Habla un exresidente del centro de mayores de Pinseque: "Aquello era una dictadura, nos gritaban y no dejaban salir a nadie a la calle"
Esta persona pidió a su asistente social que le cambiase de residencia cuando vio que la situación se tornaba insostenible y tras sufrir robos y trato desigual

Dos residentes del centro para mayores de Pinseque. / Pablo Ibáñez
Varias trabajadoras y extrabajadoras de la residencia privada de mayores Hogar 65-Fundación San Jorge, en Pinseque, han denunciado públicamente dos episodios de presuntas agresiones sexuales, además de deficiencias graves en higiene, alimentación y atención sociosanitaria. En el centro residen actualmente 43 personas. “Si me pongo a contar cosas, no paro… Nos gritaban por la mañana, entraban en las habitaciones lanzando improperios. Aquello era un desastre, una dictadura, se puede decir. No dejaban salir a nadie a la calle”, explica un exresidente a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
A estas denuncias se suma ahora el testimonio de una persona permaneció en el centro durante más de un año y que asegura que la situación era insostenible. “Desde el principio veías que aquello no funcionaba bien. Castigaban a la gente que a lo mejor discutía con algún trabajador. “Había muchas cosas raras con la dirección del centro. Muchísimas”, afirma y matiza que, como en todos los sitios, también había trabajadores buenos y educados.
El exresidente confirma que tuvo conocimiento de una supuesta agresión sexual a una mujer del centro. “Sí, parece que hubo una agresión sexual. Según tengo entendido, hay una denuncia. La señora no estaba muy bien y todo el mundo lo sabía”, relata. Reconoce que sabe quién es esa persona: “La conocía, claro. Se sentaba cerca de mí, me pedía caramelos, me pedía dinero. Era una persona vulnerable”.
El antiguo usuario también cuestiona la información con la que se promocionaba el centro. “Se anunciaban como residencia para personas válidas, pero de válidos había diez o doce, contando con los dedos de una mano. Yo tengo la copia de esa publicidad”, asegura. Esta persona reconoce que es mayor, pero que es totalmente autónomo y válido. Por eso se decantó por este centro diseñado para personas que mantienen su capacidad física y cognitiva. “Eso es publicidad engañosa”, reitera.
Entre las irregularidades que describe, menciona problemas de higiene y alimentación. “Racionaban el pan y las galletas del desayuno. Te daban un trocito de pan y cinco galletas, nada más. A unos les ponían el plato lleno y a otros a medias”, denuncia. Por ejemplo, con las televisiones, también había tratos de favor: “Había que ponerla siempre al gusto de un mismo señor porque era quien era, justo del mismo lugar que la directora”.
También critica el uso de cubiertos de plástico y la gestión sanitaria: “Hubo un virus y caímos muchos. Y yo me enteré porque lo viví, claro”.
Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, habla de “deferencias” hacia determinadas personas y de un trato desigual. “Dependía de quién fueras. A unos les dejaban hacer cosas y a otros no. Nos cerraron los balcones para que no saliéramos a tomar el fresco, pero a una señora por la noche le abrían para que fumara”, explica.
Además, asegura que no se permitía salir libremente del centro: “Yo estoy bien de la cabeza, puedo ir a por el pan o a la farmacia. Allí no dejaban salir a nadie”, reitera.
Retirada de llaves y robos
Uno de los episodios que más le marcó fue la retirada de las llaves de los armarios. “Nos quitaron las llaves y si querías cambiarte tenías que llamar para que vinieran a abrirte. Se lo dije a la inspectora cuando vino y al poco tiempo nos las devolvieron”, cuenta.
También denuncia robos en su habitación: “Tenía 500 euros en un cajón y desaparecieron. Me quitaron cremas que necesitaba para una herida del pecho y una colección de monedas. ¿Para qué?”, expone.
Lo que esta persona no sufrió fue ningún episodio de acoso en primera persona: “De eso no, claro, porque ellos sabían que yo estaba muy cuerdo y sabía a quién podía llamar y a dónde no...”, relata.
El exresidente afirma que trasladó sus quejas a su asistenta social y a la inspección. “La inspección vino por mí. Yo no consentía esas diferencias”, asegura. Finalmente, con apoyo de su trabajadora social, solicitó el traslado. Hoy vive en otra residencia y asegura haber recuperado la tranquilidad. “Aquí me dicen que vaya a por el pan, que vaya a la farmacia. Han depositado confianza en mí. Eso lo dice todo”, argumenta.
Mientras tanto, la dirección del centro ha comunicado su intención de cerrar las instalaciones a finales de marzo y plantear un expediente de regulación de empleo para la plantilla. Las denuncias, sin embargo, han puesto el foco en lo ocurrido dentro de sus muros y en la necesidad de esclarecer los hechos.
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