El campus de datos de Samca dejará 380 millones en las arcas de Aragón en 10 años
El PIGA prevé una recaudación «sostenida» para las arcas públicas procedentes de impuestos como el de Sociedades, el IVA y, sobre todo, el IRPF por las contrataciones necesarias para la construcción y explotación
74Samca presentó su inversión para construir un campus de datos en Aragón en abril de 2025 en el Pignatelli. / Miguel Ángel Gracia
El Plan de Interés General de Aragón (PIGA) presentado por Samca para la implantación de su campus de datos en Pedrola, con intervención en un área de más de 400 hectáreas que tendrá repercusión económica y social en las comarcas de la Ribera Alta del Ebro y Valdejalón, apunta con más exactitud cómo afectará a las arcas autonómicas a través de una recaudación «sostenida» que reportará 380 millones de euros en un plazo de diez años.
El análisis que realiza la empresa con esta operación apunta al cálculo que se basa en los ingresos vía impuestos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. Además lo desglosa por la recaudación que se obtendrá en una fase de construcción que comenzará en 2026 y prevé culminar en 2030, y la posterior explotación de sus instalaciones, que se ubicarán fundamentalmente en Pedrola, localidad que obtendrá la mayor parte de los ingresos que también obtendrán los ayuntamientos a través de tributos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y que, tal y como avanzó este diario, rondará el millón de euros anuales.
La repercusión en la recaudación de la DGA con esta operación apunta a que «considerando los 10 primeros años de operación del PIGA Green IT Aragón (así se ha bautizado al proyecto que promueve Samca) una vez se hayan puesto en servicio el campus de datos el impacto fiscal total de la fase de operación ascenderá a más de 294 millones de euros». Por tanto, otros más de 80 millones de euros corresponderían a la fase de construcción, principalmente por el pago del IRPF de las contrataciones que harán falta para levantar sus centros y las infraestructuras asociadas a ellos. «En el caso del campus de datos, estos ingresos por IRPF ascienden a un total de 14,45 millones de euros por año», añade el documento oficial que ya se ha sometido a información pública. «El desarrollo y puesta en marcha del PIGA Green IT Aragón generará un impacto fiscal muy relevante en el ámbito autonómico, derivado tanto de la construcción de las infraestructuras como de la explotación posterior del Campus de Datos.
En primer lugar, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) supondrá un aumento sustancial de la recaudación autonómica como consecuencia de la creación de empleo directo e indirecto», explica el PIGA, que añade que «la fase de construcción movilizará un importante volumen de trabajadores en actividades de obra civil, montaje de infraestructuras energéticas y servicios auxiliares, mientras que la fase de explotación incorporará un número significativo de empleos altamente cualificados en ámbitos como la gestión de data centers, ciberseguridad, mantenimiento técnico especializado y administración». «El efecto multiplicador sobre la renta disponible se reflejará de manera directa en la recaudación del IRPF en Aragón», resume el PIGA de Samca.
Otra de las figuras impositivas que generará ingresos para las arcas autonómicas es el Impuesto sobre Sociedades, que derivará en una inyección de dinero «adicional para la Hacienda autonómica a través de la participación que corresponde a la comunidad autónoma en su recaudación». «El volumen de facturación previsto para la explotación del Campus de Datos, sumado a la operación de los parques renovables y de las instalaciones híbridas, asegura beneficios empresariales significativos que se traducirán en una mayor aportación tributaria», asegura la empresa.
Más de 1.800 empleos solo en la fase de construcción
Uno de los pilares fundamentales para la declaración de interés autonómico del campus de datos de Samca es la creación de empleo. Su PIGA constata algunas de las grandes cifras ya anunciadas, como los puestos de trabajo que generarían las obras de construcción que, incluyendo también las de urbanización, se estima en 800 empleos directos y entre 560 y 1.050 indirectos. Y para la fase de operación y mantenimiento del campus de datos se calcula una creación de empleo directo de 150 puestos de trabajo y de entre 90 y 150 indirectos. Su apuesta es la de generar empleo «duradero» y de «alta cualificación y tecnológico», que ayudaría a la atracción de trabajadores lejos de Zaragoza y también su asentamiento en municipios y comarcas en los que su puesta en marcha tendrá repercusión. «Se trata de instalaciones pioneras en España y en Europa con un alto auge de demanda y que permitirán que en Aragón existan empleos de alta cualificación», asegura el documento, que prevé ese impacto «durante toda la vida útil de las instalaciones objeto del PIGA Green IT Aragón». Una apuesta que, añade, «también contribuye al desarrollo económico y social de la región», proporcionando a sus empleados «seguridad y continuidad profesional» que se traduce «en ingresos regulares y predecibles» para planificar su futuro con confianza.
Solo con este impuesto, el PIGA asegura que el data center ‘Ribera Alta del Ebro’ reportará 7.068.965,51 euros, el de ‘Atalaya del Ebro’ ascendería a 10.775.862,06 euros, que se sumarían a los 2,43 millones que se ingresarían con el IRPF, y en el tercero, el ‘Ribera Alta del Ebro II’, el impuesto de sociedades conseguiría otros 8.017.241,38 euros anuales a las arcas del Gobierno de Aragón.
Por último, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) constituye otra fuente de ingresos destacada para Aragón, «tanto en su fase de construcción —por el elevado volumen de adquisiciones de bienes, equipos tecnológicos y servicios— como en la fase de explotación, donde se incrementará el consumo de servicios vinculados a la actividad digital y energética». Así, la DGA obtendría ingresos con este impuesto, asegura, «a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto».
«Estos recursos adicionales permitirán a la Administración autonómica disponer de mayores márgenes para financiar políticas públicas, impulsar la digitalización, apoyar la transición energética y reforzar los servicios de interés general en la comunidad», expone el PIGA.
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