La Delegación del Gobierno duda de las repatriaciones que pide el Gobierno de Aragón en los centros de menores de Zaragoza: "Es un tema que no puede tomarse a la ligera"

La solicitud por parte del Gobierno de Aragón de repatriar a una decena de menores no acompañados con perfiles conflictivos tras registrarse constantes episodios de violencia física y verbal hacia sus cuidadores ha molestado a los integrantes de la Plataforma por un convenio autónomo para protección y reforma de menores, formada por trabajadores del sector y los sindicatos, CGT, UGT y CCOO. La entidad ha manifestado este lunes su "indignación" por el uso que se está haciendo de las denuncias sobre la situación en los centros gestionados por la empresa Kairós al considerar que la violencia "no se combate con expulsiones, se combate con políticas públicas responsable".

De forma paralela, la Delegación del Gobierno de España en Aragón, entidad a la que se le ha pedido la gestión del expediente, ha mostrado sus dudas sobre la necesidad del proceso. "Es un tema que no puede tomarse a la ligera ni puede resolverse con un expediente rápido, pues estamos hablando de chicos que han venido huyendo de sus países en situaciones de violencia extrema, donde no se defienden los derechos humanos", ha destacado el delegado Fernando Beltrán.

Además, ha explicado que la petición que se han encontrado sobre la mesa "no viene fundamentada". En este sentido ha considerado que no conocen "en qué consisten los problemas que están generando" y se ha mostrado partidario de atender las reclamaciones de la plataforma de los trabajadores que se ocupan de la atención y del cuidado directo de los menores. "Han manifestado clarísimamente que hay un problema estructural serio en el Gobierno de Aragón en el sistema de atención a los menores", ha indicado.

En un comunicado al que ha tenido acceso este diario los miembros de la plataforma reconocen que las agresiones y los incidentes graves denunciados "son hechos reales y gravísimos" sobre los que llevan meses alertando. Sin embargo, explica que es inaceptable que estas denuncias, que señalan fallos estructurales del sistema, "se utilicen ahora para desplazar la responsabilidad hacia los propios menores".

Los profesionales del sector de la protección de menores explican que los problemas de convivencia y los episodios de violencia "no aparecen de la nada" pues son "consecuencia directa" de contar con recursos saturados, turnos con poca vigilancia, ausencia de equipos estables por la precariedad laboral a la que se enfrente, así como por una gestión que prioriza "el ahorro económico frente a la intervención educativa".

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía hasta a 12 menores para proceder a su repatriación y reunificación familiar. Según explican todos ellos cuentan con «perfiles que han demostrado ser conflictivos e incapaces de convivir con otros compañeros en ninguno de los recursos de protección con los que cuenta el sistema autonómico de menores».

Para los representantes de la plataforma de trabajadores "utilizar la palabra conflictivos para describir a menores tutelados por la Administración es una simplificación peligrosa" que oculta "el fracaso institucional a la hora de ofrecer una atención adecuada a jóvenes con trayectorias vitales marcadas por la violencia, el desarraigo y el trauma".

Ante esto argumentos, Fernando Beltrán ha indicado que tratarán de "entender" la petición del Gobierno de Aragón aunque han considerado que tendrán que demostrar "fehacientemente" que si finalmente son expulsados "su situación en sus lugares de origen va a ser mejor de la que se les pueda dar aquí" si pueden ser atendidos en las condiciones que ellos merecen".

Los trabajadores suman estas quejas al conflicto laboral abierto contra el Gobierno de Aragón y las empresas gestoras de los centros. "Queremos dejar claro que denunciar la precariedad laboral y la falta de medidas de seguridad no puede convertirse en la coartada para expulsar a menores del sistema, ni mucho menos para impulsar procesos de repatriación como solución a una mala gestión", afirma.

"Más estabilidad en las plantillas"

De este modo, son conscientes de que para trabajar con "perfiles que requieren una atención específica" es necesario dotar al sistema "de más profesionales, más recursos, más estabilidad en las plantillas" y también de una implicación real del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del Gobierno de Aragón. "No se puede pedir a los equipos educativos que sostengan situaciones de extrema complejidad sin apoyos y, al mismo tiempo, culpar a los menores cuando el sistema les falla", explican en el comunicado.

Las agresiones denunciadas este mes de enero en el centro Karirós de Zaragoza se suman a realidades como el asesinato de una educadora en un centro de Badajoz, dos ejemplos de la precariedad y la vulnerabilidad extrema con la que se ofrecen estos servicios. "Estos casos debían haber supuesto un punto de inflexión, sin embargo, seguimos viendo cómo se externalizan responsabilidades, se normaliza el riesgo y se señala a los más vulnerables", lamentan.