Aragón, el territorio más 'friendly' con las renovables: lidera las autorizaciones ambientales a aerogeneradores y plantas solares

España pisó el freno en seco en 2025 en la tramitación de nuevos proyectos de energías renovables, pero Aragón volvió a situarse en el mapa energético nacional como una de las comunidades que mejor logra superar el principal cuello de botella administrativo: el ambiental. En un ejercicio de clara normalización tras el año récord de 2024, las Administraciones públicas (la estatal y las autonómicas) autorizaron permisos de construcción para 8.194 megavatios (MW), un 69% menos que el año anterior, según el informe anual del Observatorio de Energías Renovables elaborado por Opina 360 con datos del BOE y de los boletines autonómicos.

Dentro de ese contexto de desaceleración generalizada, Aragón destaca por ser la comunidad autónoma que mayor volumen de potencia obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en 2025, con un total de 1.441 MW, por delante de Castilla-La Mancha (1.310,9), Andalucía (1.288,9), Castilla y León (1.171,5) y Extremadura (1.023,4 MW). Se trata de un dato relevante, ya que la evaluación ambiental se ha convertido en la fase más determinante y conflictiva del desarrollo renovable en España.

Liderazgo ambiental en un año de ajuste

El informe constata que durante 2025 se publicaron en toda España 357 declaraciones ambientales favorables, que dieron luz verde a 8.101 MW de nueva potencia renovable. La energía fotovoltaica volvió a monopolizar el proceso, con más del 82% de la capacidad aprobada, mientras que la eólica quedó muy por detrás.

En ese reparto, Aragón sobresale no solo por volumen total, sino también por la diversidad tecnológica, ya que se concedió el visto bueno a casi 995 MW de proyectos solares y algo más de 446 MW a parques eólicos. En cuanto a la Administración que ha autorizado esta potencia, el reparto es también muy igualitario. El Gobierno central -competente en los proyectos de más de 50 MW- dio luz verde a 792,3 MW promovidos en la comunidad y el Ejecutivo autonómico a otros 648,8.

A pesar de este liderazgo en la autorización ambiental de los proyectos, Aragón también ha registrado una severa caída de permisos de construcción, que recibieron en 2025 iniciativas que suman 1.069,6 MW, un 77% menos respecto al año anterior (4.585). Fue la tercera comunidad con más potencia autorizada para levantar nuevos proyectos renovables, solo por detrás de Castilla-La Mancha (2.218,5) y Andalucía (1.118,5). Entre las tres concentran más de la mitad de toda la capacidad aprobada en España durante el año.

El ajuste es reflejo del final del ciclo extraordinario vivido en 2024, marcado por una “aceleración masiva” de expedientes para evitar la caducidad de permisos, lo que distorsionó las cifras y adelantó decisiones administrativas que no se han repetido en 2025, según explica Juan Francisco Caro, director de Opina 360.

Aun así, los datos confirman que el ritmo de nuevas instalaciones ya no responde a una expansión acelerada, sino a un proceso más selectivo y exigente, condicionado por la saturación de nudos eléctricos, el rechazo social en determinados territorios y una mayor presión sobre los criterios ambientales.

Los proyectos que se caen

Ese mayor filtro también se deja notar en el capítulo de proyectos descartados. En Aragón se desestimaron durante 2025 iniciativas por un total de 1.751 MW, la segunda cifra más alta del país, solo por detrás de Castilla y León (1.773,9).

En el caso aragonés, el grueso de la potencia rechazada corresponde a proyectos eólicos (1.563,8), muchos de ellos afectados por la caducidad de permisos o por informes ambientales desfavorables. De fotovoltaica fueron denegados 187,6 MW. Por Administración, el Gobierno central tumbó la mayor parte de los desarrollos energéticos que se han frustrado, con 1.649,1 MW, mientras que la DGA desestimó 102,3.

Normalización del mercado

El informe concluye que el sector ha entrado en una fase de estabilización tras el sobresalto administrativo de 2024. Para Aragón, este nuevo escenario refuerza su papel como una de las comunidades clave en la transición energética, pero también la sitúa en el centro del debate sobre el modelo de despliegue renovable, la planificación territorial y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

Un debate que, lejos de cerrarse, gana peso político y social justo cuando el ritmo de nuevas autorizaciones se enfría. Al mismo tiempo, se mantiene la presión para cumplir los objetivos de descarbonización energética que se ha marcado la Unión Europea.