Cuando no hay familia, hereda Aragón: así se gestionan 14 millones y 17 viviendas procedentes de legados sin dueño

Cuando una persona fallece sin testamento y sin familiares hasta el cuarto grado –sin cónyuge, hijos, padres, hermanos, sobrinos, tíos o primos hermanos– la herencia no queda en el limbo. En Aragón, la ley es clara. Si el fallecido tiene vecindad civil en esta tierra, el Gobierno autonómico asume la sucesión. Desde 2001, el Gobierno autonómico ha destinado a fines sociales más de 14 millones de euros que ha recibido por esta vía, así como 17 viviendas desde 2014. No por una cláusula moderna, sino por una tradición jurídica que hunde sus raíces en sus históricos fueros y que hoy se recoge en el Código de Derecho Foral de Aragón.

Se trata de una singularidad con base histórica. Ya en la tradición foral aragonesa, la ausencia de herederos abría la puerta a que los bienes se destinaran a fines de utilidad pública o asistencial. El referente más citado es el antiguo hospital de Nuestra Señora de Gracia, institución histórica zaragozana que durante siglos recibió bienes y legados sin heredero conocido, reforzando su función asistencial. Aquella lógica de que los patrimonios sin sucesor reviertan en beneficio colectivo es la que hoy articula la normativa autonómica, que se ha ido puliendo y ampliando.

Una de las principales novedades se introdujo en 2014, cuando se abrió la puerta a que las viviendas heredadas no se subastaran de forma automática, sino que pudieran destinarse prioritariamente a uso social "siempre que reunieran las condiciones adecuadas", según explican desde el Gobierno de Aragón, que recuerdan que se hizo para dar cumplimiento a una proposición aprobada en las Cortes de Aragón.

Ese criterio se refuerza ahora con un marco normativo más claro y actualizado, que incorpora esta finalidad expresamente y recoge medidas para que sea más efectiva. Así lo recoge el proyecto de decreto que el Gobierno de Aragón ha sacado a información pública para regular de forma integral las adquisiciones hereditarias a favor de la comunidad autónoma, según publicó este martes el Boletín Oficial de Aragón.

Cómo funciona hoy la sucesión a favor del Gobierno de Aragón

La regulación actual se apoya en el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón (2023) y en el Decreto 185/2014, que ordena el procedimiento administrativo. Desde 2015, además, el Ejecutivo autonómico puede declararse heredero por vía administrativa, sin necesidad de intervención judicial, lo que ha agilizado la tramitación.

Cuando se confirma que no existen herederos legales, el Gobierno de Aragón adquiere el caudal hereditario, ya sea dinero, viviendas, fincas, depósitos bancarios, acciones u otros bienes. Habitualmente, los inmuebles y objetos se venden mediante subasta pública y el importe neto se incorpora a un fondo específico. No obstante, con en el nuevo decreto en tramitación se refuerza el criterio de priorizar que las viviendas recibidas se destinen a políticas públicas cuando sea posible.

Los fondos que recibe la DGA por esta vía no son de libre disposición. El Código de Derecho Foral obliga a destinarlo a establecimientos de asistencia social con sede en Aragón, con preferencia para los del municipio donde la persona fallecida tuvo su último domicilio. La distribución corresponde a la Junta Distribuidora de Herencias, un órgano colegiado presidido por el consejero competente en materia de Hacienda e integrado por responsables de áreas como Sanidad, Bienestar Social, Servicios Jurídicos o Intervención.

Más de 14,3 millones desde 2001

Las cifras muestran que no se trata de casos excepcionales. Entre 2001 y 2024, el Ejecutivo autonómico ha repartido 14.302.469,57 euros procedentes de sucesiones legales. Solo en los cuatro últimos ejercicios se distribuyeron casi 4,1 millones de euros. La cifra más alta se alcanzó en 2022, con 1,3 millones.

Desde 2001 hasta 2022 ya se habían financiado más de 500 proyectos de 219 entidades sociales distintas. Los fondos se han destinado a atención directa a personas en riesgo de exclusión, pobreza o discapacidad, y de forma extraordinaria también sirvieron para afrontar gastos derivados de la pandemia.

El mayor legado registrado se remonta a 1999. Fueron más de 15 millones de euros, una herencia que permitió financiar, entre otras actuaciones, la residencia de mayores Elías Martínez en el barrio zaragozano de Torrero-La Paz y otro centro en Utebo.

Viviendas: de la subasta al alquiler social

La principal novedad introducida a partir de 2014 --y ahora reforzada en el nuevo decreto en tramitación-- es que las viviendas heredadas no se liquiden necesariamente, sino que se destinen prioritariamente a uso social si reúnen condiciones adecuadas. Desde ese año, 17 viviendas procedentes de sucesiones legales han sido adscritas a la Red de Bolsas de Viviendas de Alquiler Social de Aragón. Actualmente hay inmuebles en Huesca (1), Zaragoza (12), Ejea de los Caballeros (1) y Sabiñánigo (2)

Estas viviendas pasan a ser gestionadas por la Dirección General de Vivienda y se integran en el sistema público de alquiler social, ampliando un parque limitado sin necesidad de promoción nueva. No todos los inmuebles pueden destinarse a esta finalidad. Algunos requieren reformas costosas o no cumplen condiciones de habitabilidad, por lo que se opta por su venta y posterior redistribución del importe.

Nuevos expedientes y continuidad

En 2025 se ha acordado iniciar procedimiento de sucesión legal en cuatro nuevos casos de personas fallecidas sin descendientes conocidos o cuyos posibles herederos han renunciado. Es la prueba de que el mecanismo sigue activo, aunque las autoridades reconocen que no se trata de situaciones frecuentes.

La sucesión legal a favor de la comunidad autónoma no es una anomalía administrativa, sino la actualización de un principio foral histórico por el que los bienes sin heredero reviertan en el común. No es una partida presupuestaria de gran volumen, ni resuelve por sí sola las necesidades sociales de Aragón, pero, año tras año, convierte patrimonios sin destinatario privado en recursos para la asistencia social y la vivienda pública. Una herencia sin herederos que, en Aragón, nunca queda sin destino.