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La situación de la eutanasia en Aragón tras el caso de Noelia: 35 personas la han recibido desde 2021

La comunidad ha registrado 101 solicitudes desde la entrada en vigor de la ley y hasta 2025. A las ya concedidas se suma otra petición que está pendiente de realizarse

En Aragón se han realizado 35 eutanasias y se han recibido 101 solicitudes desde 2021

El Periódico

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Zaragoza

La ley de la eutanasia ha vuelto al debate público. Lo ha hecho a raíz del caso de Noelia Castillo, una joven parapléjica de 25 años que, tras una intensa batalla con su padre y varios procesos judiciales, la recibió el jueves pasado (26 de marzo), casi dos años después de que la solicitara. En los días previos, miles de voces se alzaron para rechazar esta norma, que desde que entrara en vigor en 2021 y hasta 2025 ha legalizado la ayuda médica para morir a 35 pacientes en Aragón. Una más permanece pendiente de realización.

Según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, se han registrado 101 solicitudes de eutanasia desde 2021 y hasta 2025 en la comunidad. De este total, 99 expedientes están ya cerrados: 35 personas la han recibido, una más está pendiente de realizarse y otras 65 no han llegado a llevarse a cabo.

Fuentes de la consejería explican que las solicitudes de eutanasia que finalmente no culminan son, en la mayoría de casos, porque no cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Entre ellos figura ser mayor de edad y capaz y consciente en el momento en el que se realiza la solicitud; tener la nacionalidad o la residencia legal en España o un certificado que acredite una permanencia en el territorio español de más de doce meses; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que esté certificado por un médico; haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito u otro medio que deje constancia separadas por al menos quince días naturales; y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación.

Otra parte de peticiones que se no ejecutan se debe a que el solicitante opta por renunciar en alguna de las fases. Según detallan desde el departamento, un tercio del total de las solicitudes corresponde a informes desfavorables o renuncias, lo que supondría en torno a una treintena del total de peticiones que se han registrado (101).

El resto de solicitudes que no llegan a realizarse se deben a fallecimientos derivados de la propia enfermedad durante la tramitación, que según indican desde Sanidad representan otro tercio, lo que sería otras 30 del total. Desde la consejería señalan que este reparto -un tercio corresponde a informes desfavorables o renuncias, otro a muertes durante la tramitación y, uno último, a las realizadas- se da también en otras comunidades además de Aragón.

Los datos recogen casos como el de Noelia, con la diferencia de que este último saltó a los focos tras la entrevista de la joven en el programa de televisión Y ahora sonsoles y reavivó el debate público sobre la eutanasia. Fundaciones católicas, partidos de ultraderecha y usuarios de redes sociales se sirvieron del mismo para mostrar su rechazo a la ley de la eutanasia, criticar que el Estado no supo cuidar de la joven y hablar de una solución "suicida" e incluso de "asesinato".

Un proceso "garantista"

Pero, según se desprende de los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad y sostienen desde el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés, "la tramitación de una solicitud de eutanasia es muy garantista" y, por tanto, conlleva unos tiempos.

Según detallan desde la consejería, el paciente debe presentar una solicitud por escrito, fechada y firmada, ante su médico responsable. A raíz de este documento se activa un proceso por el que el profesional debe deliberar y tramitar la información que se le requiere. Quince días después de la primera petición, la persona debe presentar una segunda solicitud que confirme su voluntad de recibir la eutanasia. Tras ella, se retoma el proceso deliberativo para resolver posibles dudas. El plazo es de cinco días.

Tras haber realizado las dos peticiones, un segundo médico consultor independiente revisa el caso del paciente, la historia clínica y las peticiones. A raíz de este estudio, emite un informe favorable o desfavorable y esta valoración se incorpora al expediente. Además de esta segunda vista, la comisión autonómica revisa todo el procedimiento y emite una resolución final. Si lo considera necesario, puede solicitar una entrevista con la persona solicitante o información adicional.

Desde el Departamento de Sanidad matizan que puede ser que el informe final sea desfavorable pero el paciente recurra el caso, ya que la ley permite hacerlo. En este caso, vuelve a ser valorado. Recuerdan también que el solicitante puede revocar su consentimiento en cualquier momento.

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