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La DGA ha pedido la repatriación de 12 menores «conflictivos» en centros de acogida

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón precisan que la solicitud está en tramitación y que el proceso debe velar, ante todo, por el interés del joven

Sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, antiguos juzgados de menores.

Sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, antiguos juzgados de menores. / ANGEL DE CASTRO

Carlota Gomar

Carlota Gomar

ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón ha solicitado la repatriación y reunificación familiar de 12 menores no acompañados que residen en centros de acogida de la red pública con perfiles «conflictivos e incapaces de convivir con otros compañeros». La petición, realizada el pasado mes de noviembre, sigue a la espera de una respuesta de la Delegación del Gobierno en Aragón, que precisa que es un proceso que debe velar siempre por el interés del menor.

Los episodios de violencia verbal y física de menores a trabajadores se han venido repitiendo en las últimas semanas, tal y como ha denunciado este diario. En los dos centros gestionados por la empresa Kairós se han producido hasta cinco conflictos violentos en enero, el último, este viernes cuando un joven que había agredido cinco días antes a una educadora se masturbó delante de ella. En total, se han interpuesto 13 denuncias por agresión ante la Policía pero, según los propios profesionales, ni la dirección de Kairós ni el Gobierno de Aragón han adoptado medidas para garantizar su seguridad, como reclaman.

Según ha podido saber este diario, el pasado 18 de enero se produjo otra agresión en un tercer centro de acogida de la red pública del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). El joven que protagonizó el conflicto ya había mostrado una actitud violenta en más de una ocasión.

En las últimas semanas, según ha podido saber este periódico, había ocasionado daños en las instalaciones y proferido amenazas al equipo de educadores. En el episodio del día 18 fue necesaria la intervención de la Policía y, una vez reconducida la situación y en presencia tanto del gerente del IASS como de los mandos policiales, se procedió a separar al menor del resto de sus compañeros.

Este comportamiento reiterado ha sido denunciado ante la Fiscalía y ha motivado que el Gobierno de Aragón solicite el inicio de los trámites para proceder a su repatriación y reunificación familiar. De hecho, esta solicitud fue previa al último episodio y ya el 3 de noviembre el Ejecutivo había iniciado el proceso.

No es la única petición. Hasta 12 solicitudes tiene sobre la mesa la Delegación del Gobierno en Aragón. Se trataría de «perfiles que han demostrado ser conflictivos e incapaces de convivir con otros compañeros en ninguno de los recursos de protección con los que cuenta el sistema autonómico de menores.»

Según explican fuentes del Gobierno aragonés, el 29 de diciembre -casi dos meses después,- en respuesta a una demanda de información sobre el trámite elevada desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, la Delegación del Gobierno en Aragón indicaba que «la respuesta no ha podido emitirse en plazo por circunstancias de carácter organizativo y sobrevenidas y que han requerido una regularización previa» y que dichas solicitudes están «en tramitación».

Primero, el interés del menor

Es más, actualmente ninguno de los 12 menores ha sido citado por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón para incoar el procedimiento, aseguran las mismas fuentes. Desde la Delegación precisan que se encuentra en tramitación y que no se trata de un proceso cualquiera, puesto que las Administraciones deben velar, ante todo, por el interés del menor.

A diferencia de lo que ha sucedido en los centros que gestiona Kairós, en este sí que se procedió a reforzar los equipos del recurso «para salvaguardar la convivencia e integridad de los trabajadores y de los propios menores».

Precisamente, es esto lo que exigen los profesionales de los centros gestionados por Kairós, más personal de seguridad para evitar que sigan sucediéndose los conflictos.

Los empleados aseguran tener «miedo» porque siguen trabajando con los menores que les han agredido, física y verbalmente, y exigen que se derive a los jóvenes conflictos a los centros que les corresponden.

Una atención completa y personalizada

Los trabajadores de los centros de menores admiten que los últimos episodios de violencia vividos han generado un cierto clima de miedo, ya que la dirección ha rehusado contratar equipos de seguridad.

Sin embargo, insisten en que se trata de jóvenes con una importante carga emocional y personal como consecuencia de la vida que han querido dejar atrás que requiere de una atención profesional y específica que no pueden prestarles.

Es por ello que, insisten, trabajando de forma adecuada hay muchas posibilidades de reconducir su comportamiento para que puedan llevar una vida normalizada.

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