Aragón exige al ministerio salvar la transición justa de Andorra: "Es un recorte inaceptable"

El Gobierno de Aragón eleva el tono frente al drástico recorte que ha sufrido el macroproyecto renovable de Endesa en Andorra en su tramitación ambiental. El Ejecutivo autonómico ha advertido este miércoles de que la transición justa prometida por el Gobierno de España a esta zona de Teruel “cuelga de un hilo”.y le ha exigido por ello el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio tras el cierre de la central térmica de carbón hace ya casi seis años.

Así lo ha expresado la DGA en un acuerdo aprobado en su Consejo de Gobierno, en el que expresa su “preocupación por la incertidumbre actual” que vive este territorio. La reacción llega después de que Endesa haya reducido a 406 megavatios su proyecto energético vinculado al nudo Mudéjar, apenas una quinta parte -el 22%- de los 1.844 MW inicialmente previstos, un recorte derivado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa, que tumba buena parte de las plantas renovables planificadas y establece hasta un centenar de condicionantes.

La nueva configuración del proyecto ha encendido las alarmas sobre el futuro de la zona, ya que la eléctrica española -perteneciente al grupo italiano Enel- ha anunciado que aplicará un ajuste equivalente al plan socioeconómico con el que se adjudicó hace tres años los 1.200 megavatios del nudo Mudéjar. La vicepresidenta en funciones y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha sido especialmente contundente al calificar el ajuste de “inasumible” y “un grave perjuicio” para Teruel y el conjunto de Aragón.

“Un recorte inaceptable”

Vaquero ha denunciado que el proyecto, llamado a ser el motor de la reindustrialización tras el cierre del carbón, ha sufrido un recorte del entorno del 80% que compromete su viabilidad y frustra las expectativas generadas durante años. A su juicio, la situación es consecuencia de “errores, ineficacia y falta de planificación” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, un fracaso del que ha responsabilizado tanto a la actual titular de la cartera, Sara Aagesen, como a su predecesora, Teresa Ribera, actual comisaria europea de Competencia.

“Se prometieron inversiones, empleo y oportunidades para estos municipios y ahora vemos cómo todo queda en el aire”, ha señalado la portavoz, quien ha criticado además que el Gobierno central no haya contactado con el Ejecutivo aragonés para explicar lo ocurrido. “Nadie ha asumido responsabilidades por los errores que han generado estas expectativas”, ha añadido.

Exigencia de compensaciones

Ante este escenario, el Gobierno de Aragón reclama medidas urgentes para evitar que el recorte se traduzca en un vacío económico en la comarca. Entre ellas, plantea que la capacidad de evacuación que Endesa no prevé utilizar —unos 800 megavatios— se reasigne “de forma prioritaria y urgente” a nuevos proyectos industriales, energéticos o tecnológicos capaces de dinamizar el territorio.

El Ejecutivo autonómico también ha solicitado una reunión con el ministerio para conocer el alcance real del proyecto y explorar vías de compensación. “Todavía hay margen para actuar”, ha defendido Vaquero, quien insiste en que el Gobierno de España debe garantizar “de manera íntegra y verificable” los compromisos adquiridos en el proceso de transición justa.

Un proyecto estratégico en entredicho

El nudo Mudéjar estaba considerado una pieza clave para el futuro de Teruel tras el cierre de la térmica de Andorra, que supuso la pérdida de cientos de empleos y una fuerte caída de la actividad económica. El plan de Endesa incluía más de 1.500 millones de inversión y la creación de 500 empleos estables, además de un conjunto de iniciativas industriales y sociales.

La reducción del proyecto energético amenaza con arrastrar también ese plan de acompañamiento. El propio Gobierno de Aragón advierte de que el impacto del recorte se extenderá a la inversión, el empleo, la vertebración territorial y la fijación de población en una provincia especialmente castigada por la despoblación.

El Ejecutivo autonómico no oculta su malestar con la gestión del proceso. Critica el retraso acumulado —seis años desde el cierre de la térmica y tres desde la adjudicación del nudo Mudéjar y la firma del convenio de transición justa de la zona— y considera que la situación actual evidencia un fallo estructural en la planificación del ministerio.

Aun así, subraya que su posición no cuestiona los criterios ambientales, sino la gestión del proyecto. “Defendemos el desarrollo sostenible, pero también la planificación. Aquí algo ha fallado”, sostienen desde el Gobierno aragonés.

Mientras tanto, la incertidumbre se instala en la comarca. La posibilidad de que otros promotores puedan ocupar la capacidad no utilizada está sobre la mesa, aunque por ahora no hay movimientos concretos.

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