Aragón tendrá hasta 25.000 temporeros para la campaña de recogida de la fruta: la contratación irregular puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros

Aragón tendrá entre 20.000 y 25.000 temporeros hasta octubre con motivo del inicio de la campaña agrícola y recogida de la fruta. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores, ya que en el caso de que se contraten de forma irregular puede acarrear sanciones de entre 10.000 y 225.000 euros por trabajador. Antes del inicio de una jornada sobre documentación y extranjería organizada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, Beltrán ha incidido en la importancia de que los empresarios conozcan las condiciones de contratación, tanto en origen como en destino.

Uno de los asuntos que se abordan en la jornada es la prevención de la trata de personas y a este respecto ha recordado que en Aragón se han producido intervenciones policiales vinculadas a abusos laborales y a situaciones “cercanas a la esclavitud” para maximizar el rendimiento económico de algunas empresas. Un trabajo en el que, como ha informado, colaboran la Unidad de Extranjería de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

También ha defendido que la Ley de Extranjería y su reglamento se están actualizando “progresivamente” para facilitar la integración de las personas migrantes en el mercado laboral, reducir plazos y simplificar procedimientos administrativos. La población migrante representa ya entre el 14% y el 15% de los trabajadores activos en Aragón. “Es importante también desmentir los bulos que están circulando”, ha dicho, antes de rechazar cualquier relación entre la regularización de personas migrantes y el terrorismo, una afirmación que ha calificado de “completamente falsa”.

Ha precisado que ese proceso comenzará “en las próximas semanas” y que se dirige a personas que ya están en España, trabajando o residiendo, y puedan acreditar su presencia previa. En el caso de solicitantes de protección internacional, ha añadido que se tendrá en cuenta a quienes la solicitaron antes del 31 de diciembre del año pasado porque el objetivo, ha dicho, es "regularizar a personas que ya forman parte de nuestro tejido social y laboral”.

Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García, ha señalado que la regularización “supone una oportunidad, no un problema” y ha considerado que, al coincidir con la campaña agrícola, permitirá a los empresarios recurrir a trabajadores “documentados o en proceso de documentación”.

García ha indicado que en torno al 90% de los incumplimientos detectados en las inspecciones están relacionados con personas sin autorización para trabajar. En el último año, ha informado, se han identificado unas 900 personas en esta situación, con más de 9 millones de euros en sanciones. “No compensa contratar a personas en situación irregular”, ha advertido, al recordar que las consecuencias económicas y legales son “muy graves” y que, además, cualquier accidente o prestación no cubierta recae directamente sobre el empleador.

Ha añadido que estas situaciones suelen ir acompañadas de otros incumplimientos, como impago de salarios o malas condiciones de alojamiento, y ha remarcado que todos los trabajadores, con independencia de su situación administrativa, tienen derecho a salario y a protección en materia de seguridad y salud.