La Diputación de Teruel exige la paralización cautelar del Clúster del Maestrazgo

La Diputación Provincial de Teruel, a propuesta de Teruel Existe, exige “la paralización cautelar de aquellos proyectos energéticos que pudieran estar afectados por las investigaciones en curso hasta que se esclarezca completamente los hechos y se garantice plenamente la legalidad de los procedimientos seguidos”. Lo ha votado este miércoles en el pleno ordinario de la diputación provincial. La moción ha contado con el apoyo del PSOE y la abstención del PP y del PAR, por lo que ha podido salir adelante.

La moción también contempla la solicitud de responsabilidades por las posibles irregularidades en la tramitación del Clúster del Maestrazgo y una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón, una propuesta que ha sido lanzada en las últimas semanas por casi todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico. Por último, la moción incluía “que aquellos responsables públicos que se encuentren investigados dimitan o sean cesados de manera inmediata, como garantía mínima de respeto institucional”.

Beatriz Redón, portavoz de Teruel Existe en la DPT, alegaba: “Aquí mismo, en este pleno, el señor Samper (PAR) y otros diputados nos decían que no entendían el planteamiento de Teruel Existe cuando decíamos que ‘renovables sí, pero NO así’. Estamos seguros de que ahora, con las informaciones que vamos conociendo por la investigación de la Guardia Civil y el juzgado, ya lo tienen más claro, pero de todos modos lo aclaramos: Renovables si, pero con ordenación, no al libre albedrío; sin irregularidades en las tramitaciones, sin presiones a trabajadoras y trabajadores públicos o sin amenazas a vecinos y alcaldes". Redón ha insistido en que su formación apoya las energías renovables, pero ha reclamado "participación, transparencia, información y ordenació previa" y ha avanzado que "el beneficio" de la transición energética tiene que ser "para los vecinos y vecinas de los pueblos y no para que las instituciones lleven de la mano a las grandes empresas privadas".

La diputada turolense ha indicado que “Si la Guardia Civil tiene sospechas fundadas de declaraciones de impacto ambiental irregulares, párense los proyectos, porque además después no habrá vuelta atrás para el territorio”. Ante la abstención de PP y PAR, Redón ha incidido: “mientras la justicia sigue trabajando con la valentía con la que ha empezado, creemos que los políticos deben ser contundentes, cuando se atisba una posible trama de corrupción que veremos hasta dónde llega”.

La Diputación de Castellón quiere revisar vinculaciones con Forestalia

La Diputación de Castellón ha instado, en el pleno de marzo celebrado este martes, al Gobierno de España y la Generalitat valenciana a revisar todos los expedientes administrativos relacionados con proyectos investigados a raíz del caso Forestalia, que analiza una presunta prevaricación ambiental y administrativa por parte de la firma que impulsó inicialmente el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo, cuya línea de muy alta tensión afecta a municipios de la provincia.

Así se ha acordado en una moción, presentada inicialmente por Compromís, pero que ha sido enmendada por el PP y que ha contado también con el apoyo del PSPV-PSOE. Solo el diputado de Vox, Luciano Ferrer, se ha abstenido. La institución también pide al resto de administraciones que aporten la documentación necesaria para adoptar, si toca, las medidas cautelares oportunas.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha defendido que su posición sigue siempre las mismas líneas, entre las que se encuentra "ir siempre de la mano de los ayuntamientos" ante el desarrollo de este tipo de proyectos de renovables. Mientras, el socialista Rhamsés Ripollés ha reafirmado "nuestra oposición al proyecto y la línea de alta tensión", pidiendo además que la Diputación aporte los informes realizados sobre el proyecto.

Desde Compromís, su portavoz, David Guardiola, ha criticado que “la enmienda del PP supone una renuncia importante a actuar con contundencia ante unos hechos muy graves”, pues la propuesta original urgía la paralización cautelar de los proyectos vinculados a Forestalia. Por último, Luciano Ferrer, de Vox, ha cargado contra las "presuntas irregularidades, corrupción y daños ambientales".