Los principales temas de la campaña electoral en Aragón: el acceso a la vivienda, un problema tan urgente como eterno

La vivienda es el gran reto al que se enfrenta la política en los próximos años. En Aragón, las estimaciones hablan de más de 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse y la situación tampoco es halagüeña para los hogares que se crean cada año en la comunidad. No se trata de un problema de disponibilidad de suelos, con espacio calificado como residencial para más de 180.000 nuevos pisos.

Unos apuestan por el impulso a la construcción, en un modelo público–privado de explotación para levantar viviendas de alquiler asequible. Otros cuestionan esa asequibilidad y piden aprovechar la bolsa de hogares ya construidos y que, por hache o por be, están vacíos. Todo ello, en un marco legal en el que existe una norma estatal aprobada en 2023 que el actual Gobierno de Aragón del PP de Jorge Azcón no aplica, con una única salvedad, y con una ley autonómica en el cajón. Eso, sin mencionar otras variables.

Si de algo ha presumido el Ejecutivo autonómico actual es de su ambicioso Plan Más Vivienda, con 600 millones previstos hasta 2030 y distintas derivadas para impulsar esa colaboración público–privada en los distintos municipios de la comunidad. Aunque el peso se lo lleva, esencialmente, Zaragoza. En total, desde la DGA defienden que ya se han lanzado 5.000 viviendas en lo que va de legislatura, aunque las llaves de las primeras que están en construcción no se entregarán hasta, mínimo, el próximo año.

En la capital aragonesa es donde el PP ha aprovechado el único artículo de la ley estatal que le convencía, el 15, que permite aprovechar los suelos dotacionales para hacerlos residenciales. Una decisión que ha tenido contestación social, especialmente en Rosales del Canal y el Arrabal zaragozano.

Réplicas al modelo

Asimismo, la oposición ha denunciado en varias ocasiones que esos pisos serán demasiado pequeños (algunos no llegan a 40 metros cuadrados) y con un precio nada asequible, que puede ser incluso de más de 900 euros, aunque el promotor recibiría ayudas públicas durante los primeros 15 años para después descontárselas al inquilino, con el objetivo de que este no destine más del 30% de su salario al arriendo. El modelo tampoco convence a la izquierda, ya que las constructoras se encargan de construir las promociones a cambio de una cesión de los suelos, que son públicos, durante 75 años, toda una vida.

Las propuestas programáticas del PP no distarán mucho de lo hecho hasta ahora y la apuesta será seguir por la misma senda. Es decir, ladrillo privado con cemento público. Además, los populares esperan sacar adelante la primera ley autonómica de la historia, cuyo proyecto llegó a tramitarse pero que no llegó al debate parlamentario por las dinámicas con las que ha acabado la legislatura, con un PP sin mayoría absoluta y Vox exigiendo incorporar premisas que estos consideraban inasumibles.

La receta nacional

El PSOE, por su parte, tiene una hoja de ruta similar a la nacional. Pilar Alegría ya ha afeado a Jorge Azcón que no aplique la norma estatal en su totalidad, como ya sucede en la vecina Cataluña, aunque las competencias en última instancia son autonómicas. La última propuesta lanzada por el Gobierno central busca incentivar la no subida de precios con bonificaciones a los caseros, algo duramente criticado por los partidos a su izquierda, que el 8F se dividen en tres papeletas: CHA, IU–Movimiento Sumar y Podemos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha creado Casa47, la nueva empresa estatal de vivienda que absorberá los activos de la Sareb y promete sacar al mercado medio millar de pisos.

En el tintero quedan otros temas troncales que marcarán el futuro del parque público (y privado) residencial en Aragón. Uno, el devenir de Arcosur, con un protocolo ya firmado entre la DGA, el ayuntamiento, Ibercaja y los propietarios del suelo para urbanizar y poblar el barrio con 70.000 personas en 2035. Otro, directamente relacionado, el precio de las VPO. La última subida se produjo el pasado año, del 9,5%, y la patronal ya ha advertido que necesitan otra subida similar con prontituid para que les salga rentable construir, en un sector que exige y reclama una mano de obra que por ahora no existe.

Con este boceto y estas propuestas, los partidos buscarán atraer a su papeleta a la masa de votantes que cada vez paga más por su alquiler, que le es imposible entrar una hipoteca o que, directamente, ni siquiera puede permitirse un hogar digno. Una masa cada vez más grande y que necesita certezas. Y las necesita ya.

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