Sin indemnización por despido ni paro: cinco claves para entender el conflicto laboral de WiZink en Zaragoza

La deslocalización de Zaragoza a Elvas (Portugal) del servicio de atención al cliente de WiZink no es un simple cambio de proveedor. Detrás del anuncio, que deja en el aire a 121 trabajadores en Zaragoza, se esconde un entramado de subcontrataciones, herencias empresariales y vacíos legales que explican por qué la plantilla teme quedarse sin indemnización por despido ni prestación por desempleo, un limbo laboral que hace presagiar una larga batalla judicial en varios frentes.

Este artículo desgrana las grandes claves del conflicto laboral que se ha desatado y que, si nada lo remedia, dará al traste con un centro de atención telefónica (call o contact center, en la jerga del sector) con décadas de trayectoria en la ciudad. Un triste final que ha destapado una disputa entre empresas, malas prácticas empresariales y la más absoluta incertidumbre para los trabajadores afectados.

1- De Barclays a WiZink: la larga vida del call center zaragozano

El centro de trabajo no es una plataforma creada de la nada. Su origen se remonta a la etapa en la que la banca internacional Barclays tenía una fuerte presencia en Aragón tras comprar el antiguo Banco Zaragozano. Así es cómo nació en 2005 Iberalbion, una empresa de servicios financieros y atención al cliente que prestaba soporte operativo y comercialización telemática de productos de crédito —principalmente tarjetas y préstamos al consumo— a esta entidad británica.

Desde su sede en un edificio del polígono Plaza, la compañía se consolidó como un brazo clave de Barclays Card en España, gestionando miles de operaciones diarias y alcanzando una plantilla superior a las 700 personas en sus años de mayor expansión. Posteriormente, pasó a manos de CaixaBank y se acabó integrando en 2018 en WiZink, un banco especializado en crédito y ahorro surgido de una joint venture entre Banco Popular y Värde Partners

2- La externalización como punto de inflexión

Desde entonces, la trayectoria de Iberalbión se ha visto marcada por sucesivos procesos de reestructuración, con varios ERE, externalizaciones y reducciones de plantilla. Pero el gran giro llegó hace dos años, cuando WiZink decidió externalizar el servicio de atención telefónica/online y se lo adjudicó a empresa Zelenza CEX, aunque siguió manteniendo la actividad de back-office de su filial zaragozana.

La operación se hizo conforme al marco legal. Hubo subrogación, se mantuvieron antigüedades y derechos, y la plantilla continuó prestando servicio desde el complejo empresarial de la Expo.

Ese precedente es clave para entender el conflicto actual. Si entonces se subrogó, ahora también debería hacerse, según sostienen los trabajadores. Sin embargo, al expirar el contrato con Zelenza, WiZink ha optado por una solución distinta y adjudicar el servicio a la empresa española Marktel, que lo prestará desde Elvas (Portugal).

3- El riesgo: sin despido, sin subrogación y sin paro

Otra de las claves del conflicto es legal. En España, el III Convenio colectivo del contact center y el Estatuto de los Trabajadores obligan, en muchos supuestos, a la subrogación de la plantilla cuando cambia la empresa adjudicataria de un servicio. Esa obligación desaparece, en la práctica, cuando la actividad se traslada a otro país.

La nueva adjudicataria alega que la legislación portuguesa no contempla esa subrogación. Pero la empresa saliente, Zelenza, considera que tampoco puede plantear un despido colectivo ni individual al considerar que debe cumplirse el marco legal. El resultado es un escenario inédito: los contratos se extinguen por fin de subrogación y los trabajadores son dados de baja de la Seguridad Social, pero sin despido formal.

Esta fórmula tiene consecuencias muy graves para los trabajadores. Sin un despido reconocido, no hay indemnización automática, el acceso a la prestación por desempleo queda en entredicho y cualquier compensación depende de una reclamación judicial posterior. Eso es lo que el comité de empresa define como un “limbo jurídico”

4- -La vía judicial como única salida

Ante esta situación, la plantilla y el comité de empresa ya han iniciado contactos con la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo y el Gobierno de Aragón. Pero todo apunta a que la solución definitiva llegará, si lo hace, en los tribunales.

La estrategia pasa por presentar demandas individuales ante el Juzgado de lo Social para que sea un juez quien determine si existe obligación de subrogación, si la operación encubre un despido improcedente o incluso nulo, y si deben reconocerse tanto la indemnización como el derecho al paro.

Mientras tanto, el centro de trabajo desaparece y 121 personas, muchas de ellas con toda su vida laboral ligada a este centro de llamadas, afrontan semanas decisivas. 

5- El precedente que inquieta al sector

Lo que se dirima en Zaragoza no afectará solo a esta plantilla. Puede sentar un precedente relevante para el futuro del empleo en el sector del contact center en España. La elección de un centro en Portugal, a pocos kilómetros de la frontera, permite, según denuncia la plantilla, contratar mano de obra española bajo legislación laboral extranjera y con costes sensiblemente más bajos que los del convenio español del sector del telemárketing.

Si los tribunales avalan este modelo, se sentará un precedente que puede extenderse a otras plataformas de atención al cliente y servicios externalizados. Un sector ya muy precarizado, con fuerte presencia de mujeres y trabajadores mayores de 45 años, quedaría expuesto a nuevas deslocalizaciones encubiertas como fórmula para rebajar costes laborales sin asumir despidos ni subrogaciones.

Por eso, el desenlace judicial del conflicto de Zaragoza no solo decidirá el futuro inmediato de este centro de trabajo. También puede marcar hasta dónde llegan las estrategias empresariales para externalizar servicios sin asumir las obligaciones laborales que, hasta ahora, parecían consolidadas en España.