La falta de eficacia del coordinador 'antibullying' en las aulas de Aragón: "Hay centros que no saben ni quién es el coordinador"

Hace cuatro cursos que aterrizó en los colegios públicos de Aragón, y del resto de comunidades, el coordinador de bienestar y protección, al que popularmente se le ha conocido de forma érronea como coordinador antibullying. Se trata de una figura que tiene por objeto garantizar que se cumplen los derechos de la infancia y la adolescencia y promover la prevención de cualquier forma de violencia, discriminación o vulnerabilidad. Según explican desde el Departamento de Educación del Gobierno autonómico, está presente en todos los centros aragoneses desde el año lectivo 2022-2023, y «se ha consolidado como un pilar fundamental» y un «referente que impulsa entornos seguros, respetuosos y saludables emocionalmente» para los alumnos. Sin embargo, un informe reciente de la ONG Educo apunta que, aunque a diferencia de en otras, existe un marco normativo sólido en la región, su eficacia no está garantizada, ya que flaquea en puntos como la retribución económica.

El informe de Educo analiza distintos puntos. El primero, la normativa, criterio con el que Aragón cumple más que otros territorios al disponer, según señala, de «un marco normativo relativamente sólido». Con ello se refiere a que la comunidad ha establecido algunos instrumentos específicos para definir este rol, sus funciones y responsabilidades y la convivencia de la figura, que fue creada por el ministerio pero que regula cada autonomía para integrarla en sus colegios.

Con todo, el documento apunta que la comunidad aragonesa, y otras como Galicia y Extremadura, a las que se asemeja en marco normativo al estar la figura más reguladas que en otras, «todavía presentan algunas carencias», conclusión que extiende a nivel estatal al analizar distintos elementos sobre el coordinador que agrupa en dos bloques: las condiciones mínimas para el ejercicio de la función y las condiciones del entorno para garantizar la eficacia de la figura.

El primero de ellos recoge el perfil, que es el punto en el que más coinciden las comunidades. En el caso de Aragón, la figura del coordinador la suele asumir un rol que ya existe en el centro y que está vinculado a la convivencia, como es el orientador. Pero Francisco Royo, orientador educativo, psicólogo infanto-juvenil y miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, considera que no tiene por qué ejercerla el orientador, sino que «tiene que ser un profesor que se forme y que esté motivado». «Propongo que no sea el orientador porque, así, este tiene a un compañero», indica, y recuerda que son profesionales que tratan asuntos «complejos y graves» y que a esta figura hay asignadas hasta 12 funciones en la Lopivi (Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia).

Directrices comunes

En esta línea, desde la consejería de Educación sugieren que el ministerio establezca directrices comunes a todas las comunidades, determine unas características profesionales a las que deba ajustarse la figura y diseñe e imparta un itinerario de formación común. Por eso, la DGA trabaja ahora en establecer unos criterios mínimos de perfil profesional para designar al coordinador, que incluyen requisitos como una formación específica en protección de la infancia, conocimientos en convivencia y bienestar emocional y competencias en coordinación interna y externa.

Royo defiende que ello es esencial para que, al profesional que se ale asigne este rol, que a sus ojos debe ser un docente que se ofrezca voluntario y al que se forme, disponga de tiempo para asumir sus funciones. Este es otro punto de los que valora el informe, que apunta que a nivel estatal «la disponibilidad horaria sigue siendo un punto débil» y concreta que, en Aragón, los centros reciben una bolsa general de horas para las diferentes coordinaciones y cada equipo directivo las distribuye según sus prioridades, por lo que la dedicación de esta figura dependerá de las decisiones de cada centro. «Creo que esa liberación horaria no se está dando», opina Royo.

Otro de los puntos en los que pone el foco Educo y en el que suspenden la mayoría de territorios es el complemento salarial. Según el documento es, dentro de las condiciones mínimas para el ejercicio de la función, «el aspecto más débil»solo Canarias, Cataluña y Galicia lo han precisado. En el resto de autonomías, entre ellas Aragón, hay una ausencia del mismo que «no solo desincentiva el desempeño, sino que además invisibiliza la carga adicional que asume la figura». En este sentido, la consejería de Educación apunta que, dada la obligatoriedad de esta figura necesaria, «debería haber una financiación específica del ministerio».

En cuanto a las condiciones del entorno para garantizar la eficacia de la figura, el análisis estudia puntos como la coordinación interna y la externa. La primera comprende implicaciones con los equipos directivos, de orientación y convivencia, y «es uno de los aspectos más regulados» en los territorios. Royo hace hincapié en él: «Tener autonomía es bueno y malo. Cuando hay gente con interés, sacas una parte muy positiva, no está el coordinador solo, sino que hay más compañeros motivados y el plan de convivencia se ejecuta». En caso contrario, la figura no sale adelante. «Hay centros que no saben ni quién es el coordinador», apunta. La segunda se refiere a colaboración con otros actores como los servicios sociales o las fuerzas y cuerpos de seguridad, relevantes cuando se activan protocolos. El análisis dice que «solo Canarias, Cataluña, Extremadura y Murcia incluyen referencias claras» a la misma. La DGA trabaja en este aspecto.

El informe concluye así que «la existencia formal del coordinador está generalizada, pero su capacidad real para impulsar la prevención, la detección temprana y la cultura del buen trato continúa limitada por la falta de condiciones básicas para su ejercicio en muchos casos». En Aragón, entre los retos, el complemento salarial.

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