El comité del ‘contact center’ de WiZink en Zaragoza llevará a los tribunales la falta de subrogación
Los sindicatos denuncian el "limbo jurídico" de la plantilla porque la nueva adjudicataria del servicio de atención al cliente, Marktel Portugal, no tiene intención de asumir la plantilla y la actual, Zelenza CEX, no les despide

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores de Zelenza CEX en Zaragoza, que prestan el servicio de atención al cliente de WiZink que se va a deslocalizar a Portugal. / UGT
El conflicto laboral por la deslocalización de Zaragoza a Portugal del servicio de atención al cliente de WiZink podría entrar en una nueva fase. El comité de empresa del contact center, que actualmente gestiona la firma Zelenza CEX en el complejo empreasrial de la Expo, ha advertido de que instará a la interposición de 121 demandas individuales ante el Juzgado de lo Social de Zaragoza si la nueva adjudicataria del servicio, Marktel Portugal, no hace efectiva la subrogación de toda la plantilla a partir del próximo 2 de febrero.
En un comunicado, el comité alerta de que los trabajadores podrían quedar atrapados en un “limbo jurídico” sin precedentes, como ha avanzado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La nueva adjudicataria no tiene intención de subrogarlos y la empresa saliente no plantea despidos formales, según lamentan desde la representación de la plantilla, formada por los sindicatos UGT y CCOO. Una doble negativa que, según denuncian, priva a los empleados tanto del derecho a indemnización como del acceso automático a la prestación por desempleo, dejando en situación de vulnerabilidad a 121 familias.
Un servicio clave que se traslada a Portugal
Zelenza CEX presta desde hace dos años todos los servicios de atención al cliente de WiZink, desde tarjetas de crédito a productos de ahorro (depósitos y cuentas) y préstamos personales, tanto por vía telefónica como digital. El banco es su principal cliente y el contrato finaliza el próximo 31 de enero.
En octubre de 2025 la empresa comunicó oficialmente que el contrato no sería renovado y que la nueva adjudicataria sería Marktel Portugal, con sede en Elvas, a escasos kilómetros de la frontera española, según explican desde el comité. En reuniones mantenidas entre las compañías, la nueva adjudicatraia habría trasladado que la legislación laboral portuguesa no obliga a la subrogación de la plantilla, a diferencia de lo que establece el III Convenio colectivo estatal de contact center y el propio Estatuto de los Trabajadores en España.
Ese cambio de país es, precisamente, el núcleo del conflicto. Como ya denunció la plantilla en días anteriores, el traslado del servicio fuera de España permitiría esquivar la obligación legal de asumir a los trabajadores, pese a que muchos de ellos acumulan hasta dos décadas de antigüedad y derechos consolidados.
Llamadas a las instituciones
Desde que se comunicó la situación al comité de empresa, este asegura haber llamado “a todas las puertas” para tratar de mantener los puestos de trabajo y preservar los derechos laborales. En concreto, se han mantenido reuniones con la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se ha informado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto Aragonés de Empleo, ante el riesgo de que los trabajadores no puedan acceder al paro si no se reconoce formalmente la extinción de sus contratos.
El comité subraya que, a día de hoy, la situación sigue sin resolverse. “La nueva adjudicataria no subroga y la actual no despide”, destaca el comunicado, una combinación que consideran jurídicamente insostenible y socialmente irresponsable.
Un conflicto con impacto social
Tal y como se recoge la información avanzada por este diario, la plantilla está formada mayoritariamente por mujeres de en torno a 45 años, muchas de ellas con toda su vida laboral ligada a este centro de trabajo en Zaragoza. La pérdida del contact center supone no solo la desaparición de 121 empleos estables, sino también un nuevo episodio de externalización y deslocalización de servicios a países con menores costes laborales.
Si Marktel Portugal no rectifica su postura en los próximos días, el escenario será judicial. El comité de empresa confirma que se promoverán 121 demandas individuales para que sea un juez quien determine si existe obligación de subrogación o si la situación debe considerarse un despido improcedente o nulo.
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