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Los abogados aragoneses ya han detectado "fraudes y estafas" ante el próximo proceso de regularización de migrantes

El colegio oficial en Zaragoza y las entidades sociales denuncian la venta de citas falsas, certificados sin validez y asesoramientos sobre una normativa que aún no ha sido aprobada definitivamente

Un grupo de migrantes espera un autobús en la estación de Fraga, en una imagen de archivo.

Un grupo de migrantes espera un autobús en la estación de Fraga, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ANGEL GRACIA

David Chic

David Chic

Zaragoza

Las redes sociales se han llenado de anuncios sobre asesorías a migrantes de cara al próximo proceso de regularización extraordinario. En ellos se ofrecen consejos pasa sumarse a un proceso que aún no se ha detallado legalmente, se recomiendan acciones de cara a demostrar la presencia en España antes de 2025, se venden citas previas para lograr impresos que aún no existen o se ofrecen certificados de dudoso valor. Algunos de estos engaños salen de intermediarios con colectivos de extranjeros, de locutorios, agencias de viajes y otros negocios orientados a la comunidad internacional o incluso de abogados «con pocos escrúpulos», según denuncian voces de la profesión en Aragón. Según los últimos cálculos, entre 15.000 y 16.000 residentes en la comunidad en situación irregular podrán beneficiarse de la medida que tiene intención de impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta de la sección de Derecho de Extranjería del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), Begoña Heras, lamenta que desde «el minuto uno» de conocerse la iniciativa «empezaron a circular este tipo de mensajes» debido sobre todo «a la inquietud y la necesidad de información» que tienen las personas que no residen de forma legal en España. Por ese motivo desde la profesión piden trasladar «un instante de calma» hasta que se conozca el texto definitivo de la ley. «Por ahora el borrador está sujeto a cambios y todavía tiene que someterse al dictamen del Consejo de Estado», evidencia.

Heras recuerda que ante este tipo de procesos es fundamental contar con asesoría especializada y recuerda que desde la Abogacía Española se ha recordado la necesidad de reforzar las garantías. «Los abogados somos los profesionales más preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes», especifican.

Heras explica que la regularización de estas personas es un paso fundamental para completar la reforma del reglamento de extranjería emprendida la pasada primavera. Aquel camino dejó en un limbo a toda la bolsa de personas solicitantes de asilo que con el reglamento anterior quedaron fuera de la posibilidad de acogerse a una residencia a través del arraigo, van a tener ahora la opción de hacerlo. «Con la modificación anterior, esas personas quedaban fuera y tenían que esperar dos años tras la denegación de su asilo para poder solicitar la residencia. Ahora, van a tener esta posibilidad a través de la vía de la regularización», explica.

Por su parte, el abogado especializado en inmigración y extranjería, Álvaro Villacampa, se muestra muy consciente de los riesgos a los que se enfrentan los extranjeros en situación irregular cuando se realiza un anuncio de este tipo. «Este tipo de noticias son el caldo de cultivo para gente oportunista», denuncia. Afirma que existen profesionales que cruzan «líneas rojas» por cobrar por servicios de asesoramiento «cuando no hay nada que asesorar».

En todo caso, reconoce que el anuncio está provocando «incertidumbre» en algunos de los expedientes de regularización que muchas personas ya tienen iniciados. «Los migrantes que tienen procesos ordinarios temen que la modificación les permita optar a la residencia de forma más simplificada», establece.

Como ejemplo precisa que para tramitar un arraigo en este momento hace falta un precontrato de trabajo que posiblemente no será necesario con una regularización no condicionada. «Es muy difícil dar una buena respuesta cuando te hacen una consulta de este tipo, pero yo creo que es bueno mantener los trámites actuales porque el grado de incertidumbre política del último anuncio es muy grande», señala Villacampa. «No es recomendable quedar a la expectativa de probables retrasos», incide.

Falta de medios

Otro de los problemas de esta situación tiene que ver con los posibles cambios que se introduzcan en la norma tras la ola de fraudes y engaños. «Sería una lástima que se endurezcan las condiciones por el uso de triquiñuelas torciendo las esperanzas de mucha gente», expresa el letrado.

En el ámbito asociativo también han saltado las alarmas como señalan desde Sercade. «Desde el anuncio mucha gente se trata de aprovechar porque existe una oportunidad de futuro muy importante, por eso nosotros tratamos de tranquilizar y explicar que todavía no hay nada oficial», manifiesta la coordinadora Jessy Clemente.

La oenegé buscará convertirse en una entidad colaboradora y confían en poder acompañar en el proceso de regularización hasta a 300 personas en Aragón. «Queremos transmitir que estarán asesorados en todo momento, es importante que se sientan acompañados y sabiendo que tendrán información en tiempo real», destaca. Por ahora ya han detectado que algunos migrantes han pagado por asesorías que no tienen ninguna validez.

Otro de los puntos de preocupación está en la falta de medios de la administración pública. La abogada Begoña Heras confía en que el proceso pueda hacerse a través de las Unidades de Tramitación de Extranjería (UTEX) con más espacios habilitados como sucedió en la anterior regulación, especialmente atendiendo a la atención presencial, algo muy necesario para dar servicio a las personas sin permiso de residencia legal. «Si no se toman medidas el sistema no será capaz de absorber el volumen de trabajo que se prevé», advierte. Desde el ámbito social Clemente se muestra tajante: «Es el momento de echar el resto y evitar que se juegue con miles de proyectos de vida».

Crece el mercado negro en el padrón

Más de una veintena de oenegés han denunciado esta semana un «mercado negro» en España que cobra a personas migrantes hasta 500 euros a cambio de un empadronamiento y que se lucra de las trabas contrarias a la ley que los extranjeros enfrentan para conseguir un documento que les da acceso a servicios y prestaciones básicas.

La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que agrupa a más de veinte organizaciones incluidas Oxfam, Red Acoge o Bienvenidxs Refugiadxs de Huesca, ha elaborado un informe donde expone las dificultades que los migrantes y las personas vulnerables, como los sinhogar, encuentran para ejercer un derecho, el empadronamiento, recogido por ley.

A través de un análisis basado en situaciones detectadas por las entidades participantes, fuentes abiertas y publicaciones de prensa, alertan de la existencia de redes organizadas que venden inscripciones en el padrón. Los captadores emplean desde el boca a boca a plataformas de internet de compraventa de segunda mano y anuncios, donde camuflan sus ofertas en anuncios sobre habitaciones, con derecho a padrón.

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