Aragón recurrirá la sanción del Ministerio de Trabajo por los auxiliares de conversación y exigirá al de Educación que la pague

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recurrirá la sanción que le ha impuesto y ratificado el Ministerio de Trabajo por la contratación de auxiliares de conversación y si no prospera su recurso, acudirá al contencioso-administrativo y, en última instancia, abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial para que el ministerio que lidera Milagros Tolón pague esa sanción.

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha criticado, momentos antes de participar en la sectorial presidida por la ministra Milagros Tolón, la gestión del programa estatal de auxiliares de conversación, que ha supuesto una sanción de 190.000 euros por la contratación de estas personas en la provincia de Teruel, que no en Zaragoza o Huesca, tras una inspección de Trabajo.

Hernández ha explicado que en Teruel se consideró que se estaba infringiendo la normativa porque los auxiliares no tenían permiso de residencia y trabajo, pero la relación que se mantiene con ellos "no es laboral, sino de subvención o beca, tal como estableció el propio ministerio".

Por eso, después de que el Ministerio de Trabajo haya rechazado el recurso del Gobierno de Aragón sobre la sanción, el Ejecutivo autonómico ha puesto otro recurso de alzada en el contencioso-administrativo que, si no prospera, concluirá en los tribunales, ha advertido Hernández.

En última instancia, el Gobierno de Aragón demandará al Ministerio de Educación por responsabilidad patrimonial porque, ha agregado, "es quien convoca el programa y fija las condiciones". La consejera en cuniones ha afirmado que la situación es "otra muestra más de la falta de gestión de este Gobierno de Pedro Sánchez" y ha asegurado que los ministerios de Educación y Trabajo "parecen no haberse puesto de acuerdo".

Según sus datos, en Aragón hay 101 auxiliares de conversación procedentes de otros países para apoyar la enseñanza de francés, inglés y alemán y aunque 25 dependen del Gobierno central y 76 de la comunidad autónoma, desde el Ministerio de Trabajo, ha lamentado Hernández, "solo se dan instrucciones para inspeccionar la situación de los 76 gestionados por la comunidad". Y aunque la situación para Hernández "parece perseguir un objetivo contrario al beneficio del bilingüismo", su aspiración es que este problema se resuelva "con seguridad jurídica".

Ley de condiciones de trabajo del profesorado

Por otro lado, la consejera ha criticado la "falta de lealtad institucional" del Ministerio de Educación en la elaboración del anteproyecto de modificación de la ley que regula las condiciones de trabajo y mejora del profesorado, ya que, ha asegurado, no se ha contado con las comunidades autónomas.

Antes de la reunión en la que la ministra iba a presentar el informe sobre el texto, Tomasa Hernández ha señalado que iba a trasladarle el descontento de Aragón "por el ninguneo y la total falta de lealtad institucional", en tanto en cuanto, según ha dicho, las comunidades autónomas gestionan la educación en la mayor parte del territorio y, por tanto, su participación en la elaboración de la norma debería haber sido "relevante".

A pesar de ello, ha dicho que Aragón comparte el objetivo de mejorar las condiciones del profesorado y ha indicado que la comunidad lleva años trabajado "de una manera ordenada y programada" en algunas de las medidas planteadas. En todo caso, ha advertido de que una modificación de la legislación básica debería ir acompañada de una memoria económica y una memoria técnica, dado que el anteproyecto podría implicar compromisos financieros.

También ha reclamado una memoria técnica que tenga en cuenta la singularidad de cada territorio, motivo por el que ha considerado que la intención de que el proyecto de ley entre en vigor en el curso 2026-2027 es "poco realista".