La Cámara de Cuentas denuncia la falta de un registro de vivienda pública en Aragón

Aragón carece, desde 2013, de un registro de viviendas públicas que permita a los usuarios, promotores y responsables públicos conocer cuál es la evolución y la situación del parque público de viviendas en la comunidad autónoma. Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón publicado a finales de febrero con el título Promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2023 y 2024. En este documento se señala también la falta de personal en el Departamento de Vivienda o la escasa ejecución de algunos planes de subvención para impulsar la compra de residencias en régimen de protección.

Tal y como constata el informe y, de acuerdo con la información trasladada desde el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón a este respecto, "no existe en Aragón un registro de viviendas desde que se suspendió la obligatoriedad del Registro de solicitantes, ya que estaba externalizado a una empresa y no se mantuvo el servicio".

Actualmente, relatan, según la información recabada del departamento que dirige ahora en funciones el consejero Octavio López, que la Dirección General de Vivienda "utiliza hojas Excel para el registro de las viviendas, sin que exista un archivo único disponible en el servidor común del departamento, sino que cada trabajador (ni siquiera, servicio o sección) tiene su registro". Asimismo, detallan, "en Huesca y Teruel disponen de su propio registro para las viviendas situadas en ambas provincias, sin que existan tampoco criterios unificados para la gestión de dichos archivos".

Así, a pesar de que las políticas de Vivienda han sido una de las banderas desplegadas por el Ejecutivo aragonés liderado por Jorge Azcón desde su llegada al Pignatelli en 2023, y a pesar de que se ha incrementado notablemente el presupuesto y los planes específicos para el impulso a las viviendas protegidas con la intención de desatascar el congestionado mercado inmobiliario en la comunidad autónoma, no se ha considerado necesario recuperar una figura como la del registro de viviendas públicas que sí existía antes de 2013, cuando dejó de utilizarse a mitad del Gobierno liderado por la popular Luisa Fernanda Rudi, y en plena crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

De este modo, la falta de este registro supone para la Cámara de Cuentas "un uso ineficaz e ineficiente de los recursos públicos" que, además, resta transparencia en un momento en el que se está apostando por diversos cauces por la construcción de viviendas de titularidad pública tanto para la venta como en alquiler.

"No hay registros de altas ni bajas" sobre las viviendas protegidas

El informe del ente fiscalizador pone el foco en la falta de transparencia que acarrea esta ausencia de un registro público común. En concreto, afea que "no existe ningún procedimiento reglado para el alta y baja en el registro ni para la actualización de la información". Lo que supone, en la práctica, la falta de datos actualizados de la situación del mercado de la vivienda en la comunidad autónoma.

Además, señala que "las hojas Excel con las viviendas registradas remitidas, pertenecientes a varios trabajadores del servicio, no permiten conocer si contemplan la totalidad de viviendas reales o faltan altas y bajas por apuntar". Y, por último, afean que "no se han determinado campos de obligada inclusión para garantizar una gestión adecuada". Es decir, que a la falta de transparencia sobre las viviendas disponibles se añade la falta de criterios comunes que permitan comparar las cifras por provincias o la situación de un tipo de residencias y otro.

Desde la Cámara de Cuentas se hace constar, por otro lado, que la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) sí que dispone "de un libro registro fiable de las viviendas cedidas para la bolsa de alquiler y de las viviendas adquiridas, por lo que sus datos han podido comprobarse". Pero es cierto que ese registro no refleja la realidad de la totalidad del mercado inmobiliario del parque público de viviendas en Aragón.

"Discordancia de datos" con el Ministerio de Vivienda

Finalmente, la Cámara de Cuentas señala también que no coinciden los registros de viviendas protegidas con el que cuenta el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda. "Ha de reseñarse el hecho de que existe una discordancia entre los datos aportados por el Departamento y los del Ministerio: en concreto, los datos de calificaciones provisionales en 2024 son 880, según el Departamento y 234 atendiendo a la estadística del Ministerio, sin que el Departamento haya aclarado el origen de las diferencias", dice el informe.

Además, el informe del ente fiscalizador aragonés pone el foco sobre la "tendencia descendente" desde 2014 al número de viviendas que han recibido la calificación como protegidas. Esto implica a los Gobiernos liderados por el PSOE de Javier Lambán (primero con CHA y, después, con el cuatripartito junto al PAR, CHA y Podemos) y también al último del popular Jorge Azcón.

En concreto, el análisis de la Cámara de Cuentas detecta que en Teruel y el Huesca ha habido "cero calificaciones de viviendas públicas desde 2015 y 2016, respectivamente", y observa una tendencia claramente a la baja desde 2014. En ese año se calificaron como vivienda protegida (entre promoción pública y privada) un total de 490 residencias, mientras que en 2024 solo una vivienda recibió esta calificación. En los últimos ejercicios, la tendencia fue algo mayor, con 233 calificadas en 2022 y 222 calificadas en 2023. De estas, la inmensa mayoría de las calificadas con protección eran para la compra, y solo el 7% para el arrendamiento con opción a compra.

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