El Gobierno de Aragón sanciona con casi 700.000 euros a Prunus Nuts por los daños provocados en Pina de Ebro y Cinco Villas

El Gobierno de Aragón ha finalizado los dos procedimientos sancionadores que tenía abiertos contra Prunus Nuts, la empresa que dañó caminos y acequias en el entorno de Pina de Ebro con la instalación de un regadío para regar una plantación ilegal de almendros. La sanción que ha interpuesto la DGA asciende a 696.000 euros para la empresa, que es propiedad del fondo británico Cibus, con más presencia en la comunidad autónoma.

La investigación del Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación que dirige en funciones Javier Rincón, se centra en la ejecución de dos proyectos de transformación y modernización de regadío, que la empresa no presentó para ser sometidos al análisis de evaluación ambiental. Las multas para cada uno de los dos proyectos sancionados ascienden hasta los 96.000 y 600.000 euros, respectivamente.

El primero de los proyectos denunciados se encuentra en las Cinco Villas y afectaba a una superfice algo mayor de diez hectáreas en proceso de transformación de regadío y más de 100 hectáreas de modernización. Para llevar a cabo esa operación se necesita una evaluación ambiental simplificada, que Prunus no obtuvo, lo que deriva en una infracción grave.

De mayor calado es el caso de Pina de Ebro, denunciado por este diario a mediados del año pasado. Entre Pina y Osera, dentro del plan para el Bajo Aragón Pebea. La infracción es similar a la que se registró en Ejea de los Caballeros, pero la diferencia sustancial es que afecta a zonas de la Red Natura 2000 y a la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Monegrillo y Pina. Por estos elevados requisitos de protección y respeto con el medio ambiente, la sanción es mayor, ya que para llevar a cabo esos trabajos Prunus tendría que haber tenido una evaluación ambiental ordinaria que tampoco completó.

Según informó este diario en junio de 2025, los técnicos de la Consejería de Agricultura habían registrado que la mercantil había desarrollado infraestructuras de riego en al menos 88 hectáreas más de las que estaban autorizadas en el Pebea y que no habían sometido al proyecto de evaluación ambiental que exige la legislación vigente en Aragón para la prevención y protección del medio natural.

Entre las afecciones que detectaron algunos de los profesionales agrarios de la zona se destacaron entonces un ramal de riego que abastece a 20 fincas y que quedó destrozado durante una tormenta. También algún camino agrícola y otro asfaltado resultaron dañados, así como campos de varias hectáreas inundados e «inservibles», según comentaban agricultores de la zona. Otro de los afectados por las inundaciones derivadas de las obras era una explotación ganadera cercana, que quedaba rodeada por el agua durante las tormentas, que llegó a tener problemas con el grano almacenado en fincas anexas.

Fuentes del Gobierno autonómico aseguraron a este diario que la empresa ha reconocido la responsabilidad y que ya ha abonado el pago correspondiente. La DGA considera así que los procedimientos sancionadores se dan por terminados. El siguiente paso para Prunus es comenzar con la restauración de la legalidad, conforme establece la reformada ley de Agricultura familiar bajo la que se regula el campo autonómico.

Fuentes del Gobierno de Aragón subrayan que «la vigilancia del cumplimiento normativo en materia de transformación de suelos, regadíos y preservación de espacios protegidos es una prioridad absoluta», y recuerdan que «cualquier actuación que supere los umbrales establecidos debe someterse a los procedimientos de evaluación ambiental preceptivos».

Desde el Ejecutivo autonómico también aseguran que «se seguirá velando por el estricto cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente en lo relativo a actuaciones en espacios de la Red Natura 2000, donde cualquier transformación requiere de evaluación de impacto ambiental obligatoria».

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