Los educadores de menores aragoneses inician su huelga: "Las empresas sociales no muestran sensibilidad"

Mayor equiparación posible al sueldo del funcionario, rebajar la jornada laboral y garantizar la seguridad laboral. Estas son las principales cuestiones en la lista de reivindicaciones de la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección que este lunes inicia tres jornadas de huelga. La convocatoria llega con el cercano precedente del motín en el reformatorio de Juslibol en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional. "Los trabajadores tenemos que tener voz para solucionar lo que pasa en los centros pues están fallando muchas cosas en la organización", ha señalado incide el representante de CGT, Héctor García.

La primera movilización de las plantillas ha sido en las puertas de Ozanam, una de las organizaciones que según los trabajadores "están bloqueando un convenio autonómico". De hecho, la huelga llega como respuesta directa al "bloqueo empresarial" que, según las plantillas, impide la negociación de un convenio autonómico digno para el sector. Los trabajadores sostienen que esta parálisis no es casual, sino el resultado de decisiones de entidades que han preferido "mirar hacia otro lado antes que asumir su responsabilidad" y sentarse a negociar.

Además de un nuevo convenio, las plantillas reclaman una reorganización total de los flujos de trabajo, pues muchos turnos solo cuentan con una persona, lo que impide ofrecer el servicio necesario para los menores en régimen de protección. Según ha indicado la secretaria del sector de servicios sociales de UGT, Angélica Mazo, cuando surge un problema en horas nocturnas el educador deja desatendidos al resto de adolescentes que se encuentran en los centros.

En el centro de las críticas se encuentran tres organizaciones que gestionan este servicio público que depende del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: la fundación Rey Ardid, la fundación Ozanam y Kairos. El manifiesto señala a estas entidades como las responsables de la falta de avances, subrayando que tienen capacidad suficiente para constituir una patronal autonómica y abrir una mesa de negociación real, pero han optado por el "inmovilismo" a pesar de haber contado con tiempo suficiente para liderar una solución junto al Gobierno de Aragón.

Los convocantes de estas jornada de huelga han considerado prácticamente abusivos los servicios mínimos asignados al ser del 100%. Eso hace que empresas gestoras como FEPAS, otra de las entidades que gestiona servicios de menores, estén al borde de la ilegalidad por el cambio de rotaciones "para que la gente no pueda hacer huelga", por lo que la plataforma no descarta denunciar la situación.

El martes la protesta se trasladará a las puertas de las Cortes de Aragón para evidenciar la falta de implicación de la consejería de Bienestar Social en la resolución del conflicto. "La situación actual está derivando en una grave precariedad que afecta tanto a los profesionales como a la calidad del servicio", ha denunciado García.

Para la plataforma, es imposible mantener un proyecto educativo de calidad sin estabilidad, ya que este depende directamente del vínculo y la continuidad. Por todo ello, los convocantes lanzan un mensaje rotundo: “No vamos a seguir sosteniendo con nuestro esfuerzo y nuestra salud un modelo que las empresas no quieren ordenar. No vamos a normalizar la precariedad ni el bloqueo interesado”.