Teruel Existe cuestiona la comisión de investigación de las renovables en Aragón: "Nació muerta"

Manolo Gimeno y Jesús Villamón, representantes del Movimiento ciudadano Teruel Existe. / TERUEL EXISTE

El Movimiento ciudadano Teruel Existe considera que la comisión de investigación de las energías renovables en las Cortes de Aragón fue fruto de "la estrategia" del Partido Popular en la campaña electoral para "cuestionar" la política seguida por el gobierno de Javier Lambán y propiciar así "su desgaste", "fingiendo una voluntad de cambio incluso bajo la amenaza de denuncia en el juzgado". Fue a su juicio "un complot PP-PSOE-PAR a puerta cerrada y destinado a fracasar".
En una rueda de prensa ofrecida por Manolo Gimeno y Jesús Villamón, criticaron cómo "el PP ha continuado e incluso acelerado la implantación de macrorenovables, y asumiendo sin el más mínimo cuestionamiento los planteamientos de no ordenación de Forestalia y las eléctricas, que han secuestrado las políticas públicas de Aragón, a lo que el PP se ha prestado".
Desde Teruel Existe mostraron su convencimiento de que existe un acuerdo entre el PP y PSOE en torno a las grandes producciones de renovables, que ya materializó en la ley de la Energía, "impidiendo que se desarrollara la comisión como debía, al contrario, se hizo sin transparencia y sin capacidad de fiscalizar la acción del gobierno por parte de los grupos parlamentarios críticos con el modelo actual", consideró Gimeno.
Aseguraron que "el procedimiento de la comisión de investigación fue diseñado para su fracaso y que pareciera que no se había encontrado ningún indicio de actividad sospechosa por parte del Gobierno de Aragón. Cuando varios testimonios dejaban claro el trato de favor a ciertas empresas, las más que dudosas evaluaciones ambientales del Inaga o la inexistente política de protección del paisaje o urbanística en esta materia".
Argumentaron su crítica en los factores institucionales y políticos que la condicionaron. Entre los primeros se encontraría que las conclusiones debían salir por unanimidad, "por ello las que salieron aprobadas fueron extremadamente genéricas y se vetó cualquier posibilidad de cuestiones más reales y críticas", expuso Villamón.
Además, a la hora de solicitar los comparecientes, se hizo en función del tamaño del grupo y se fijó por la mayoría un número máximo escaso de sesiones que no se podía superar.
En cuanto al formato de las sesiones, "cuando se producía una comparecencia, el ponente exponía su visión y desde los grupos parlamentarios solo se podía intervenir una vez sin posibilidad de repreguntar y dejando la última palabra al compareciente, además el tiempo de intervención se limitó a entre 3 y 5 minutos", recordó Gimeno.
Denuncian el "boicot activo" de casi todos los grupos
El representante de Teruel Existe habló también de factores políticos, de lo que considera un "boicot activo", porque a su juicio "desde los grandes partidos se diseñó el funcionamiento de la comisión para que naciera muerta y no pudiera prosperar en sus intenciones".
Gimeno acusó también al diputado del PAR, Alberto Izquierdo, de ser "usado", con el el beneplácito del PP y PSOE, como "elemento disruptivo", con "intervenciones vehementes y con frecuencia faltando al respeto de los comparecientes, con constantes desprecios a la comisión".
Para Teruel Existe, esta situación "junto a la pasividad de CHA, que buscaba pasar página lo antes posible, dejaba únicamente a dos grupos con voluntad de llegar al fondo, Teruel Existe e IU, dado que Vox se mostró crítico solo en algunos momentos, pero a la hora de la verdad, aún gobernaba en coalición con el PP y no se atrevía a ir más allá".
Los representantes del Movimiento ciudadano Teruel Existe criticaron también la "opacidad" de la comisión, puesto que se acordó no transmitir las sesiones en streaming, y que las imágenes no se encuentren disponibles para el público. "La primera sesión ni siquiera se permitió seguir a los periodistas, generando un pequeño escándalo en las Cortes", apuntó Gimeno.
Por último, incidieron en que algunas de las personas clave que debían declarar lo hicieron por escrito, alegando motivos de salud, por lo que fue del todo imposible la confrontación de hechos y las repreguntas.
Así, mencionaron al exvicepresidente Arturo Aliaga, durante el último Gobierno de Javier Lambán, y a Jesús Lobera, director del Inaga en el periodo a investigar. "Dos personas más que relevantes para el caso", concluyeron.
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