Los ciberataques a las empresas aragonesas, una constante al alza: "Cada una invierte en seguridad lo que quiere y puede"

Las empresas españolas y, por ende, las aragonesas, están cada vez más expuestas a los peligros de la red. Los cibercriminales cada vez son más y mejor organizados y tienen nuevos métodos, algunos con IA, para perfeccionar sus ataques. En ese sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó más de 97.000 incidentes en 2024, un 67,6% perpretados contra particulares y un 32,4% contra empresas, la mayoría de ellas pymes. En el caso de Aragón, las últimas cifras hablan de que el 15,7% de las compañías de la comunidad han sufrido algún tipo de ciberataque, números muy similares a los de la media nacional.

Los grupos especializados en Ransomware as a Service (secuestro de información) son los que más repuntan. Uno de los últimos casos, desvelado por este diario, se ha producido en el centro médico privado Palafox de Zaragoza. En él, la organización Dragonforce, una de las más peligrosas en este campo ha sustraído y publicado en la dark web 98 gigabytes (GB) de información sensible tanto de la empresa como de los pacientes. En datos generales, en el recién finalizado 2025 los ataques de ransomware han aumentado un 116%. Solo en el primer trimestre, la media en España fue de 1.911 ataques semanales, un 66% más que en 2024.

La técnica habitual de este tipo de cibercriminales es la de robar la información y después extorsionar y chantajear a sus víctimas, a las que les suelen exigir una cantidad económica a cambio de no publicitar los datos sustraídos. El coste medio para las pymes suele oscilar, según las aseguradoras, entre los 75.000 y los 80.000 euros de media, aunque en siete de cada diez casos no llegan a conocer con precisión el valor real. De hecho, según el Inese (Instituto Nacional de Estadística sobre Seguros) el 60% de las pymes no sobrevive a un ataque grave, y una de cada dos los sufre cada año. En el caso de las grandes empresas, el coste puede ser millonario.

Algunos expertos consultados por este diario señalan que no existen datos oficiales recientes en el sector privado de Aragón, aunque los últimos estudios de 2022 sí anticipan que los ciberataques al sector servicios duplican a los de la industria o la construcción. "Pese a esto, creo que con el auge de la IA los ataques van a tender más al sector secundario", analiza Rubén Vasile, director de comunicación de la asociación Aragón Privacidad.

Es por ello que desde el sector insisten en la necesidad de la prevención, pese a que no existe el riesgo cero. "Cada vez, el gasto es más obligatorio porque así lo exigen las últimas normativas. Aunque cada una invierte lo que quiere y puede", añade Vasile, que detalla que, normalmente, las empresas destinan entre el 1% y el 4% de su facturación a la ciberseguridad. Aunque desde la asociación apostillan que, según un informe de la Universidad de Zaragoza con datos de 2024, "nueve de cada diez equipos de ciberseguridad en Aragón tenían solo entre una y tres personas contratadas".

Cifras "alarmantes"

Otro caso es el de la Administración. En 2024, por ejemplo, la DGA sufrió un promedio 210 ciberataques diarios. Según la Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), en ese año se detectaron 18.550 alertas críticas y 716 de ellas fueron reportadas al Centro Criptológico Nacional.

En España, el despacho jurídico especializado en ciberestafas, ArdiCiber, alerta de unas cifras "alarmantes". Entre 2014 y 2024, estas aumentaron un 488%, de casi 33.000 ciberdelitos a más de 412.000. Y en 2025 el país fue el segundo más atacado del mundo, con 213 ataques verificados solo en el primer trimestre, un 4,5% del total global. Además, lamentan que solo se denuncian una de cada cinco ciberestafas, algo preocupante teniendo en cuenta que el 18% de todos los delitos penales en España son ciberdelitos.

Y, en el caso del impacto en los ciudadanos, los datos tampoco son mejores. Así, tres de cada cuatro españoles han sufrido intentos de estafa digital en el último año, con una pérdida media por víctima superior a los 1.000 euros. Los mayores de 60 años, por lo general, son los más castigados.

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