El cierre de la residencia Hogar 65 de Pinseque llegará a los tribunales: "La empresa ha mostrado mala fe"

El cierre de la residencia privada Hogar 65 de Pinseque acabará en los tribunales. El sindicato CCOO, que ejerce la representación sindical en el centro de atención a personas mayores propiedad de la Fundación San Jorge, presentará una demanda por conflicto colectivo después de que el proceso de negociación del ere de extinción de empleo de la veintena de profesionales que trabajaba en el centro acabara el pasado viernes sin alcanzar ningún acuerdo.

Este martes se hará efectivo el cierre de la residencia, cumpliéndose así lo previsto por la empresa, y tras haber reubicado a todos los ancianos que residían en el centro en otras residencias, principalmente en el entorno de Pinseque y Casetas, y también en otros puntos de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), trasladó un listado de las residencias con plazas disponibles que ha servido de guía para la reubicación de todos los usuarios.

La clausura del establecimiento llega semanas después de las denuncias de varias trabajadoras por una presunta agresión sexual de un interno a una interna en las instalaciones, y por las deficiencias en la atención sociosanitaria, la falta de higiene y de comida que afectaban a los internos. Con el cierre del establecimiento, el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón culminará también el expediente sancionador que mantenía abierto por las "deficiencias materiales y en el funcionamiento del centro" que se habían detectado en inspecciones previas.

Según confirma ahora Delia Lizana, secretaria general de CCOO Aragón de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, el sindicato presentará una demanda por conflicto colectivo y recurrirá así a la vía judicial después de que las negociaciones por el expediente de extinción de empleo para una veintena de trabajadoras acabara sin acuerdo el pasado viernes, cuando expiraba el plazo de negociación.

"Creemos que la empresa podía haber hecho frente al pago de las nóminas de febrero y marzo y haber mejorado las instalaciones para mantener el empleo y el servicio. Desde el año 2016-2017 se les han estado requiriendo modificaciones que no han asumido", ha apuntado Lizana, que ha recordado que la residencia privada se concibió en un inicio como un centro para personas "válidas", pero que con el tiempo "sus usuarios se han ido haciendo mayores y ahora ya no era esa la situación de la residencia, ni de sus residentes". Entre 2020 y 2023, explica, que no recibieron ninguna inspección, y critican que desde hace diez años arrastran deficiencias que tenían que haber subsanado.

Desde CCOO denuncian la "desidia" de la empresa y consideran que "se deberían haber abonado las nóminas de febrero y marzo, y tenían que haber hecho frente a las indeminizaciones por despido de los trabajadores". Fuentes de la empresa, Fundación San Jorge, tan solo confirmaron el cierre del establecimiento en conversación telefónica con este diario. Declinaron hacer ninguna valoración más al respecto de la situación en la residencia ni del conflicto laboral abierto con sus trabajadores, algunos de ellos, de baja.

Solvencia para pagar las nóminas

Lizana ha asegurado que la empresa "no tenía voluntad de llegar a ningún acuerdo, ya que solo querían recurrir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial)", el organismo público que garantiza los abonos de nóminas pendientes a los trabajadores ante la insolvencia de las empresas.

Para la organización sindical, esta no es la situación de la Fundación San Jorge. Insisten en que la empresa "tiene solvencia para pagar las nóminas y las indemnizaciones, pero no han querido". "Estamos en desacuerdo total con las causas que esgrime la empresa para el cierre, hemos pedido sus datos económicos, y vemos que no hay buena fe al no querer abonar los salarios pendientes", recalca la responsable de Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón. Dentro de los trabajadores de la empresa se encuentran algunas profesionales que acumulan años de antigüedad, varias que están de baja y algunas que tienen contratos más recientes.

Ahora, el sindicato esperará a los plazos legales y presentará esta demanda por conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social una vez que se haga oficial el cierre de la residencia.

Mientras tanto, según ha podido saber este periódico, parte de los trabajadores de la residencia Hogar 65 han sido contactados para trabajar en otros centros, pero desde la propiedad de Fundación San Jorge no se ha facilitado su recolocación en otras residencias de la empresa, ya que no disponía de más centros de trabajo en Aragón.

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