Los despidos disciplinarios siguen al alza en Aragón: la mediación en conflictos laborales individuales crece un 25% en cinco años

Aragón siempre ha destacado por ser una tierra de poca conflictividad laboral. O, al menos, más moderada respecto a otros territorios, con una paz social de la que se presume recurrentemente. Con todo, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), sigue notando un incremento en los expedientes en los que trabaja. En 2025, ya con los datos definitivos, el organismo medió en un total de 10.339 conflictos, un 2,7% más que el año anterior y con una inmensísima mayoría de carácter individual –entre trabajador y empresa–, contándose 10.205 disputas de este tipo. Mientras, los conflictos colectivos descendieron en un 20,7%, aunque se manejan habitualmente en cifras muy inferiores.

Y es que es en el caso de los casos individuales en el que el SAMA ha notado un incremento que se viene dando desde la pospandemia. Tanto es así que, solo en cinco años, este tipo de expedientes se han incrementado en torno a un 25%. En 2021 se contabilizaron 8.100, número que fue in crescendo en los años posteriores, especialmente en 2023, cuando incrementaron un 14%. Este auge responde a varios factores, siendo el principal el alza de los despidos disciplinarios. Dentro del cupo de las rescisiones de contrato, estos suponen cerca del 60%, con un total de 5.014.

“Son, por así decirlo, los que menos requisitos exigen y se basan en un incumplimiento grave y palpable. Además, no necesitan preaviso ni corresponde, en principio, indemnización”, analiza Concha Gil, directora del SAMA, quien, eso sí, matiza que en la gran mayoría de casos “se suele pactar una indemnización”. La particularidad que tienen estos datos es que, en su mayoría, responden a trabajadores fijos contratados recientemente.

Así, un 12% de los despidos disciplinarios en los que medió el SAMA en 2025 eran conflictos entre trabajadores que habían sido contratados y rescindidos ese mismo año. El 28% fueron contratados en 2024, el 18% en 2023 y entre un 12% y un 13% habían sido fichados en 2022. En este punto, cabe recordar que en la última reforma laboral aprobada a finales de 2021 limitó mucho la modalidad temporal de contratación, pasando a hacerse contratos ordinarios.

“Antes, los trabajadores tenían fijado el día en el que se les acababa el contrato y no solían reclamar”, expresa Gil al respecto. Sin ir más lejos, el pasado año las mediaciones en conflictos por un fin de contrato tan solo supusieron el 3,39% de los casos, con apenas 286 expedientes. Tras el disciplinario, el despido por causas objetivas es el segundo con mayor ratio, con 2.316 conflictos que supusieron el 27,4% del total. El top 3 lo cierran las extinciones verbales (517, algo más de un 6%) y después aparecen ya otras causas menores.

En total, se contabilizaron 8.439 despidos, un grupo que supone el 82,7% de los expedientes individuales. Según la directora del SAMA, hay tres factores que influyen en este auge de la conflictividad laboral entre particulares y empresas: la “elevada rotación” del actual mercado de trabajo; la “variabilidad de los hábitos de consumo”, que ha provocado consecuencias en los horarios de algunos empleados, sobre todo en servicios de proximidad; y que “la empresa, cuando empieza el año, no tiene clara la carga de trabajo”, mientras que antes, dice Gil, “tenían uno o dos años ya medidos”.

Baja en los colectivos

Por otro lado, los conflictos colectivos bajaron de 169 en 2024 a 134 en el último año, un descenso de casi el 21% que no tiene una única explicación. Según el SAMA, la principal responde al calendario de los distintos convenios. “A veces coincide que acaban muchos sectoriales en el mismo curso y otras no, son datos más difíciles de medir”, contextualiza Gil.

En 2025, hubo hasta 28 bloqueos en negociaciones colectivas y 27 huelgas, como la del bus de Zaragoza, en las que el SAMA ejerció de mediador.

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