La mitad de los profesores aragoneses ha estado de baja por problemas de salud mental: “Cada vez es más difícil encontrar docentes porque no es una profesión atractiva”

El 44 por ciento de los profesores aragoneses ha estado de baja por motivos psicosociales en los últimos cinco años. Los datos que maneja UGT, hechos públicos este martes, demuestran que la fatiga mental es un factor de riesgo permanente en la docencia en la comunidad. La profesión está expuesta a elevados niveles de estrés y desgaste emocional. La carga de trabajo, la falta de apoyo y la satisfacción laboral tienen un impacto significativo en el desarrollo del síndrome del 'burnout' en cualquier etapa educativa.

“El día a día del profesorado está marcado por complejas relaciones interpersonales con el alumnado y, de manera creciente, con las familias”, explica Medea Gracia, secretaria del sector de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos con motivo de la presentación del informe “La salud mental del profesorado aragonés: una emergencia silenciosa”.

La suma de factores provoca patologías que han experimentado un peligroso aumento y que derivan en estrés laboral crónico, agotamiento físico y emocional, ansiedad, depresión y episodios de acoso. Esta situación deriva en una insatisfacción generalizada en el trabajo y tiene un impacto directo en la calidad de la educación. “Cuando un docente sufre, su capacidad para fomentar un ambiente de aprendizaje se ve mermada”, apunta Gracia, quien va más allá: “Cada vez es más difícil encontrar profesores. No es una profesión atractiva”.

La salud mental del profesorado se ha convertido en uno de los principales retos del sistema educativo. “Es un colectivo especialmente vulnerable a los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo, las relaciones interpersonales y la creciente complejidad de las aulas”, destaca Gracia, quien añade que el profesorado se enfrenta a diario a situaciones de tensión emocional, conflictos, agresiones verbales o físicas, falta de reconocimiento y sobrecarga burocrática.

Ausencia de protocolos de riesgos laborales

El informe presentado incide en la falta de un protocolo efectivo que acompañe a los centros educativos. “El 69 % del profesorado trabaja en centros donde aseguran no contar con un protocolo de acoso laboral efectivo, lo que deja al docente en una clara situación de indefensión”, opina la secretaria del sector de la Enseñanza de UGT.

Los profesores se encuentran con problemas a diario. Es el caso del jefe de estudios de un centro educativo con cerca de 1.000 alumnos, desde Infantil hasta Secundaria: “En mi centro, como en todos, existe un protocolo de violencia laboral y acoso. Es un protocolo de la Administración Pública, en el que participan los sindicatos, pero no es específico del ámbito educativo. Cuando se activa, lo pone en marcha el profesorado implicado y posteriormente se informa al centro. En ese proceso interviene una comisión externa al propio centro, que es la que lo instruye y lo desarrolla”, explica este profesor con años de experiencia.

El problema es que en los centros educativos se dan situaciones de conflicto y tensión laboral, entre profesorado y alumnado y también entre docentes, derivadas de la presión constante a la que están sometidos. “No todas esas situaciones son acoso laboral, pero como la única herramienta existente es ese protocolo, se acaba recurriendo a él, lo que en muchos casos genera más malestar que soluciones”, añade.

Las herramientas para mejorar la salud mental del profesorado son, en su opinión, claramente insuficientes. Una de las principales reivindicaciones es la reducción de la carga burocrática. Tomar decisiones implica rellenar una enorme cantidad de documentos que, aunque en origen puedan estar pensados para mejorar el sistema, acaban ralentizando los procesos y aumentan el estrés: “Para desburocratizar harían falta técnicos de apoyo formados. Cuando abrimos un protocolo de acoso escolar o de violencia sexual, nos enfrentamos a situaciones extremadamente complejas y dolorosas. Muchos docentes no cuentan con las herramientas necesarias para gestionarlas y se sienten desbordados. Existe el protocolo, pero muchas veces no se sabe bien cómo aplicarlo ni quién debe hacerlo”, aporta.

Además, en su opinión, no hay estructuras de apoyo reales. No hay profesionales de referencia ni teléfonos eficaces a los que acudir. “Se llama a los servicios provinciales y, en muchas ocasiones, nadie responde. El año pasado, por ejemplo, un profesor sufrió un accidente laboral grave en el instituto y tuve que llamar para saber qué pasos dar. Nadie supo orientarme. Llegué a llamar a la directora provincial de Educación y a su secretaría, pidiendo literalmente que me devolvieran la llamada porque no sabía cómo actuar, con el riesgo de perjudicar al propio profesor si cometía algún error”.

“Los equipos directivos sentimos que no hay nadie al frente. Está la consejera de Educación y luego estamos nosotros, sin intermediarios. Al final sobrevivimos tomando decisiones constantemente, asumiendo una gran responsabilidad dentro de una administración pública, con el miedo a equivocarnos”, argumenta.

La sensación al entrar cada día al centro es de incertidumbre: “A ver qué me encuentro hoy”, dice. No solo por la relación con la Administración, sino por los casos de conflicto que pueden surgir: “No tanto por un ambiente hostil del alumnado, sino porque cada vez atendemos a un alumnado más vulnerable y con mayores necesidades de apoyo. Esto es, en realidad, un éxito del sistema educativo, que ha logrado incluir a alumnado que antes quedaba fuera. El problema es que no se han puesto los recursos necesarios para acompañar a ese alumnado”.

El sistema ha evolucionado para ser más inclusivo, pero no ha dotado de herramientas ni recursos suficientes al profesorado ni a los equipos directivos. “No percibimos voluntad real de cambio, ni tampoco escucha. No nos sentimos escuchados. Y, por supuesto, faltan recursos económicos. Seguimos trabajando con normativas de hace 20 años, de una época en la que no existían redes sociales ni la realidad digital actual. La estructura organizativa de los centros se diseñó hace unos 15 años y no ha evolucionado al ritmo de la sociedad”, termina.

Educación trata de poner soluciones

El Departamento de Educación entiende que las aulas son cada vez más complejas, que han cambiado y que se produce mayor conflictividad y mayores problemas de convivencia, lo que repercute en el bienestar del profesorado. “La creciente preocupación sobre la situación del profesorado es común en toda España y Aragón no es ajena. Por eso, se acaba de poner en marcha, a finales de año, un nuevo recurso pionero e innovador para cuidar de los docentes y mejorar su bienestar emocional y profesional y el reconocimiento social”, destacan fuentes del Departamento de Educación.

Se trata de la Unidad de Apoyo Docente, un servicio de apoyo integral al profesorado: “Ofrece respaldo emocional y orientación psicológica, orientación legal cuando la situación lo requiera y ayudará a la concienciación social tan necesaria como urgente. En este tiempo, se han recibido ya medio centenar de consultas”, terminan las mismas fuentes.