La 'Declaración de Zaragoza' del PP sobre financiación autonómica: sin cifras, pero con la despoblación y la orografía reconocidas

El Partido Popular no quiere la reforma de la financiación autonómica propuesta esta semana por Pedro Sánchez y ha presentado la Declaración de Zaragoza, un escrito de 19 puntos suscrito por Alberto Núñez Feijóo y por los líderes autonómicos de los conservadores. Un escrito sin cifras, “por la igualdad” y que sí recoge la despoblación y la orografía, variables exigidas por Jorge Azcón desde hace año y medio. Los conservadores reconocen “singularidades” en cada territorio y rechazan “romper la caja común”, además de presentar figuras como un Fondo Transitorio para solucionar los primeros problemas de algunas comunidades infrafinanciadas.

Repartidos en seis grupos, los 19 puntos firmados por los líderes autonómicos del PP antes del acto en el que han congregado a 800 personas, según fuentes populares, la nueva declaración es un amplio manifiesto que no ahonda en las particularidades reclamadas en cada territorio y abre la mano a todas las peticiones, aunque sin concreción.

El apartado que más fricción podría generar, Feijóo lo resuelve sin propuestas y recogiendo a todos sus barones. “Reconocemos la existencia de distintas variables a tener en cuenta para poder elaborar un sistema justo”, resume el texto conservador, que incluye en la lista “la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno”. Es decir, todo lo que quieren incluir los líderes populares, sean del territorio que sean. Sí consigue Azcón un guiño explícito a “una orografía complicada o niveles altos de despoblación”, reclamaciones que el aragonés pone desde hace tiempo sobre la mesa y que le permiten tener un primer apoyo, en materia de financiación, en este arranque de la carrera hacia las elecciones del 8F. “Ningún ciudadano es más singular que otro”, cierra este apartado el PP, que llama a “reforzar y simplificar los fondos existentes”, rechazando así la creación de tres nuevas líneas de financiación anunciadas por Montero. Pide, también, seguimiento a las inversiones dentro del sistema.

EL PP rechaza en esta declaración cualquier subida de impuestos y defiende que “la autonomía fiscal de las comunidades no se toca”. También se opone “tajantemente” a que “las exigencias” del independentismo sean asumidas por “los contribuyentes, ni con menos servicios ni con mayor carga fiscal”. Una negación, la de un aumento de los tributos a nivel estatal o autonómico, que hacen aseverando que “los españoles no son el cajero del que Pedro Sánchez se puede servir para asegurar su permanencia en La Moncloa”.

El compromiso del PP reconoce la creación de un Fondo Transitorio para “paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades”. Llama a tener en cuenta la sostenibilidad financiera y a tener “una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado”, además de entrar en la reforma de la financiación de los ayuntamientos.

Los conservadores quieren “una fijación clara y transparente de las competencias asumidas por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos”, además de llamar a “la eliminación de duplicidades y triplicidades existentes”. “No podemos confundir infrafinanciación con gasto superfluo”, aseveran los de Feijóo en su texto.

Igualdad y defensa del “proyecto común”

“La propuesta planteada por el Gobierno el 9 de enero de 2026 reintroduce en el sistema la arbitrariedad, con un objetivo partidista evidente: sostener a un Ejecutivo que carece de una mayoría parlamentaria sólida. Es una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos, que no vamos a normalizar ni a blanquear aceptando sobrantes como contraprestación”, inicia el texto conservador, que destaca que “España es algo más que la mera agregación de unidades territoriales”. El escrito también exige “el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista”, con el que se inició la negociación entre Gobierno de España y el independentismo catalán.

El PP también denuncia que el modelo anunciado por Montero “dinamita el sistema de derechos y deberes” y reclama, por el contrario, que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a servicios homogéneos”. “La igualdad es el objetivo principal de cualquier sistema y no está en venta”, asegura el texto firmado por los barones populares, que rechaza que la falta de financiación en servicios fundamentales “no se puede resolver en función de lo que dicte el separatismo, sino tras una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”.

“Los pasos que se están dando forman parte de una hoja de ruta clara para romper la caja común”, denuncian los conservadores sobre el nuevo sistema de financiación. En el PP se muestran “en la defensa sin matices de la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. Aseguran, además, que el debate nacido por la nueva financiación autonómica “no es un choque entre partidos políticos”. Se rechaza también que “se use a los catalanes”, algo que a su juicio hace el Gobierno central con esta nueva propuesta.

“España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”, cierran los conservadores, que invitan “a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de unidad” y aportar una declaración que insiste en “no ceder al chantaje” porque se suscribe para trabajar por “un sistema de financiación decidido entre todos y pensado para todos”.