“Zelenza, Marktel y WiZink han eludido su responsabilidad con la ley”: El conflicto del ‘contact center’ acaba en los tribunales

El conflicto laboral por el cierre del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza ha quedado definitivamente abocado a los tribunales tras un nuevo intento fallido de mediación. La reunión celebrada este martes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) concluyó sin acuerdo entre las partes y certifica el bloqueo total en torno a la subrogación de los 121 trabajadores afectados, que permanecen desde hace semanas en un limbo laboral tras el cierre del contact center y su sustitución por un servicio prestado desde Portugal.

El encuentro reproducía el intento fallido de conciliación que ya tuvo lugar semanas atrás en el ámbito estatal, y que tampoco permitió acercar posturas. Con este nuevo paso sin avances, será la justicia ordinaria --la Audiencia Provincial de Zaragoza-- la que determine si existe obligación de subrogar a la plantilla de la plataforma de telemárketing tras el cambio de adjudicataria del servicio.

Desde CCOO denunciaron tras la reunión la situación de “limbo laboral” en la que permanecen los trabajadores afectados desde el cierre del centro. “Zelenza, Marktel y WiZink han eludido su responsabilidad con la ley española, dejando a 121 trabajadores en la calle sin ningún derecho”, afirmó Ana Ruiz, delegada del sindicato en el comité de empresa.

Un conflicto enquistado

El origen del conflicto se remonta al pasado 31 de enero, cuando finalizó el contrato de Zelenza CEX con WiZink y la entidad adjudicó el servicio a Marktel Portugal, que lo presta desde la localidad de Elvas.

El cierre del centro de trabajo en el complejo Expo de Zaragoza se materializó días después, dejando sin actividad a una plantilla de 121 personas —mayoritariamente mujeres—, muchas de ellas con más de 15 años de antigüedad en el servicio. Desde entonces, los trabajadores han sido dados de baja en la Seguridad Social, pero sin carta de despido ni indemnización, una situación que los sindicatos califican de irregular.

La Inspección de Trabajo ha tenido que intervenir de oficio para facilitar el acceso a la prestación por desempleo, mientras la plantilla sigue reclamando que se aplique la subrogación prevista en el convenio estatal del sector cuando existe continuidad del servicio.

La clave: si hay continuidad del servicio

El núcleo del litigio sigue siendo si la deslocalización de la actividad a Portugal rompe o no la continuidad del servicio. Para la parte social y Zelenza, el hecho de que se mantengan los mismos clientes, productos y operativa obliga a la nueva adjudicataria a asumir a la plantilla, con independencia de dónde se preste físicamente el servicio.

Desde el sindicato advierten además de que la ubicación de la plataforma en Elvas, a escasos kilómetros de la frontera española, evidencia una estrategia de reducción de costes laborales. “Serán trabajadores de Badajoz los que acaben prestando el mismo servicio, pero con condiciones más precarias”, señalan.

Apoyo sindical y vía judicial

En paralelo al conflicto colectivo, el SAMA ha acogido también los actos de conciliación derivados de las demandas individuales presentadas por los trabajadores, a través de UGT y CCOO, en reclamación de sus despidos. Todos ellos han finalizado igualmente sin acuerdo.

El conflicto ha ido ganando visibilidad en las últimas semanas y cuenta con el respaldo de la dirección estatal de CCOO. Su secretario general, Unai Sordo, trasladó en Zaragoza su apoyo a la plantilla y el compromiso del sindicato de seguir de cerca el desarrollo del procedimiento judicial.

Con la mediación agotada, todas las miradas se dirigen ahora a los tribunales, que deberán resolver si la operación realizada en este caso vulnera la normativa laboral española y si procede obligar a la nueva adjudicataria a subrogar a los trabajadores del centro zaragozano.