El Inaga suprimió en 2022 la obligación de declarar cualquier vínculo "personal" con los promotores de las renovables

La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público su informe sobre la gestión del Inaga entre 2019 y 2023 coincidiendo con la investigación judicial a Forestalia que tiene también en el foco al organismo de análisis ambiental del Gobierno de Aragón y deja una radiografía crítica de la gestión de personal y de la tramitación de expedientes en este instituto público durante al menos esos cuatro años.

Entre otras cuestiones, el informe de la Cámara de Cuentas alerta de que, en el formulario de declaración de la compatibilidad que tenían que firmar los técnicos de Sarga y de las consultoras externas contratadas por el Inaga, "se modificó a partir del mes de octubre de 2022, suprimiendo las referencias expresas a la 'inexistencia de relación alguna de interés personal o profesional directa o indirecta, con la entidad promotora', que eran las que se empleaban hasta entonces en cumplimiento de las prescripciones técnicas de los encargos y contratos".

Es decir, el Inaga eliminó la referencia que hacía que los trabajadores que debían emitir informes sobre los proyectos de las empresas de renovables tuvieran que declarar su relación personal o profesional con ellas, lo que de facto implicó que los mismos profesionales pudieran efectuar las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de las empresas en las que trabajaban.

Según recuerdan en el ente fiscalizador, estas cláusulas forman parte de las condiciones en las que se firmaron estos encargos y contratos y, por tanto, "debían cumplirse en tanto no se licitaran o formalizaran otros nuevos".

En este sentido, la Cámara de Cuentas afea también que el Inaga "no exige a los promotores de los proyectos la identificación de los grupos empresariales a los que pertenecen. Algo "crucial a efectos de que los técnicos consultores que revisan los expedientes puedan manifestar posibles incompatibilidades", indica la Cámara, que dirige Jesús María Royo.

Además, en el ámbito de la gestión de personal en el Inaga recoge que en 2022 -con el socialista Jesús Lobera como director- "se dio competencia a la secretaría general para tramitar los expedientes de energías renovables". Dichas competencias, señala el informe de la Cámara de Cuentas, "trascienden de las ordinarias de la secretaria general y no se han añadido a la relación de puestos de trabajo (RPT)".

Por otro lado, indican que en marzo de 2023 (en la recta final de la segunda legislatura del socialista Javier Lambán al frente del cuatripartito) se planteó una reestructuración del Inaga, con el cese de los responsables de las jefaturas de áreas y reordenación de unidades técnicas, y aluden que "falta información para justificar estos cambios y no consta aprobación de modificación de la RPT que los contemple".

Por último, en relación con el personal del Instituto de Gestión Ambiental, la Cámara de Cuentas constata que "a lo largo del informe se ha evidenciado la insuficiencia de sus recursos humanos". "La entidad se ve obligada a recurrir a personal técnico externo del medio propio SARGA, cuyas asistencias técnicas vienen a representar entre el 42,4% y el 59,9% del total del gasto en bienes corrientes y servicios del INAGA en el periodo 2019-2023", reseña

Plazos incumplidos

El completo informe de la Cámara de Cuentas, de 90 páginas, analiza también la tramitación de expedientes vinculados a los proyectos de despliegue de energías renovables en la comunidad autónoma. Así, señala que "con carácter general, no se cumplieron los plazos para resolver los distintos procedimientos de autorización ambiental tramitados en el periodo 2019-2023".

Asimismo, destaca que "los expedientes del Inaga no acreditan suficientemente la actuación de SARGA o de las distintas empresas consultoras que participan, en su caso, como asistencias técnicas contratadas para su revisión".

Con todas estas cuestiones, la Cámara de Cuentas de Aragón eleva una serie de recomendaciones. La primera, dotar al instituto "de suficientes medios materiales y humanos, evitando la elevada dependencia de medios externos, así como implantar un sistema de gestión medioambiental que garantice la calidad de los procedimientos".

Por otro lado, pide elaborar estudios de costes de tasas y fijar sus importes en función del coste real de prestación de los servicios, evitando las elevadas disparidades observadas.

Además, reclama mejorar los procedimientos de gestión electrónica de los expedientes. Y "exigir a los promotores que identifiquen los grupos empresariales a los que pertenecen, en su caso, al iniciar cualquier solicitud de autorización ambiental, y tener en cuenta esa información a efectos de las declaraciones de compatibilidad, si la revisión de los expedientes se realiza por personal técnico externo". En estos casos, reclama, "el INAGA debería dejar constancia de los criterios de reparto aplicados a la hora de asignar expedientes".

Además, plantean "incluir cláusulas en los pliegos de los contratos y encargos de ejecución con consultoras externas que obliguen a los técnicos a entregar informes firmados electrónicamente, junto a una copia en formato editable" y "dejar constancia de las revisiones efectuadas por el personal responsable del Inaga sobre el trabajo realizado por las consultoras, en su caso".

También piden que se motive "adecuadamente la insuficiencia de medios propios cuando se recurra a personal externo para la revisión de expedientes" y aprobar planes anuales de contratación.

Por último, recomienda al Inaga "adoptar medidas para favorecer la participación de pymes y cooperativas locales en el sector renovable, simplificando trámites y priorizando el impacto social y territorial".

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