Zelenza llevará a WiZink y Marktel a la Audiencia Nacional si no subrogan a los 121 trabajadores de Zaragoza

El cierre del centro de atención al cliente de WiZink en Zaragoza, debido al traslado de la operativa a Elvas (Portugal), no solo anticipa un fuerte impacto social, sino que amenaza con desembocar en un litigio de alcance empresarial. Zelenza Cex, la compañía que presta actualmente el servicio, estudia presentar una demanda ante la Audiencia Nacional contra el banco digital y Marktel, nueva adjudicataria del contrato, si no se materializa la subrogación de los 121 trabajadores que atienden ahora el contact center de la capital aragonesa. La plantilla, mayoritariamente femenina y con una elevada presencia de personas de más de 45 años, quedaría sin continuidad laboral si no se aplica esa sucesión de personal.

Antes de que la sangre llegue al río, habrá un intento de mediación para tratar de reconducir el conflicto. Zelenza Cex ha iniciado acciones previas a la presentación de un conflicto colectivo, lo que ha motivado la convocatoria de un acto de conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). La cita tendrá lugar en Madrid el próximo miércoles 28 de enero, según informaron a este diario fuentes de la empresa.

“El servicio continúa”: la clave del debate

El núcleo de la controversia es si, pese a la deslocalización de la plataforma, existe continuidad del servicio y, por tanto, procede la subrogación de la plantilla por parte de la nueva adjudicataria. Zelenza sostiene que la atención al cliente de WiZink se mantiene (mismos usuarios, procedimientos, estándares y protocolos) y que el cambio responde a un relevo de contrata, no a una desaparición real de la actividad.

Con ese argumento, la empresa considera aplicable el artículo 20 del III Convenio colectivo estatal del sector de contact center, además de la normativa general del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión y garantías laborales. A ello añade la posible incidencia de una directiva europea sobre mantenimiento de derechos en supuestos de transmisión o continuidad de actividad, especialmente cuando el negocio y la clientela siguen siendo los mismos, según alegan desde Zelenza.

Wizink traslada su empresa a Portugal y 121 trabajadores de Zaragoza se quedan en la calle.

En este sentido, desde el comité y la plantilla recuerdan que Marktel tiene su matriz en España, además de estructura y centros de trabajo en el país, lo que refuerza la exigencia de que se respeten las obligaciones laborales españolas, con independencia de que la operativa se ejecute desde Portugal.

No a un ERE “si procede la subrogación”

Fuentes de Zelenza insisten en que, si existe continuidad, no sería procedente acudir a un despido colectivo (ERE) como vía de salida. “Si el servicio sigue prestándose en condiciones equivalentes, debe aplicarse el convenio y garantizarse la continuidad del empleo. En ese escenario, lo que corresponde es la subrogación”, sostienen desde la firma.

La empresa admite que la pérdida del contrato forma parte de la competencia en un mercado abierto, pero subraya que el relevo de un proveedor por otro no puede traducirse, a su juicio, en un “vacío” de derechos para la plantilla. “Asumimos que hemos perdido el contrato, pero quien lo gana tiene que cumplir la ley y el convenio. Estamos hablando, además, de un colectivo vulnerable”, argumentan.

Una apuesta por Zaragoza que ahora se desvanece

Zelenza recuerda que asumió el servicio hace dos años, cuando WiZink externalizó esta área —vinculada entonces a su filial zaragozana Iberalbión— con lo que describe como “voluntad de continuidad”. La empresa asegura que su estrategia pasaba por mantener y ampliar la actividad en la capital aragonesa y cita inversiones realizadas, incluida la nueva oficina que abrió en el complejo empresarial de la Expo.

El centro, sin embargo, afronta el cierre al depender casi por completo del servicio ahora adjudicado a Marktel. Zelenza precisa que mantiene una actividad residual asociada a otros trabajos -con tres trabbajadores- que ahora reorganizará en el resto de sus centros en España.

Si la mediación no prospera y no se reconoce la subrogación, Zelenza prevé judicializar el conflicto. La vía anunciada es la de un conflicto colectivo, un procedimiento pensado para resolver controversias que afectan a un grupo de trabajadores en bloque. En este caso, por la obligación de subrogar en una contrata. La eventual demanda buscaría que un tribunal determine qué norma debe prevalecer y, en su caso, obligue a la adjudicataria a asumir a la plantilla.

Mientras tanto, los 121 empleados aguardan una salida que evite la pérdida de sus puestos. “Hay personas que llevan muchos años prestando servicio para WiZink, en algunos casos más de 15”, señalan desde la empresa, que insiste en que “los trabajadores se merecen continuidad con el siguiente adjudicatario”.

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