WiZink dejará en la calle a 121 trabajadores en Zaragoza al llevarse a Portugal su servicio de atención al cliente

El desenlace llevaba semanas mascándose en voz baja, pero la confirmación ha caído como un jarro de agua fría. Un total de 121 trabajadores del servicio de atención al cliente del banco WiZink se quedarán sin empleo en Zaragoza a partir del 31 de enero tras la deslocalización del servicio a Portugal, una decisión que deja en el aire su futuro laboral y que, según denuncia desde la plantilla, esquiva las obligaciones de subrogación previstas en la normativa española.

El servicio se presta desde hace dos años en una plataforma de atención telefónica (contact center) ubicada en el complejo empresarial de la Expo y gestionada por Zelenza CEX, la empresa adjudicataria tras la externalización del área realizada por el banco. Antes, ese mismo equipo trabajaba para Iberalbion, filial del propio grupo WiZink con una larga trayectoria en Zaragoza y sede en el antiguo edificio de Barclays en el polígono Plaza. La operación de hace dos años se hizo con subrogación y mantenimiento de la antigüedad. Hay empleados con hasta dos décadas de experiencia.

Ahora, a la finalización del contrato, WiZink ha optado por adjudicar el servicio a una empresa que lo prestará desde Portugal, lo que evita la obligación legal de subrogar a la plantilla, según relatan los responsables de la oficina zaragozana. “Si la nueva adjudicataria fuera una empresa española, estaría obligada por convenio y por ley a asumirnos. Pero al llevar el servicio fuera, se elude esa responsabilidad”, explican.

La empresa que asumirá el contrato es Marktel, de matriz española, pero que prestará el trabajo a través de su sucursal portuguesa, ubicada en la localidad de Elvas, a apenas diez kilómetros de la frontera. Una localización estratégica desde la que, según la plantilla, ya se están contratando trabajadores españoles, principalmente de la zona de Badajoz, pero bajo legislación laboral portuguesa y con costes salariales muy inferiores.

Un "maniobra oscura" del banco

Desde Zelenza CEX describen la situación como una “maniobra oscura” con un objetivo claro: abaratar costes laborales. “Somos una plantilla muy veterana, con derechos consolidados del convenio del contact center. La sensación es que WiZink utilizó a Zelenza durante dos años como empresa puente para desprenderse después de una plantilla que considera cara”, sostienen.

La consecuencia inmediata es especialmente delicada. Zelenza ha comunicado que, a 1 de febrero, cursará la baja en la Seguridad Social por fin de subrogación, pero sin despido ni expediente de regulación de empleo (ERE). Un vacío legal que deja a los trabajadores sin indemnización automática y con dudas incluso sobre el acceso inmediato al desempleo, al no existir un despido formal.

“La paradoja es que nadie asume la responsabilidad directa”, explican desde la plantilla. Zelenza se considera obligada a defender la subrogación y ha iniciado acciones judiciales, mientras WiZink, al no ser el empleador directo, guarda silencio. “No ha habido ninguna explicación ni ningún contacto con los trabajadores”, subrayan.

El impacto social es notable. Se trata mayoritariamente de mujeres, con una edad media en torno a los 45 años, muchas de ellas con toda su vida laboral vinculada a este centro. Un golpe duro para el empleo estable en Zaragoza y un nuevo ejemplo de externalización y deslocalización de servicios a países salarios más bajíos en busca de menores costes.

La plantilla, en un limbo laboral

Para la plantilla, la sensación es de abandono y de haber sido una pieza prescindible dentro de una estrategia puramente contable. El comité de empresa ya ha trasladado el caso a la Inspección de Trabajo y estudia, junto a los trabajadores, la vía judicial una vez se materialicen las bajas. Por ahora no se han convocado movilizaciones, a la espera de movimientos en los tribunales, pero el reloj corre en su contra.

Si nada lo remedia, 121 familias zaragozanas se quedarán en la calle a partir del 31 de enero sin indemnización por despido ni derecho inmediato a prestación por desempleo, un limbo laboral que supondrá además la desaparición de un centro de trabajo con décadas de trayectoria en la capital aragonesa.