El Inaga tumbó menos del 3% de los expedientes que tramitó en pleno 'boom' de las renovables

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) solo tumbó el 2,6% del total de expedientes vinculados a las energías renovables que tramitó entre 2019 y 2023, en pleno 'boom' de estos proyectos, durante la última legislatura del socialista Javier Lambán como presidente de Aragón, al frente del cuatripartito que formaron PSOE, PAR, Podemos y Chunta Aragonesista.

Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón, donde señala incumplimientos de legalidad en su gestión y alertaba, también, de que se prescindió de los controles sobre las incompatibilidades personales o laborales a la hora de realizar informes. Además, el documento constata también que en esos mismos cuatro años se concentraron más del 56% de los expedientes tramitados desde 2004. En concreto, fueron 1.191 expedientes de los 2.121 que gestionó el Inaga, en cuestiones relacionadas con las renovables, desde el inicio de su andadura, en 2004.

La Cámara de Cuentas recopila también cuáles fueron los ingresos del Inaga en el pago de tasas por la gestión de todos estos expedientes, su reparto por comarcas y a qué tipo de proyectos hacían referencia, y con qué potencia. El profuso informe del ente fiscalizador aragonés constata que, en total, por esos 1.191 expedientes el Inaga recaudó 1.063.000 euros.

Más del 97% de los informes tuvieron el visto bueno del Inaga

La Cámara de Cuentas señala que "1.007 de los 1.191 expedientes" tramitados en esos cuatro años, el 84,6% del total, contaron de inicio con una resolución de impacto ambiental favorable por parte del Inaga. En 998 casos, fue una resolución estimatoria condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, y otros 9 casos fueron resoluciones estimatorias desde el inicio de la tramitación. Por otro lado, desestimaron 40 expedientes (el 3,4% del total), y se archivaron 144 (12,1% del total).

El ente fiscalizador señala que, "obviando los 144 expedientes archivados por distintas causas, así como otros 13 que fueron inicialmente rechazados en tramitación simplificada y posteriormente estimados en tramitación ordinaria, este análisis se limitaría a 1.034 expedientes, aumentado el porcentaje de estimación de impacto ambiental plena o condicionada hasta el 97,4% (1.007 expedientes), y reduciéndose el de expedientes desestimados al 2,6% restante (27 expedientes)".

Se da la circunstancia de que, en estos cuatro años, la normativa estatal estableció hitos temporales estrictos para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Esto generó una carrera administrativa por parte de las empresas y la propia Administración para evitar la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y evitar que decayeran los proyectos.

La Cámara de Cuentas denuncia la "falta de planificación" en Aragón

El ente fiscalizador señala una serie de factores como posibles explicaciones a esta ingente cantidad de expedientes aprobados por el Inaga. Y, entre otras cuestiones, denuncia la "falta de planificación" existente en la comunidad autónoma respecto de esta materia.

Así, recalca la "ausencia de zonificación y la falta de directrices claras por parte de la Dirección General de Energía y Minas". Además, en el periodo analizado, entre 2019 y 2023, recuerda que "el Plan Energético de Aragón 2013-2020 finalizó su vigencia sin que se hubiera procedido a su prórroga o sustitución por uno nuevo".

Por otra parte, el ente fiscalizador recopila que en varios informes "preceptivos y no vinculantes del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (entonces en manos de CHA) mostró explícitamente su preocupación sobre centenares de proyectos de instalación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas", dada la "falta de planificación territorial, ambiental y sectorial, que dificulta la completa valoración de los efectos acumulativos de infraestructuras en la zona de implantación". De hecho, indican desde el ente fiscalizador, estas observaciones se recogieron en, "al menos, 12 acuerdos adoptados entre los ejercicios 2021-2023".

Asimismo, la Cámara de Cuentas destaca la "insuficiente dotación de medios materiales y humanos del Inaga", como uno de esos factores que explican el elevado grado de aprobación de los expedientes, y que derivó en contrataciones con Sarga y con empresas externas, y con cambios en el organigrama de la propia entidad "sin una cobertura jurídica adecuada".

Por otra parte, señala cuestiones como un marco regulatorio nacional e internacional "proclive a la implantación de las energías renovables" en el marco de la invasión rusa de Ucrania y la necesidad de reducir la dependencia energética de Rusia, y una "normativa flexible en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medioambiente".

También la mayor concienciación social por el uso de energías verdes y la disponibilidad en Aragón de un territorio rico en este tipo de recursos naturales (viento y sol) fomentaron este crecimiento de los proyectos de renovables.

El informe de la Cámara de Cuentas señala, por otra parte, la distribución por provincias y comarcas de estos expedientes de renovables en Aragón. Así, casi el 60% del total se encuentran en la provincia de Zaragoza, seguida por Teruel (27%) y el 10% en la provincia de Huesca. Por comarcas, la comarca Central de Zaragoza y la del Bajo Martín (Teruel) destacan como principales zonas de implantación de instalaciones de energías renovables, concentrando el 17% y el 13,8% del total de potencia proyectada en el periodo 2019-2023.

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