Zaragoza y Aragón, pendientes de Vox: todas las miradas se dirigen a Bambú

Pocas veces ha ocurrido en Aragón que las dos principales instituciones de la comunidad autónoma vivan a la vez un compás de espera. Es lo que ocurre desde hace unas semanas en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón, donde se solapan dos procesos negociadores que tienen a sus gestores con el freno pisado en cuanto a la gestión y pendientes de Vox.

Por un lado, el Ejecutivo aragonés que dirige Jorge Azcón se encuentra en funciones después de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero por las que obtuvo 26 diputados y que le obligan a volver a contar con Vox para mantener el bastón de mando. Por el otro, la alcaldesa de la capital aragonesa, la popular Natalia Chueca, sigue negociando con Vox después de que los de Abascal dijeran que no cuando habían dicho que sí a los presupuestos de 2026. En un caso y en el otro, las miradas de los dirigentes del PP se dirigen a Bambú, cuartel general de Vox en Madrid, donde se tomarán todas las decisiones cuando ellos quieran.

Las cosas no van mal para fraguar ese "acuerdo global y estable, sin ruido y a fuego lento" que reclama el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón. Porque en este caso la ausencia de noticias son "buenas noticias" para los intereses del PP, que quiere volver a gobernar tejiendo un pacto sólido con los de Vox en Aragón que se decidirá con la dirección del partido de extrema derecha en Madrid.

La primera prueba de fuego de esos contactos iniciales que están manteniendo será el 3 de marzo, con la constitución de las Cortes de Aragón, en la que unos y otros dan por hecho que habrá de llegarse con un principio de acuerdo que ponga las bases de ese pacto global que ate al PP y a Vox para los cuatro años de la legislatura.

En Zaragoza tienen sus propios problemas y sus propios plazos, marcados por el contexto electoral. PP y Vox han retomado las negociaciones para tratar de sacar adelante las cuentas de 2026, aunque parece poco probable que lleguen a un entendimiento antes de este jueves 26 de febrero, fecha en la que se someterá a votación.

Los ultras no han mostrado objeción alguna a las cuentas. Prueba de ello es que sus enmiendas son a las bases de ejecución, no a las partidas e inversiones concretas que definen el proyecto de ciudad de la alcaldesa. Su "no" rotundo es a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que exigen eliminar o, al menos, acabar con el régimen sancionador. Lo llamativo es que Vox sabe que, de hacerlo, Zaragoza perdería la friolera de 22 millones para bonificar el transporte público. No es una cifra baladí y no parece responsable el argumento de Vox de que sea el presupuesto municipal el que asuma esta cuantía para que los ciudadanos no sean los perjudicados. De perder esos 22 millones, pasarían de pagar 55 céntimos a 93 –con tarjeta bus- en cada viaje. Casi nada.

Fuentes cercanas aseguran que la negativa de los ultras es nacional, una exigencia de Santiago Abascal, restando toda capacidad de negociación del grupo municipal, cuya autoridad y capacidad de decisión en la ciudad parece mínima.

Quizá Abascal debería saber que el grupo municipal de Vox en el ayuntamiento no votó en contra de la ordenanza que regula la ZBE antes de apoyar las cuentas de 2025, se abstuvo. Entonces no hubo problema. De ahí su contradicción, por no hablar de que en otras ciudades con restricciones ambientales han apoyado las cuentas.

Así que, a sabiendas de que las decisiones se toman en Madrid, con una negociación en las Cortes de Aragón en marcha, parece que el PP no puede aspirar al ‘sí’ de los cuatro concejales de Vox y sería un éxito que se abstuvieran. Menos aún porque la votación en el Ayuntamiento de Zaragoza se produce una semana antes de que PP y Vox tengan que llegar a ningún acuerdo a nivel autonómico.

Natalia Chueca está dispuesta a cumplir con otra de sus exigencias, como es la reducción de la estructura y la fusión de patronatos y sociedades. No lo descarta, aunque no será un proceso sencillo puesto que hay puestos de trabajo en juego. No obstante, el PP está abierto iniciar el proceso. Pase lo que pase, la alcaldesa sacará adelante las cuentas pero tendría que activar la moción de confianza, con el desgaste que ello supone y la imagen de debilidad que arrojaría una votación en la que solo le apoyarían los suyos.

El presupuesto se ha convertido en el talón de Aquiles de la alcaldesa, el primer gran revés al que se enfrenta desde la Alcaldía y no por su gestión, sino por el contexto electoral en el que se ha producido su aprobación. Las cuentas estaban pactadas cuando Vox, en una rueda de prensa, anunció que votaba en contra. «Las elecciones dinamitaron el acuerdo», aseguran fuentes cercanas a la negociación que, a cuatro días de la votación definitiva, aseguran que Vox está en el «no por el no» por una cuestión electoral y una orden de Madrid.

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