El empresariado aragonés denuncia la subida "sin consenso" del 3,1% en el salario mínimo

CEOE y Cepyme de Aragón han expresado este lunes su oposición a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno, del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas (37 euros más al mes), al considerar que se ha impulsado “de forma unilateral y sin consenso” y que tendrá un impacto directo sobre el empleo, las empresas y los autónomos en Aragón. Las organizaciones empresariales reclaman que se retome el diálogo social, que se actúe con gradualidad y que se utilicen con rigor los criterios europeos.

Las patronales aragonesas denuncian que la negociación se ha visto sustituida por “la política del anuncio”, y advierten de que la falta de concertación genera incertidumbre y tensión en el ámbito laboral. A su juicio, filtrar propuestas a los medios antes de trasladarlas a la mesa de negociación supone un “desprecio” al diálogo social y no contribuye a la estabilidad económica ni social.

En su posicionamiento, CEOE Aragón y Cepyme Aragón cuestionan además las fórmulas que, según lo publicado, se estarían planteando para afrontar el incremento del SMI en los contratos públicos. Sostienen que se trataría de medidas que no compensan los costes asociados a la actualización del salario mínimo y que, además, dejarían fuera de forma “insólita” a empresas en pérdidas, así como a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. También alertan de que se introducirían condiciones difíciles de cumplir para la mayoría de compañías y que, en paralelo, se abriría una nueva vía de injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa.

Sectores con más impacto

Las organizaciones empresariales subrayan que el debate no puede reducirse a la cifra del salario mínimo. Con el SMI situado en 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas, recuerdan que el salario anual asciende a 17.094 euros brutos, pero recalcan que el coste real para la empresa es superior por el efecto de las cotizaciones y otros conceptos asociados.

En términos prácticos, estiman que contratar a un trabajador con SMI puede situar el coste mensual en torno a los 1.912 euros, elevando el coste anual por encima de los 22.000 euros. Según CEOE Aragón y Cepyme Aragón, este impacto se nota de manera inmediata en la tesorería de las microempresas, que son mayoritarias en Aragón, y en sectores intensivos en mano de obra como agricultura, hostelería, limpieza o cuidados, condicionando decisiones de contratación y de mantenimiento del empleo.

Las patronales advierten, además, de un “efecto arrastre” sobre los convenios colectivos. Señalan que el SMI ya está afectando a numerosas categorías profesionales próximas al mínimo, lo que obliga a reajustar tablas salariales para mantener jerarquías y coherencia interna, provocando un incremento en cascada del coste laboral. En este punto, también muestran preocupación ante la posibilidad de limitar o prohibir la compensación y absorción de complementos salariales, una medida que, según sostienen, rompería equilibrios pactados y añadiría incrementos adicionales difíciles de asumir para pymes y micropymes.

Otro de los argumentos expuestos es que la subida del SMI tiene un impacto mayor en territorios con menor renta y productividad relativa, donde una parte más amplia de la estructura salarial se sitúa cerca del mínimo. En ese contexto, alertan de que el incremento podría traducirse en menos contratación, aumento del paro y cierres de empresas que no puedan absorber el incremento de costes.

En paralelo, avisan de un efecto indeseado sobre la economía sumergida: cuando, afirman, el empleo “se encarece por decreto y de forma abrupta” sin margen para ajustar productividad o precios, aumentan los incentivos a prácticas irregulares como horas no declaradas, pagos informales o parcialidades ficticias, perjudicando al trabajador y generando competencia desleal para las empresas cumplidoras.

Presión creciente de los costes

Ambas patronales enmarcan su rechazo en un escenario que describen como de presión creciente de costes laborales, energéticos, financieros y regulatorios, con un deterioro del tejido productivo. En su comunicado citan datos que consideran “señal de alarma”, especialmente para autónomos y pequeñas empresas, y sostienen que elevar el coste mínimo de contratación sin medidas reales de acompañamiento puede agravar una tendencia negativa.

También reclaman que no se utilicen las referencias europeas como un argumento simplificado, recordando que los criterios comunitarios sobre salarios mínimos son orientativos y requieren metodologías comparables y transparentes, y que deben conectarse con productividad, realidad territorial y efectos sobre convenios y empleo.

En cuanto a sus propuestas, piden al Gobierno recuperar un diálogo social “real” con negociación efectiva y evaluación rigurosa del impacto, además de aplicar gradualidad y seguridad jurídica con respeto a la negociación colectiva. Reclaman igualmente medidas estructurales que protejan el empleo en el sector privado, incluyendo alivio de cargas y reducción de costes asociados a la contratación en los tramos más afectados, así como políticas orientadas a mejorar la productividad. Finalmente, solicitan estudios de impacto previos que midan el efecto sobre convenios, empleo y tejido empresarial, con especial atención a micropymes y autónomos.