El transporte aragonés alerta del impacto del petróleo y reclama ayudas urgentes al Gobierno: "Trabajar a pérdidas no es una opción"

El encarecimiento del petróleo provocado por la escalada bélica en Oriente Próximo, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciados hace doce días, vuelve a colocar al transporte por carretera ante un escenario conocido, pero igualmente inquietante. El sector teme que la nueva crisis energética derive en una subida abrupta de costes que obligue a muchas empresas a trabajar a pérdidas si no se adoptan medidas urgentes.

Las principales asociaciones del transporte profesional han trasladado ya sus demandas al Ministerio de Transportes en una reunión de urgencia celebrada esta semana. La petición central es una bonificación mínima de 25 céntimos por litro de combustible, similar a la aprobada en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania -entonces fue de 20 céntimos-, además de ayudas directas para las empresas.

En Aragón, donde el transporte tiene un peso estratégico por su posición logística, el nerviosismo se percibe con claridad en el sector. "Esto se parece mucho a lo que vivimos con la guerra de Ucrania. La solución es la misma: aplicar ayudas y garantizar que podamos trasladar el coste del combustible", explica José Antonio Moliner, presidente de Tradime Aragón, que agrupa unas 800 empresas de transportes (pymes y autónomos) que suman 2.200 camiones. También lidera la federación nacional Pymetrans, la nueva organización que se ha incorporado al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para el periodo 2026-2029.

La subida del gasóleo ya está teniendo un impacto inmediato en las cuentas de las empresas. "A un tráiler que haga un recorrido medio nacional le supone unos 2.000 euros al mes más en combustible. Es una barbaridad", advierte.

Trasladar los costes

El sector insiste en que la legislación aprobada tras la crisis de 2022 ya contempla mecanismos para evitar que las empresas trabajen por debajo de costes. La llamada cláusula de indexación permite repercutir automáticamente las variaciones del precio del combustible en el precio del transporte. "Es una salvaguarda que se creó con la Ley de la Cadena del Transporte. Si sube el gasóleo, ese incremento debe reflejarse en el precio del servicio", explica Moliner.

Sin embargo, las asociaciones consideran que el sistema actual se queda corto. Por ello reclaman elevar el peso del combustible en el cálculo de los costes, de modo que pase del 30% actual al 40% en el transporte pesado, al 30% en vehículos de hasta 16 toneladas y al 20% en vehículos ligeros.

"Cada vez los márgenes son menores. Si no se trasladan los costes o no llegan ayudas, muchas empresas tendrán que parar los camiones porque será más rentable tenerlos parados que trabajar a pérdidas", advierte.

Reunión urgente con el Gobierno

El Comité Nacional del Transporte por Carretera trasladó estas demandas directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, en una reunión celebrada el pasado miércoles en Madrid, una cita en la que participó Moliner por videoconferencia. Según el propio sector, el Ministerio se comprometió a estudiar medidas en el próximo Consejo de Ministros. "Nos dijeron que el martes habría una solución u otra. Parece que esta vez están más receptivos y que comprenden el problema", señala el líder de la patronal aragonesa Tradime.

Además de la bonificación al combustible, el sector pide ayudas directas por vehículo, de al menos 1.500 euros para camiones pesados y 750 para furgonetas, así como una investigación sobre la rapidez con la que han subido los precios del carburante en los últimos días. "Es sorprendente que el conflicto empiece un fin de semana y el lunes ya haya subido diez céntimos. Cuando baja, lo hace mucho más despacio", lamenta.

Un sector clave en Aragón

Las demandas del transporte tienen especial relevancia en Aragón, donde la logística se ha convertido en uno de los pilares de la economía regional. Solo Tradime Aragón agrupa unas 800 empresas y cerca de 2.200 vehículos, con una base tradicional de autónomos que en los últimos años ha ido evolucionando hacia pequeñas y medianas empresas.

Moliner recuerda que el carácter sistémico y estratégico del sector, que actúa como la columna vertebral de la economía global, lo que hace que cualquier incremento de sus costes tenga un efecto directo en el conjunto del sistema productivo. "Al final el transporte está en todo. Si sube el combustible, sube todo lo demás", resume.

El precedente de 2022

El sector mira ahora al precedente más cercano. En marzo de 2022, tras el estallido de la guerra en Ucrania y el paro nacional de transportistas que llegó a paralizar la cadena de suministros, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de gran alcance. Entre ellas destacó la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, así como ayudas directas y reformas legales para evitar que los transportistas trabajaran por debajo de costes.

En total, fueron más de 1.000 millones de euros los que se destinaron al transporte por carretera dentro de un plan estatal de respuesta a la crisis. Ahora, con el precio del gasóleo nuevamente tensionado por el conflicto en Oriente Próximo, el sector teme que la historia vuelva a repetirse.

"Siempre acabamos pagando las crisis energéticas los mismos: los transportistas y, al final, toda la sociedad", concluye Moliner. "Lo lógico sería que existieran mecanismos automáticos para proteger a los sectores más expuestos cuando ocurren estas situaciones", reivindica.

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