Aragón urge garantías al Ministerio de Educación para no abandonar programa de auxiliares de conversación

El Gobierno de Aragón abandonará el programa estatal de auxiliares de conversación si el Ministerio de Educación no ofrece unas garantías jurídicas "claras y por escrito" que protejan a las comunidades autónomas de posibles sanciones laborales. Desde la consejería han indicado en un comunicado que la tensión surge después de las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo a varios territorios por aplicar las condiciones que fija el departamento Milagros Tolón para el programa, y que este insiste en mantener para futuras convocatorias.

Ante esta "falta de coordinación" entre departamentos del Gobierno Central, Aragón exige una posición unificada que le permita operar con certeza legal. Según han detallado, durante este curso hay 101 auxiliares extranjeros de conversación desempeñando su labor en centros educativos aragoneses: 25 financiados por el Ministerio de Educación y 76 por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Desde el Ejecutivo autonómico valoran que su trabajo resulta esencial para mejorar la competencia lingüística del alumnado en inglés, francés y alemán, además de aportar la riqueza cultural de sus países de origen a más de un centenar de centros, y recuerdan que Aragón aporta auxiliares de conversación al programa del Ministerio de Educación desde hace más de dos décadas sin problemas.

La denuncia del Gobierno de Aragón es que durante este curso, y por encomienda del Ministerio de Trabajo, se han emprendido inspecciones y aplicado sanciones de forma selectiva que han afectado únicamente a los cupos gestionados por los territorios y no a los estatales que, en el caso de Aragón, se han centrado en los últimos meses únicamente en los denominados cupos autonómicos en las tres provincias.

Al final se ha impuesto solo a Teruel una multa que sobrepasa los 100.000 euros. La sanción se argumenta en que existiría una supuesta contratación encubierta de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo y, pese a las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón que acreditaban que la comunidad se ajusta estrictamente a las condiciones fijadas por el Ministerio de Educación y se constataba que no existe relación laboral alguna con los auxiliares, sino una relación de carácter subvencional, la sanción fue ratificada.

El Ejecutivo aragonés recordaba además que el programa está diseñado por el Estado y que los auxiliares asignados llegan al territorio con un permiso gestionado por el propio Ministerio de Educación, por lo que defienden que no es posible exigirles otros trámites adicionales que no estuvieran contemplados antes por este. La DGA destacaba también que Aragón es una de las pocas comunidades que asume la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales.

Por ello, va a interponer un recurso de reposición y ha avanzado que, de no prosperar, acudirá a la vía contencioso-administrativa. Además, en última instancia, se plantea iniciar una medida por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, al considerarlo como responsable único de la llegada y el encuadre administrativo de los auxiliares.

El Gobierno de Aragón considera inaceptable que el Ministerio de Educación impulse un programa estatal, seleccione a sus participantes y los envíe a las comunidades autónomas, mientras otro ministerio del mismo Gobierno sanciona a estas últimas por cumplir las condiciones establecidas en la convocatoria nacional.

La directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho, ha señalado que su deber es garantizar la seguridad jurídica, transparencia y estabilidad para todos los implicados: alumnado, centros y auxiliares extranjeros y que la situación actual "no ofrece esa garantía".