.

La aplicación de esta ley de eutanasia, según las entidades sociales, está todavía demasiado ligada al proceso burocrático. De hecho, en Aragón siete personas fallecieron antes de concluir el procedimiento legal (31,8%). Entre la primera solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE) lo más habitual es que pasen 32,5 días, siendo la mediana entre la resolución favorable y la prestación efectiva de 18,5 días. Sin embargo los plazos se extienden mucho más entre la primera solicitud y la prestación definitiva del derecho, fijado el pasado año en 48,5 días.

El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la CGyE en el resto de España fue de 52,9 días. Esto contrasta con el plazo máximo establecido por la ley, que es de alrededor de 30-40 días naturales. El plazo medio total transcurrido desde la primera solicitud hasta la realización de la prestación (incluidos aplazamientos) fue de 82,6 días, con una mediana de 62 días. En 2024, en 117 casos (12,5%) el médico responsable del caso estimó oportuno reducir el plazo entre la primera y la segunda solicitud, debido al riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante.

En Aragón, de las ocho prestaciones realizadas, seis fueron en centros hospitalarios (75%), una en un centro sociosanitario (12,5%) y otra en el propio domicilio del paciente (12,5%).

Las cifras sobre la eutanasia en la comunidad fueron este 2024 similares a las de años anteriores, con 26 expedientes iniciados en el año 2022 y 22 en los siguientes. Los expedientes finalizados con una aplicación efectiva también se mantienen estables, sumando un total de 24 interrupciones voluntarias de la vida para los pacientes desde que la norma está en vigor.

Por otro lado, Sanidad concluye que la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir se ha consolidado. En 2024, un total de 63 personas (14,7% de las prestaciones) se acogieron a esta medida solidaria, aunque el informe no aporta datos diferenciados por comunidades autónomas. Según detallan, desde la entrada en vigor de la legislación que permite la interrupción voluntaria de la vida hasta el último registro un total de 156 solicitantes han donado sus órganos, lo que ha permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 personas.

"La tardanza y la desesperación pueden llevar al suicidio"

A pesar de las mejoras, los números y la burocracia están provocando sufrimiento en muchas familias. Así lo asegura la presidenta en Aragón de la asociación Morir Dignamente, Consuelo Miqueo. "La tardanza y la desesperación pueden llevar al suicidio", afirma.

La entidad lamenta igualmente que los médicos que se declaran objetores sean en ocasiones responsables de escribir informes para la comisión de garantías que al rechazar la eutanasia en una primera valoración están retrasando un proceso ya de por sí complicado para las familias. Por otro lado, celebra que el procedimiento ha avanzado y esas valoraciones ya no vuelven a pasar por los mismos responsables sanitarios.

La entidad celebra, por otro lado, que las valoraciones han mejorado en su forma de modo que no es necesario un abogado para entender su contenido. De cara al futuro reclaman "más concienciación" por parte de la ciudadanía y piden "más implicación" por parte del Gobierno de Aragón para explicar la necesidad de estos procesos en el fin de la vida.

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