La economía sumergida en Aragón: se triplican las sanciones por emplear a ‘sin papeles’

Un soldador que trabaja en un polígono industrial de Zaragoza, un operario en las obras de reforma de una vivienda en un poblado barrio de la ciudad o el pinche de cocina de un bar en un municipio turístico del Pirineo oscense. Son algunos de los ejemplos más representativos con los que se encuentra la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en empresas aragonesas que emplean a personas extranjeras que carecen de permiso para trabajar o residir en España, un tipo de incumplimiento que se ha disparado hasta alcanzar un nivel récord en la comunidad autónoma. Este organismo público impuso en 2025 un total de 890 infracciones a compañías por utilizar un número equivalente de inmigrantes sin papeles, un fenómeno en auge hasta el punto de que el volumen de sanciones se ha más que duplicado en el último año y ha llegado a triplicarse en apenas dos ejercicios.

La economía irregular vinculada al empleo de extranjeros sin autorización ha marcado así su máximo histórico, unos datos que cobran especial relevancia en pleno despliegue de la nueva regulación extraordinaria de extranjeros que impulsa el Gobierno central, un proceso destinado a aflorar y documentar de centenares de miles de personas en situación administrativa irregular.

Nunca antes se había alcanzado un volumen tan elevado de casos. La ITSS, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, levantó el pasado año propuestas de sanción para empresas aragonesas que explotaron a este colectivo de trabajadores por un importe que asciende a 9,15 millones de euros. La cuantía de estas multas duplica ampliamente la cifra registrada en 2024 (3,72 millones) y triplica la de los años anteriores –2,37 millones en 2023 y 2,40 millones en 2022–. La tendencia es claramente ascendente desde 2018, cuando las sanciones apenas rondaban el medio millón de euros.

El salto es abrupto. También en cuanto al número de infracciones aplicadas –equivalente al de trabajadores sin papeles detectados–, que ha pasado de las 398 contabilizadas en 2024 a 890 en 2025. En 2022 y 2023 fueron apenas 251 y 243, una tercera parte de la de ahora, una tendencia claramente creciente desde incluso antes de la pandemia -63 casos en 2018, 117 en 2019, 130 en 2020 y 123 en 2021-.

El director de la Inspección de Trabajo en Aragón, Román García, descartan que el aumento de los casos se deba a campañas específicas contra trabajadores extranjeros. «No hay una actuación dirigida a ir a por inmigrantes», explica. Las detecciones de sin papeles se producen en visitas ordinarias o en actuaciones transversales de economía irregular. Tampoco ha habido un incremento sustancial del número de inspecciones que explique por sí solo el fuerte repunte de los casos.

Las causas del fenómeno

¿Cuál es entonces el motivo? La interpretación que explica el fuerte incremento responde más, según el director territorial del organismo, a la mayor presencia de extranjeros que trabajan irregularmente en el mercado laboral y la menor capacidad de ocultación de esa realidad. En un contexto de récord de afiliación a la Seguridad Social –más de 22 millones de ocupados en España, casi 627.000 de ellos en Aragón– y una acuciante falta de determinados de trabajadores –sobre todo, perfiles como soldadores, montadores, camareros o personal de obra o logística–, algunas empresas optan por incorporar mano de obra sin documentación aun asumiendo el riesgo de exponerse a una sanción.

Según el desglose por supuestos, la inmensa mayoría de las infracciones laborales en materia de extranjería se deben a la carencia de permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena. En concreto, se localizaron 817 trabajadores en esta situación administrativa irregular, más del 90% del total. A ello se suman 64 personas con residencia pero sin autorización laboral. También se identificaron ocho casos de trabajadores por cuenta propia sin permiso laboral ni de residencia, así como una persona con autorización para trabajar pero en otro sector o empleador.

La propia Inspección de Trabajo subraya que en todos los supuestos detectados la carencia de autorización para trabajar no permite el reconocimiento de trabajo con derechos, impide las cotizaciones a la Seguridad Social y deja al trabajador sin acceso a prestaciones. Es decir: empleo sin derechos y sin red de protección social.

Sectores con más multas

La distribución por sectores desmonta algunos tópicos. En 2025, la industria manufacturera encabeza el número de infracciones (187), seguida de la construcción (184) y el comercio (134). También destacan transporte y almacenamiento (105) y hostelería (94). La agricultura, tradicionalmente señalada en estos debates, no figura entre los primeros puestos.

Para quienes llevan décadas en la gestión migratoria, la situación actual tiene algo de repetición histórica. España ha vivido ya tres regularizaciones extraordinarias de extranjeros durante los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. La impulsada ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería por tanto la cuarta. La diferencia es el «contexto político», explica un exalto cargo del área de extranjería consultado por este diario. En los años 90, según explica, la política migratoria era intergubernamental y el clima europeo no estaba atravesado por la actual ola de discurso duro contra la inmigración que recorre el Viejo Continente.

A su juicio, la regularización es extraordinaria actualmente planteada es, en el fondo, una «válvula de escape» ante el fracaso de los canales ordinarios: la falta de flujos ordenados, acuerdos eficaces con países de origen y sistemas ágiles de contratación en origen. «No es lo ideal, pero lo que no pueden hacer los países es negar lo que tienen», resume.

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