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Los principales temas de la campaña electoral en Aragón: un 'no' casi rotundo a la "injusta" financiación autonómica

El futuro de los recursos económicos y el coste de los servicios marcó el arranque de la campaña y posicionó a casi todos los partidos en contra del nuevo reparto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EUROPA PRESS / MARTA FERNÁNDEZ

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

La bomba de la nueva financiación autonómica estalló en plena precampaña de las elecciones de Aragón. La propuesta del Gobierno central, pactada con Esquerra Republicana de Catalunya, dejaba a Aragón a la cola en recursos absolutos y relativos. Según el ministerio, 630 millones de euros más para la comunidad, 265 millones según Fedea. Un asunto sobre el que se ha discutido durante las dos semanas de campaña y que será uno de los primeros que tenga que asumir el futuro presidente de Aragón.

El Gobierno de España no pensó mucho en la candidata del PSOE, la exministra Pilar Alegría, al anunciar una reforma que dejaba en mal lugar a la comunidad. La socialista, pese a los complicados datos para Aragón, defendió el nuevo reparto. Tanto las formas, el pacto inicial con Cataluña «como se ha hecho siempre», como en el fondo, por el aumento de recursos. Alegría se ha mostrado convencida de que «todas las comunidades autónomas cogerán el nuevo sistema cuando se apruebe». La reforma planteada por la ministra María Jesús Montero mantiene, como en el actual formato, que los territorios asuman o no los nuevos criterios.

Frente a la incomodidad de la socialista, la bendición para el resto de las formaciones. Más allá de la lectura de Izquierda Unida-Sumar y Podemos, que centraron sus críticas en aspectos concretos, pero sí son proclives a aceptar el nuevo sistema y mejorar la financiación de los servicios esenciales del Estado del Bienestar, el resto de formaciones políticas se han plantado. Por razones diversas, pero los otros cinco partidos no quieren saber nada de la propuesta que ha llegado desde La Moncloa, que tiene que negociarse en futuras reuniones bilaterales entre el Estado y las autonomías, y que necesitará superar varios escenarios políticos más para salir adelante.

El PP de Jorge Azcón, todavía presidente de Aragón, aprovechó los datos para jugar a favor sus cartas, ya de sí positivas para las elecciones. «Injusticia» fue la palabra más repetida en las comparecencias de prensa, cargando contra «las cesiones» al independentismo catalán y rechazando de pleno «la ordinalidad». Azcón reclamó también la despoblación y la orografía, esos dos criterios por los que hace años Aragón ya pierde financiación.

Vox centró su rechazo en la influencia de Cataluña en el reparto, pero su papel contrario a las comunidades autónomas y su defensa a ultranza del centralismo tampoco dejó mucha cintura a la crítica. La ultraderecha la enmarcó en Pedro Sánchez y en los pactos del presidente del Gobierno con ERC para lograr esos complicados equilibrios en los que se vive la actual legislatura en Madrid.

La ambición la ponen Chunta Aragonesista y el PAR. Ambas formaciones reclaman la Hacienda foral propia y «exprimir» el Estatuto de Autonomía de Aragón, en especial esa relación económica y financiera bilateral. El 107 y el 108 y la disposición adicional sexta fueron conceptos tan repetidos como los 630 o los 265 millones de euros que llegarán, o no, con el nuevo reparto.

En Teruel Existe no se llega a pedir gestionar todos los recursos, pero sí subir el valor de la despoblación y la orografía. Atender, también, a un futuro reparto que piense en ese reequilibrio territorial que es la base del proyecto político que lidera Tomás Guitarte.

La reforma de la financiación autonómica ha sido calificada como «injusta» por la mayoría de los partidos, mientras el PSOE de Alegría intenta cuadrar su discurso en Aragón con la línea que se marca desde la dirección nacional del partido. El próximo presidente autonómico tendrá que asumir la negociación de los nuevos fondos y enfrentar esa bilateralidad con el Estado para elevar la cuantía de recursos de Aragón. La comunidad, hoy a la cola según Fedea, necesita más para asegurar la sanidad, la educación y los servicios sociales que merecen los aragoneses.

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