El ERE de Majorel se cierra sin acuerdo y deja en el aire 30 despidos en Zaragoza

El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha concluido sin acuerdo tras la última reunión celebrada este miércoles. Ningún sindicato ha respaldado finalmente las condiciones propuestas por la empresa, en un proceso que deja en el aire el futuro de los 30 trabajadores afectados en el centro de Zaragoza.

El cierre sin pacto rompe el guion habitual en este tipo de procesos dentro de la compañía, donde en anteriores expedientes sí se habían alcanzado acuerdos. Esta vez, la falta de consenso ha sido total tras ocho reuniones de negociación.

Sin acuerdo y con críticas a las causas del ERE

Desde los sindicatos coinciden en señalar la falta de justificación del expediente. OSTA subraya que ha sido “imposible” alcanzar un acuerdo ante la ausencia de una acreditación suficiente de las causas económicas, organizativas y productivas alegadas por la empresa.

En la misma línea, CGT sostiene que “las causas no se sostienen” y denuncia que la documentación ha sido incompleta durante todo el proceso. El sindicato critica además que la voluntariedad en las salidas se haya aplicado con restricciones, lo que ha derivado --según su versión-- en un volumen de despidos forzosos que consideran inasumible.

Uno de los puntos de mayor fricción ha sido precisamente el acceso a las salidas voluntarias. La empresa, según los sindicatos, habría limitado estas opciones excluyendo a determinados perfiles, como trabajadores mayores de 50 años, o condicionándolas en función de campañas y turnos.

La empresa decidirá ahora cómo ejecuta el ajuste

Con el periodo de consultas finalizado sin acuerdo, será ahora la empresa la que decida cómo aplicar el ERE y en qué condiciones. Sobre la mesa han estado indemnizaciones de 30 días por año trabajado y un sistema de adscripción voluntaria que podría modificarse tras el cierre de la negociación.

Los sindicatos no descartan acudir a los tribunales. CGT y OSTA ya han anunciado que estudiarán la impugnación del expediente, mientras el resto de organizaciones mantienen también abierta esa vía.

El ajuste forma parte de un proceso de mayor alcance a nivel estatal que afecta a varios centros de trabajo y que ha vuelto a poner el foco en la estrategia de la compañía, marcada en los últimos años por sucesivos despidos colectivos y deslocalizaciones.

En Zaragoza, donde la plantilla ha sufrido ya tres ERE en los últimos años, el desenlace abre un escenario de incertidumbre. Sin acuerdo, el proceso entra ahora en una fase en la que la empresa tendrá margen para ejecutar los despidos en los términos que considere, aunque bajo la amenaza de una posible batalla judicial.

El Gobierno eleva el tono

El conflicto ha escalado también al ámbito político. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado una advertencia directa a la empresa, cuestionando la legalidad y la oportunidad del ERE. “No lo vamos a permitir”, afirmó en declaraciones a los medios, en las que denunció que no se puede plantear un despido colectivo en una compañía con beneficios millonarios mientras se recurre a la contratación a través de ETT.

La vicepresidenta calificó la situación de “fraude, indignidad e indecencia” y avanzó que la Dirección General de Trabajo ya está actuando. Además, pidió a las administraciones autonómicas que exijan a las empresas el cumplimiento de la legalidad laboral.