El antecedente del pacto PP-Vox en Aragón: estas fueron las medidas clave del acuerdo de 2023

Las cartas del juego han cambiado, pero el Partido Popular y Vox ya alcanzaron un acuerdo para la gobernabilidad de Aragón en 2023, consistente en 80 medidas con las que ambas formaciones ponían las bases de un programa que debía desarrollarse en los cuatro años de legislatura. Sin embargo, la salida de Vox de todos los ejecutivos autonómicos de los que formaba parte un año después evitó que se pudiera cumplir esta declaración de intenciones.

PP y Vox tomaron la iniciativa con la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón, que fue la primera gran acción de los dos partidos como socios de gobierno coincidiendo, además, con el 20 de noviembre, fecha cargada de simbolismo por la muerte del dictador Francisco Franco.

En un acuerdo que recordaba en su primer párrafo el reparto de fuerzas -los 28 diputados y el 35,55% del PP y los 7 diputados y el 11,25% de Vox-, se establecían también unos ejes estratégicos claros: "la libertad, el desarrollo socioeconómico, la defensa de una fiscalidad justa, el impulso a nuestras administraciones locales, la cohesión de nuestro territorio y la igualdad de todos los aragoneses vivan donde vivan".

En esos ejes no aparecía la lucha contra la "inmigración ilegal", que después justificó Vox para salir de los gobiernos. El acuerdo sí incluía como prioridades para el gobierno de coalición la "mejora de los servicios sociales, la edudación y la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad de los ciudadanos y la potenciación de nuestra cukltura y tradiciones".

El pacto recogía asimismo la composición del futuro gobierno de coalición, con una vicepresidencia primera de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y la consejería de Agricultura y Ganadería para Vox. Ahora, el reparto de fuerzas ha cambiado: el PP tiene 26 diputados y un 34,26% de los votos (un 1,24% menos), y Vox, 14 diputados y el 17,88% (un 6,64% más). Pero aún no se ha concretado cómo se trasladará ese nuevo equilibrio de fuerzas al hipotético nuevo gobierno de coalición.

El presidente aragonés en funciones ha recalcado la necesidad de que cualquier acuerdo que llegue se base en el cumplimiento de la legalidad, de las competencias de la Administración autonómica y del "mínimo común" entre los programas políticos de cada partido.

En el acuerdo de 2023 se recogían cuestiones que el PP ha ido aplicando (o intentando aplicar) en solitario, como la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la "libertad de elección" de centro o la progresiva concertación del bachilerato, cuestión que prometió en los últimos meses y que preveía recoger en el presupuesto de 2026, que no llegó a aprobar.

También se quedó en el tintero la "reforma" de la ley de Identidad de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón (ley Trans) y varias rebajas e incentivos fiscales. Ahora, tras una campaña electoral marcada por la defensa del trasvase por parte de Vox, está por ver cómo ambas formaciones salvan esa cuestión. En el acuerdo programático de 2023 se limitaban a pedir el "desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria". El debate hidráulico puede ser uno de los escollos que tengan que sortear en la futura negociación.

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