El sector de la protección de menores lamenta unos servicios mínimos "del 100%" en sus jornadas de huelga: "Les dan igual los derechos de los trabajadores"

Los trabajadores de los centros de reforma y protección de menores de Aragón han convocado tres jornadas de huelga los días 2, 3 y 4 de marzo con la intención de mostrar su disconformidad con la privatización del sector, que ha abocado a un panorama de denuncias y violencia por la falta de personal y medios para desempeñar su trabajo. Sin embargo, este lunes han denunciado que desde el Gobierno de Aragón les imponen unos servicios mínimos del 100% que limita su derecho de protesta. Con todo, señalan que este porcentaje evidencia la precariedad a la que se enfrentan, pues no se puede prescindir de un solo trabajador sin poner en riesgo la continuidad del sistema.

La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha señalado que este viernes tendrá lugar la última cita de mediación en el SAMA y en el caso de no lograr avances las concentraciones en los días de paros serán frente a las sedes de Ozanam, las Cortes de Aragón, Rey Ardid y Kairos. "Las empreas son aragonesas y tienen la representación suficiente para trabajar juntos en la solución y firmar un convenio que termine con las situación de precariedad y desprotección de los menores", han indicado.

La platafatorma recuerda que desde la privatización del sector en el 2002 sus trabajadores han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 50% comparado con lo que cobrarían si fueran funcionarios. Además, han puesto sobre la mesa que en el último año, marcado por el asesinato de una educadora en Extremadura, la situación "sigue igual o peor" a pesar de los riesgos a los que se enfrentan. "Es obligación de las empresas velar por la seguridad de las personas trabajadoras garantizando un servicio de calidad", incide el representante de CGT en la plataforma, Héctor García.

Los representantes de los trabajadores han recordado que en los últimos meses en Aragón se han producido "hechos muy graves" como ha sido las denuncias sobre el centro de Ateca, ha indicado la secretaria del sector de servicios sociales de UGT, Angélica Mazo. los incendios en el centro de Rey Ardid en Teruel y el de un centro de Ozanam en Zaragoza, las agresiones en los centros de protección de Kairós, tanto a personal educativo como entre los propios internos. El último estadio de esta degradación del sistema se ha sido el motín del reformatorio de Juslibol (el cuarto en los últimos dos años) que requirió la intervención de seis furgones antidisturbios de la Policía Nacional para ser reducido.

Los trabajadores han recordado que en el propio centro de menores hay un 30% de los educadores de baja en un ejemplo más de la precariedad a la que se enfrentan. Y han señalado que cinco de las seis empresas que operan en Aragón mantienen turnos de noche con una sola persona, algo que consideran un riesgo total y absoluto a su seguridad. En total, en el sector se calcula que trabajan unos 600 trabajadores repartidos en 64 centros atendidos con 500 plazas en total.

Ante las jornadas de huelga, y a pesar de unos servicios mínimos que en opinión de los sindicatos parecen reflejar que al Gobierno de Aragón "les da igual los derechos de los trabajadores", según el responsable de servicios socioeducativos de la federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Alberto Echevarría. Inciden igualmente en que llevan "desde que comenzó el proceso" ofreciendo su colaboración para participar en las soluciones. Sin embargo, lamentan la falta de compromiso en la materia. "Lejos de contar con los trabajadores, atendiendo a lo que llevamos meses denunciando, se usan estos conflictos para criminalizar a los menores sin poner medios encaminados a solucionar el problema", han expresado.

Las exigencias concretas que por el momento no han obtenido respuesta implican "el fin de los turnos de una sola persona trabajando" y el fin de la sobreocupación de los centros y el cumplimiento de las condiciones reflejadas en los contratos. Los trabajadores piden trasladar a Aragón un modelo de convenio colectivo similar al que se aplica en Navarra o en Valencia. "La situación es tan compleja que muchas personas están dejando de trabajar", señala García.