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La investigación de la Guardia Civil por Forestalia logra "nuevas y abundantes piezas de convicción" sobre el caso

Las conclusiones del último informe de la UCOMA sirven para que los agentes «documenten» las pesquisas que habían estimado antes de entrar en las doce localizaciones de la trama y para «afianzar» la imputación de los delitos

Agentes de la Guardia Civil entran en la sede de Forestalia en Zaragoza, el pasado 3 de marzo.

Agentes de la Guardia Civil entran en la sede de Forestalia en Zaragoza, el pasado 3 de marzo. / Miguel Ángel Gracia

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil saben que tienen trabajo por delante en el caso Forestalia. La llamada operación Perserte ha dado buenos resultados a un equipo de la Benemérita que en sus últimas diligencias prevé tener documentación abundante en la que tendrá que seguir trabajando. «El inicio de los amplios extremos que se estima documentar mediante el posterior análisis de documentación física y digital intervenida en los registros», introducen los agentes en las conclusiones de su último informe, en las que recoge los motivos que reafirman las pesquisas halladas antes de entrar el pasado 3 de marzo en más de diez ubicaciones relacionadas con el caso.

Para los responsables de la UCOMA, las diligencias de entrada y los registros han servido para «documentar ampliamente la comisión de las conductas ilícitas que se venían investigando». Sobre ese primer paso también afirman que lo visto en cada una de las sedes -hasta doce formaron parte de la operación- sirve para «afianzar las conclusiones instruidas» en las diligencias hechas antes. Y un paso hacia el futuro, porque los documentos recuperados son para «obtener nuevas y abundantes piezas de convicción sobre los hechos investigados».

Los agentes se sienten «reforzados» en la imputación del uso de empresas «pantalla» para desarrollar la trama. Un papel que le atribuyen a Fernando Samper, como «principal beneficiario» al ser el presidente de Forestalia, y a los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, los supuestos «testaferros» que coordinaban el funcionamiento de unas mercantiles hechas para llevar a cabo «pagos ilícitos» a Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Miteco que habría favorecido, presuntamente, las declaraciones de impacto ambiental positivas para proyectos de la empresa aragonesa. «Se ha podido evidenciar que la trama empresarial mediante la que se han realizado la contraprestación del cohecho está formada por multitud de empresas ficticias las cuales no parecen tener otro propósito que el instrumental para la justificación de operaciones mercantiles y dinerarias que ocultan su verdadero propósito», aseveran los agentes, que también incluyen en el supuesto delito de blanqueo de capitales «la ocultación» de contratos de compraventa y que el notario, Javier de Lucas, «omitió numerosos deberes de comprobación» que debía haber llevado a cabo por su responsabilidad.

Entramado

La investigación apunta en otra de sus conclusiones al entramado entre las firmas Caliope, y sus filiales, y Babieca Investment Renewable, que consideran hecho para favorecer a Eugenio Domínguez. En el caso de Babieca, los agentes recuerdan que recibió un préstamo de 5,2 millones de euros por parte de Eduardo Pérez Águeda, «incrementando indirectamente el valor patrimonial de las empresas adquiridas» por el ex alto cargo del Miteco en ese ir y venir de participaciones empresariales. Todo ello para la Guardia Civil es «la ejecución de un plan predeterminado» por Roberto Pérez Águeda y consideran «fácil deducir» que se hizo como «contraprestación» a «las diferentes irregularidades» que Domínguez pudo cometer en el Miteco para apoyar las declaraciones ambientales ligadas a Forestalia.

La UCOMA señala el papel de varios domicilios que «no guardaban relación alguna» con la trama, algo que, consideran, «refuerza aún más si cabe la relación entre todas las personas físicas y jurídicas que han sido referidas por sus diferentes grados de participación».

Por último, sobre el delito imputado de organización criminal, la Guardia Civil cree haber obtenido «evidencias» que sustentan la idea de que Samper, a través de «sus hombres de confianza» Pérez Águeda, participó en la creación de «entramados empresariales de actividad ficticia que utilizó para, de forma premeditada, pagar a Eugenio Domínguez y su mujer a cambio de que facilitara el desarrollo de proyectos de energía renovable de Forestalia». Y que se apoyaron en el notario Javier de Lucas para «ocultar la mencionada contraprestación».

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