Una denuncia penal señala al Gobierno central y al aragonés por los permisos concedidos a Forestalia
La Plataforma 13M Aragón por la Racionalidad Energética solicita la paralización de todas las tramitaciones de implantación de instalaciones relacionadas con energías renovables en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad

Molinos en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

La Plataforma 13M Aragón por la Racionalidad Energética ha presentado una denuncia ante los juzgados tras detectar presuntas irregularidades en la gestión de la implantación de la instalación de energía renovable en Aragón en favor de la empresa Forestalia.
Según denuncian, se han autorizado proyectos de Forestalia definiendo infraestructuras como "líneas de evacuación" privadas cuando, por su tensión (400 KV), longitud (centenares de km) y capacidad, constituyen auténticas redes de transporte eléctrico que es competencia exclusiva de Red Eléctrica de España, argumentan. En este ámbito, el Ministerio para La transición Ecológica y Reto Democrático ha autorizado a la empresa aragonesa líneas similares a otras denegadas a otros promotores por motivos ambientales.
Añaden que la misma irregularidad se ha detectado en autorizaciones de parques a Forestalia en ubicaciones similares a los de otras promotoras denegados por el mismo Ministerio para la transición Ecológica y Reto Democrático por afectaciones ambientales, añaden.
Según la plataforma, un aspecto central en la denuncia es el fraccionamiento de proyectos, ya investigado desde la Guardia Civil. Se aceptan proyectos fragmentados en múltiples subparques y líneas de menor entidad para eludir una evaluación ambiental estratégica conjunta. De esta forma, aseguran, se obvia el impacto acumulativo y sinérgico sobre el territorio. Esta fragmentación de proyectos se ha observado también en proyectos tramitados por el gobierno aragonés, subrayan.
La ubicación de proyectos en zonas protegidas por el ordenamiento municipal, por la Ley de Montes de Aragón o en zonas agrarias protegidas por el propio Gobierno de Aragón es "una irregularidad" presente en todas las comarcas aragonesas, apuntan desde la plataforma.
Se alerta igualmente sobre la externalización de proyectos para realizar evaluaciones ambientales a empresas relacionadas profesionalmente con Sarga o Forestalia. Se constatan EIAs deficientes y/o incompletas y otras irregularidades en la tramitación, como la no comunicación a interesados, modificaciones sustanciales sin volver a iniciar el trámite o la presencia de informes no presentados en exposición pública y aportados con posterioridad sin posibilidad de conocimiento por parte de la ciudadanía.
En materia ambiental, esta plataforma asegura que se ha detectado una valoración incorrecta de los riesgos reales para la avifauna por parte de MITERD y realización de informes por el promotor carentes de imparcialidad y objetividad. Recoge la denuncia la incapacidad financiera detectada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia al constituir Forestalia cientos de microempresas sin apenas capital y sin que esto haya supuesto ningún problema para las aprobaciones. Se contemplan también en la denuncia irregularidades en la concesión de Autorizaciones Administrativas Previas de L.A.T. fuera del plazo marcado por la administración y autorizaciones de parques para autoconsumos industriales.
El texto también concluye que en muchos casos se han incumplido los hitos relativos a la obtención de la autorización administrativa previa, por tanto la Administración denunciada, que en este caso sería la dirección general de energía y minas, estaría manteniendo de forma fraudulenta la tramitación de unas autorizaciones caducadas.
De acuerdo a todo lo expuesto, durante los procesos de investigación en curso o de los que se puedan suscitar a raíz de esta denuncia, solicitan la paralización de todas las tramitaciones de implantación de instalaciones relacionadas con energías renovables en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad.
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