Asociaciones ecologistas y vecinales alegan contra los centros de datos en Aragón por su impacto ambiental y energético

Diversas asociaciones ecologistas, vecinales y de defensa del territorio y del patrimonio ha presentado alegaciones contra la tramitación ambiental y el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la denominada “Región Microsoft”, que prevé la implantación de tres nuevos centros de datos en Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, por el fuerte impacto ambiental, energético y territorial, sin un retorno económico real para la comunidad.

Entre las organizaciones firmantes figuran Ecologistas en Acción, ANSAR, Apudepa, la Asociación Vecinal Montes de Torrero-Venecia, Tu Nube Seca Mi Río, la Plataforma en Defensa Estepa Huerva y Sermo o la Asociación Ciudadana de Muel, entre otras, con el respaldo de colectivos como la Federación de Barrios de Zaragoza, Ingenieros Sin Fronteras o la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón.

Las alegaciones alertan del elevado consumo eléctrico del proyecto, con una potencia concedida de 1.846 megavatios y un consumo anunciado de hasta 16.170 gigavatios hora, una cifra que, según los colectivos, superaría el consumo total de Aragón en 2024.

También advierten de que este consumo implicará una mayor presión sobre una red eléctrica ya saturada, un encarecimiento de la factura de la luz y un aumento de la implantación de energías renovables con afecciones territoriales no evaluadas de forma conjunta.

En el caso del centro de datos previsto en Zaragoza, las entidades denuncian su ubicación junto a los Pinares de Venecia y en el entorno del Barranco de la Muerte, con una tala prevista de unos 1.000 pinos y posibles impactos sobre la fauna y el microclima del pinar.

Además, cuestionan el balance empleo-energía del proyecto y señalan que otras comunidades autónomas generan más empleo asociado a la nube de Microsoft sin albergar centros de datos.

Los colectivos critican también la declaración del proyecto como PIGA, que conlleva exenciones fiscales, agilización de trámites y la posibilidad de expropiar terrenos privados, y consideran que se trata de un trato de favor sin justificación en el interés general.

A su juicio, la aprobación acelerada de este y otros proyectos similares dificulta el control social y compromete los recursos energéticos de Aragón a largo plazo.