Más chispas en la gestión de menores: La Delegación acusa al Gobierno de Aragón de "confluir con Vox en un tratamiento alarmista del fenómeno"

El conflicto en Aragón por los servicios de atención a los menores tutelados en la comunidad ha vuelto este lunes al enfrentamiento político. Tras una reunión celebrada este lunes en la consejería de Bienestar Social y Familia, el Gobierno de Aragón ha lanzado un comunicado señalando que es la política de inmigración del Gobierno de España la que está generando "una tensión en los sistemas de acogida de menores" ante la que los ejecutivos autonómicos carecen de herramientas y medios. Una posición que ha molestado a la subdelegada Noelia Herrero que ha denunciado que la lectura de la cita, que en su opinión ha discurrido por los cauces de normalidad habituales, parece inducida "por la necesidad de confluir con Vox en un tratamiento alarmista del fenómeno migratorio que de responder a la realidad de los hechos abordados en las reuniones de trabajo".

En el encuentro han asistido también representantes de la Judicatura y la Fiscalía de Menores, de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Convocado por el propio Gobierno de Aragón, su objetivo ha sido informar "de todas las gestiones que se han estado realizando para reforzar el sistema autonómico de menores" en favor de la convivencia e integridad de los trabajadores de estos centros y de los propios menores, extranjeros o no, bajo la tutela de la Administración. La reunión llega tras un violento motín en el reformatorio de Juslibol que ha puesto en alerta tanto a trabajadores como a familiares tras dejar más de veinte heridos y muchas dudas sobre la seguridad del recinto.

Así, la subdelegada ha señalado que en la reunión se ha hablado "de las carencias estructurales" que tiene el centro de reforma y cuáles serían los caminos a seguir para solucionarlos, momento en el cual el Gobierno de Aragón "ha reconocido que tiene la suficiencia presupuestaria para evitar que se vuelvan a quedar desiertos los concursos de gestión".

Por otro lado también se ha hablado sobre la solicitud autonómica de repatriación de doce menores de otros recursos de acogidad algo que va ligado a la petición formal de un cambio en la ley del menor por parte del Ejecutivo autonómico. En opinión de la consejería, el texto actual "se ha demostrado insuficiente" porque no da herramientas ni a las comunidades autónomas, competentes en menores, ni a las autoridades judiciales ni a las fuerzas del orden "para contener las situaciones que se están produciendo y que no solo suceden a puerta cerrada".

Ante la petición de expulsión de los menores, Herrero ha negado en la reunión que los trámites no se hayan iniciado al señalar que dada la compleja situación a la que se efrentan en sus entornos de origen, se está a la espera de recibir la información que acredite y apoye la repatriación conforme al interés superior del menor, como marca la legislación vigente. Además, la subdelegación incide en que la repatriación "no puede ser la respuesta ante el fallo del sistema".

El Gobierno de Aragón ha recordado que una de las respuestas que se planteó la pasada primavera para reforzar la seguridad de los centros de menores fue la implantación del sistema AlertCops, que quedó descartada por la secretaría de Estado de Seguridad en octubre de 2025. Por su parte, la delegación del Gobierno de España ha denunciado que este aspecto no ha estado sobre la mesa y que si se hubiera tratado se habría precisado que el principal motivo por el que no se ha llegado a implantar "es porque dicho sistema funciona a través del teléfono móvil y los educadores del centro de Juslibol no tienen permitido el uso de este tipo de dispositivos".

No obstante, y con los datos de los incidentes ocurridos en el centro de Juslibol desde el 2024 en la mano, Herrero ha destacado que la respuesta policial es siempre inmediata. «Estamos hablando de minutos. La respuesta media es de cuatro minutos y medio», ha dicho.

La DGA ha expuesto que a lo largo de los últimos meses "se han reforzado medios personales y técnicos" en todo el sistema, se ha incrementado la seguridad y se ha contratado personal para atender los nuevos centros que se han debido abrir para responder al traslado de menores migrantes no acompañados que está llevando a cabo el Estado. Con todo, creen que no es suficiente y piden un cambio estructural en el sistema. "Pese a estas y otras medidas, el comportamiento disruptivo y violento de los menores conflictivos acaban afectando a otros jóvenes que sí están avanzando en su integración y formación al amparo del sistema y perjudicando a toda la estructura", denuncian.