El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo

En una extensa campa del aeropuerto de Teruel reposan, alineados y aún embalados, los gigantes que debían poblar las sierras de uno de los enclaves más bellos de la provincia de Teruel. Son 122 aerogeneradores y 360 palas fabricados en Castellón por la multinacional General Electric para levantar el mayor complejo eólico promovido en España, el llamado Clúster del Maestrazgo, impulsado inicialmente por Forestalia y ahora en manos del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), especializado en energías renovables.

Sin embargo, el futuro de esta infraestructura energética multimillonaria ha quedado ahora en el aire. La investigación abierta por la Guardia Civil en el denominado caso Forestalia ha situado el proyecto bajo el foco judicial y el juez instructor debe decidir si adopta la medida solicitada por los investigadores: la paralización cautelar del desarrollo del complejo.

La decisión podría tener importantes consecuencias económicas para el inversor internacional, que ya ha realizado importantes desembolsos financieros e industriales para materializar el proyecto.

Un gigantesco almacén al aire libre

El aeropuerto de Teruel alberga desde finales de 2024 uno de los mayores acopios de equipamiento eólico del país. El fondo danés ocupa alrededor de 320.000 metros cuadrados en las instalaciones aeroportuarias -propiedad del Gobierno de Aragón y el ayuntamiento de la capital turolense-- para almacenar los componentes destinados al complejo energético.

Se trata de un contrato de alquiler firmado en noviembre de 2024 con una duración de tres años, que actualmente se encuentra aproximadamente a mitad de su vigencia. El acuerdo reporta al aeropuerto unos ingresos cercanos a los 100.000 euros mensuales, es decir, alrededor de 1,2 millones de euros al año, dentro de un presupuesto anual de la terminal turolense que ronda los 46 millones de euros. De esta manera, la compañía ha abonado ya 1,8 millones.

El emplazamiento fue elegido por su capacidad logística. CIP necesitaba una superficie muy amplia y preparada para manipular piezas de gran tamaño, algo difícil de encontrar en otros enclaves industriales. Tras explorar distintas opciones, el aeropuerto turolense ofrecía la combinación de espacio, accesos y disponibilidad necesaria para albergar centenares de componentes de grandes dimensiones.

En la campa trabajan entre 20 y 30 técnicos vinculados al fabricante de los aerogeneradores, encargados del mantenimiento y revisión del material para evitar su deterioro mientras aguarda su instalación definitiva.

El valor económico de todo este equipamiento es considerable. En el sector se estima que el conjunto de turbinas, palas y componentes es de cientos de millones de euros, teniendo en cuenta el tamaño y la potencia de los aerogeneradores previstos.

El mayor proyecto eólico del país

El Clúster del Maestrazgo fue concebido como el mayor proyecto eólico desarrollado en España, con 20 parques repartidos entre las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. El plan contempla la instalación de 122 aerogeneradores con una potencia total de 744 megavatios, a los que se sumarían dos plantas solares de cerca de 97 megavatios promovidas por Forestalia. Toda la producción eléctrica se evacuaría a través de una red común hasta la subestación eléctrica de Morella (Castellón).

La inversión prevista para levantar el complejo ronda los 1.000 millones de euros, a los que se añadirían otros 1.400 millones en gastos de operación y mantenimiento durante los 25 años de vida útil del proyecto. Una vez en funcionamiento, los parques renovables producirían energía suficiente para abastecer el consumo anual de unos 570.000 hogares, según las estimaciones de la empresa.

La previsión inicial de la compañía era comenzar las obras hace más de un año. De hecho, la fabricación de los aerogeneradores, que realizó la fábrica de LM Wind Power, con sede en Les Coves de Vinromà (Castellón) y propiedad de la multinacional General Electric, se lanzó en 2024 y las palas llevan meses almacenadas en Teruel a la espera de que se desbloquearan los permisos administrativos.

Un proyecto rodeado de controversia

La tramitación del Clúster Maestrazgo ha sido larga y compleja. Desde su presentación, el plan ha generado una intensa contestación social en el territorio, con movilizaciones ciudadanas y protestas en defensa del paisaje y del patrimonio natural de la zona. Plataformas vecinales y organizaciones ecologistas han cuestionado el impacto paisajístico de un despliegue masivo de aerogeneradores en un entorno considerado de alto valor ambiental.

No obstante, la iniciativa ha contado con un apoyo mayoritario y explícito de los ayuntamientos de la zona, organizados a través de la Asociación Viento Alto. Esta postura se mantuvo y reforzó tras las elecciones municipales de 2023, basándose principalmente en los beneficios económicos previstos para los municipios.

Ese conflicto territorial convirtió el proyecto en uno de los símbolos del debate sobre el modelo de transición energética en Aragón, la tensión entre la necesidad de acelerar las renovables y el impacto de grandes instalaciones en zonas rurales.

Otras inversiones en Aragón

Forestalia y CIP mantienen una alianza estratégica para el desarrollo de grandes infraestructuras de energía renovable en Aragón. En este modelo de colaboración, la empresa liderada por el empresario zaragozano Fernando Samper actúa como el socio local encargado del desarrollo de los proyectos (tramitaciones, derechos de conexión y gestión sobre el terreno) hasta que alcanzan el cierre financiero, momento en el que el fondo escandinavo asume la propiedad y la financiación para la construcción y operación de las instalaciones.

Esta colaboración se inició en 2019 con el Proyecto Monegros, una cartera de 487 MW que supuso el desembarco de CIP en España, y se extendió posteriormente con un ambicioso plan para desarrollar más de 1 GW de energía eólica en Teruel mediante una inversión superior a los 1.200 millones de euros.

El fondo danés mantiene además otros intereses energéticos en la comunidad. Entre ellos destaca el proyecto Catalina, una iniciativa para producir hidrógeno verde en Andorra (Teruel) que impulsa junto a Enagás. El plan contempla la construcción de plantas renovables asociadas para alimentar los electrolizadores que producirán el hidrógeno, aunque la iniciativa aún está pendiente de obtener la declaración de impacto ambiental para esas instalaciones energéticas.

Otro de los elementos clave para su desarrollo es la futura infraestructura que permitirá evacuar el hidrógeno hacia la red troncal gasista. En este caso, el fondo optó por renunciar a una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica para acogerse a un préstamo del Banco Central Europeo.

A la espera de la decisión judicial

Las consecuencias que el caso Forestalia pueda tener sobre las inversiones de CIP en España siguen siendo una incógnita. El fondo danés guarda por ahora un absoluto silencio público mientras avanza la investigación y el juez decide si adopta medidas cautelares sobre el Clúster Maestrazgo.

Entre tanto, en la campa del aeropuerto de Teruel permanecen inmóviles los aerogeneradores destinados a poblar las sierras turolenses, un parque energético todavía en suspenso que resume la incertidumbre que atraviesa uno de los mayores proyectos renovables concebidos en Aragón.

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