El Gobierno de Aragón se persona como "perjudicado" en el caso Forestalia

Nuevo capítulo en el caso Forestalia. El Gobierno de Aragón ha dado un paso adelante y ha decidido personarse en la causa como "perjudicado". Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa extraordinaria la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, que apunta tanto al Ejecutivo central como al anterior autonómico. La decisión llega en plena investigación y con el Inaga, organismo autonómico, en el ojo del huracán y más en entredicho que nunca. Por el momento, desde el Pignatelli explican que no han recibido ningún requerimiento judicial o policial sobre documentación autonómica, más allá de información sobre algún caso puntual.

Vaquero ha explicado que ya han solicitado al juzgado esa personación, también como acusación particular, tras conocer "hechos muy graves y muy preocupantes" a los que el Ejecutivo autonómico "da credibilidad" y que, según a su juicio y a expensas de que la Guardia Civil lo acote, afectan "al Miteco del Gobierno socialista de España y al anterior Gobierno socialista de Aragón". De hecho, la popular se ha detenido en la "presunta ramificación con otros graves casos como son el de Koldo, Ábalos o Cerdán".

En ese sentido, la vicepresidenta en funciones ha insistido en que van a revisar "todos y cada uno de los papeles" relacionados con expedientes de renovables en tramitación o ya tramitados con Forestalia y que pudiesen estar afectados por la trama, aunque ha asegurado que, por ahora, las empresas que tienen inversiones millonarias comprometidas con ellos (como puede ser el caso de la gigafactoría de Figueruelas), "no han trasladado preocupación" por su futuro. "Este asunto va a dar muchos días, se va a alargar e iremos conociendo todas y cada una de las afecciones", ha dicho al respecto.

Vaquero también ha incidido en la necesidad de conformar una nueva comisión de investigación en las Cortes, reivindicando que Jorge Azcón "ya denunció en campaña (en la de 2023)" algunas tramitaciones de proyectos de renovables. Cabe recordar que en la pasada legislatura ya hubo una comisión sobre las renovables, aunque las conclusiones no fueron más allá e incluso algunos grupos ecologistas la han calificado de "fraude". Ahora, varios partidos políticos han exigido que vuelva a constituirse.

El debate sobre el Inaga

Con respecto al Inaga, también ha defendido su gestión actual y ha coincidido en el análisis del último informe de la Cámara de Cuentas, que recuerda que el instituto ambiental abolió en 2022 la obligación de declarar cualquier vínculo "personal" con los promotores de las renovables por parte de los funcionarios. La recomendación, compartida según la vicepresidenta en funciones, pasa ahora por mejorar el "control" de este tipo de actividades.

Las plataformas ecologistas incluso fueron un paso más allá este pasado jueves y pidieron "desmantelar" el organismo, asumiendo sus funciones una dirección general que dependiese del departamento autonómico de Medio Ambiente. Para Vaquero, el Inaga "tiene que ser un instrumento útil, sea un organismo autónomo o una dirección general", restando importancia a las formas. "Lo más importante es que se trabaje con ese rigor y transparencia para poder reudicr o eliminar el colapso, respetando siempre el trabajo de los profesionales", ha sentenciado.

Del mismo modo, la dirigente popular ha llamado a respetar los tiempos de la Justicia y ha subrayado que el clúster del Maestrazgo, el proyecto eólico más importante de España y en el foco de la investigación policial y judicial, depende del ministerio. Asimismo, ha aseverado que, desde los últimos registros, no han mantenido "ningún contacto" con Forestalia sobre este asunto y no ha desvelado el futuro del centro de datos que la energética aragonesa tiene proyectado con 12.000 millones de inversión.

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