El conflicto laboral abierto por WiZink en Zaragoza acaba en la Audiencia Nacional: el juicio para evitar 121 despidos será el 12 de febrero

Sin acuerdo. Así ha concluido la mediación para tratar de resolver el conflicto laboral provocado por el cierre del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza, que se pretende deslocalizar a Portugal, lo que dejará en la calle de 121 trabajadores. El caso queda abocado, por tanto, a la vía judicial. El acto de conciliación celebrado este miércoles en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) se saldó sin avances y con un desencuentro de fondo sobre la competencia del propio organismo, según trasladaron fuentes de Zelenza CEX, gestor del contact center hasta el próximo 31 de enero, y del comité de empresa.

Tras ese paso fallido, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de conflicto colectivo presentada por Zelenza contra WiZink y Marktel, la nueva adjudicataria del servicio. El juicio, en el que se dirimirá si existe obligación legal de subrogar a la plantilla, ya tiene fecha. Será el 12 de febrero.

Desde Zelenza explican que el acto de conciliación concluyó formalmente sin acuerdo y que, ante la ausencia de margen para una solución pactada, el conflicto queda ahora en manos del tribunal. La compañía sostiene que, pese al traslado de la plataforma a Portugal, existe continuidad real del servicio de atención al cliente -mismos usuarios, procesos y estándares-, lo que activaría la obligación de subrogación prevista en el convenio estatal del sector del contact center y en la normativa laboral sobre sucesión de contratas.

Sin diálogo en el SIMA

Desde el comité de empresa de Zelenza CEX en Zaragoza ofrecen una visión aún más crítica de la cita. Aseguran que el SIMA se limitó a señalar que el servicio ha sido contratado por WiZink con Marktel y que el organismo “no es competente” para entrar en el fondo del asunto, lo que, en la práctica, cerró cualquier posibilidad de acuerdo entre las partes durante la mediación.

Como todas las personas afectadas prestan servicio en Zaragoza, desde el SIMA consideran que el ámbito adecuado para una mediación sería el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Una vía que, en cualquier caso, queda ahora en segundo plano tras la apertura formal del procedimiento judicial.

Del arraigo en Zaragoza a la deslocalización

El conflicto se origina en la decisión de WiZink de trasladar a Portugal su servicio de atención al cliente, lo que dejará sin empleo a 121 trabajadores en Zaragoza a partir del 31 de enero. La plantilla presta servicio desde hace dos años en una plataforma ubicada en el complejo empresarial de la Expo, gestionada por Zelenza CEX tras la externalización del área por parte del banco.

Antes de esa adjudicación, el mismo equipo trabajaba para Iberalbión, filial del propio grupo WiZink, con décadas de trayectoria en la capital aragonesa. La operación de hace dos años se realizó con subrogación y mantenimiento de la antigüedad, y hay empleados con hasta 20 años de experiencia vinculados al servicio.

A la finalización del contrato, WiZink optó por adjudicar el servicio a Marktel, que lo prestará desde su filial portuguesa en Elvas, a pocos kilómetros de la frontera. Desde la plantilla y desde Zelenza se interpreta este movimiento como una forma de eludir la obligación de subrogación y abaratar costes laborales, al aplicar legislación portuguesa a un servicio que sigue atendiendo a los mismos clientes.

Un limbo laboral inmediato

Zelenza ha comunicado que, a partir del 1 de febrero, cursará la baja en la Seguridad Social de los trabajadores por fin de subrogación, pero sin despido ni expediente de regulación de empleo (ERE), al considerar que no es la vía procedente si existe continuidad del servicio. Una situación que deja a la plantilla en un limbo jurídico, sin indemnización automática y con incertidumbre incluso sobre el acceso inmediato a las prestaciones por desempleo, aunque este último aspecto ha quedado resuelto gracias a las gestiones realizadas por el comité con el servicio público de empleo (SEPE) y la Inspección del Trabajo en Aragón.

El impacto social es notable. Se trata mayoritariamente de mujeres, con una edad media en torno a los 45 años y con trayectorias laborales largas ligadas al mismo centro. Mientras tanto, los trabajadores tiene previsto acudir a primera hora de este lunes a su centro de trabajo en el complejo empresarial de la Expo en Zaragoza para comprobar si efectivamente se les impide continuar la actividad, una acción con la que pretenden simbolizar y denunciar el desemparo en que han quedado.

Con la mediación ya cerrada en falso, el juicio del 12 de febrero se perfila como el punto de inflexión de un conflicto que puede sentar un precedente relevante sobre los límites laborales de la deslocalización de servicios en el sector del contact center.

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