Menos plazas y menos ayuda: los datos que muestran cómo Aragón cuida a sus mayores

Años después de la pandemia, Aragón sigue sin recuperar plazas residenciales para mayores. Es uno de los problemas a los que se enfrentan las personas de edad más avanzada, aunque probablemente no el más significativo. Las ayudas económicas para los cuidados familiares y la prestación vinculada al servicio asistencial son de las más bajas en comparación con el resto de España.

“Las prestaciones económicas para cuidados familiares o vinculadas al servicio residencial se sitúan entre las más bajas del país y no permiten a las familias resolver la atención diaria”, explica Gustavo García, responsable en Aragón de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Además, la comunidad es la que menos horas de ayuda a domicilio concede de media en toda España. “Un gran dependiente recibe alrededor de hora y media diaria, una cantidad claramente insuficiente para cubrir cuidados continuados”, añade. Mientras un aragonés con dependencia moderada recibe 10,6 horas al mes, la media nacional alcanza las 19,6 horas. Incluso los grandes dependientes, que reciben más horas, se quedan por debajo de la media: 47,3 frente a 64,5 horas mensuales.

Esta delicada situación se refleja también en las prestaciones económicas. Las familias que cuidan a personas dependientes perciben menos dinero que en el resto del país: 134 euros al mes para dependientes moderados frente a 172 euros de media, y 236 euros para los severos frente a 278 euros en España. La ayuda vinculada a los servicios residenciales es aún más desigual: los aragoneses con dependencia moderada reciben apenas 206 euros al mes, la mitad que la media nacional, situada en 409 euros.

Estos datos se extraen del último 'Informe Mayores', publicado recientemente por el Imserso con datos oficiales. En él se analizan las residencias en toda España y se aborda la desinstitucionalización, una estrategia que busca que las personas puedan permanecer en su hogar en lugar de ingresar en residencias y que, en Aragón, sigue siendo más un discurso que una realidad, sobre todo para los dependientes moderados y severos.

“Las estrategias de desinstitucionalización, como alternativa a las residencias, son simple retórica en Aragón, a la vista del escaso desarrollo y evolución de los servicios de proximidad, cuyo principal exponente es la ayuda a domicilio. Para que funcione, es imprescindible reforzar los servicios domiciliarios y las prestaciones económicas, algo que no está ocurriendo”, matiza García.

A esto se suma, en su opinión, una grave falta de transparencia. “No se publica cuántas personas con derecho reconocido están esperando una plaza residencial en Aragón. Es un dato que no facilitan ni el Ministerio ni el Gobierno de Aragón, pese a haberse solicitado por el portal de transparencia. Esta opacidad impide analizar correctamente las necesidades reales del sistema”, añade.

Desde su punto de vista, el problema no es solo normativo, aunque urge actualizar una legislación de residencias que data de 1992, sino también presupuestario. Aragón ha retrocedido en inversión en servicios sociales en los últimos años, a pesar de atravesar una etapa de bonanza económica: “Sin un aumento real de recursos, las políticas de atención a la dependencia se quedan en retórica y trasladan la carga a las familias”.

Baja el número de plazas residenciales

Aragón ha estado históricamente entre las comunidades con mayor número de plazas residenciales por persona mayor, junto a las dos Castillas y Extremadura. Sin embargo, los últimos datos muestran un cambio relevante: desde la pandemia, el número total de plazas residenciales ha disminuido. Aun así, sigue manteniendo una ratio mejor que la mayoría de comunidades, aunque el descenso resulta llamativo. En este escenario, el 10% de las plazas residenciales en Aragón estaban vacías a comienzos de 2025, es decir, una de cada diez. El dato es oficial y refleja la existencia de miles de plazas sin ocupar.

“La parte positiva es que han aumentado las plazas de financiación pública frente a las exclusivamente privadas. Estas incluyen tanto plazas públicas de gestión directa como plazas concertadas y aquellas financiadas a través de la prestación vinculada al servicio. En el último año, este tipo de plazas ha crecido en torno a 1.200, mientras que las privadas han disminuido”, informa García.

Aragón cuenta con 19.212 plazas residenciales para mayores, 500 menos que el año anterior (un 2,5% menos). De ellas, 12.614 son de financiación pública (65,7%), 1.464 más que el año anterior. Además, 6.598 son privadas (34,3%), 1.964 menos que el año anterior (un 22,9% menos).

Las posibles causas apuntan a una mala planificación territorial. Hay zonas donde sobran plazas y otras donde faltan, lo que impide que las residencias funcionen como servicios de proximidad. En algunos casos se han creado centros de gran tamaño en municipios con poca demanda real, lo que dificulta su ocupación. “A ello se suma que parte de las plazas vacías son privadas y no se cubren porque muchas familias no pueden asumir su coste. El resultado es un sistema desajustado: plazas sin ocupar y, al mismo tiempo, personas dependientes esperando una solución adecuada”, concluye.